La discusión sobre cómo relanzar la industria argentina suele dejar afuera a un actor con historia, arraigo territorial y capacidad probada: el cooperativismo. Entre el legado de las cajas de crédito, las cooperativas de obras y servicios públicos que sostienen a buena parte del interior bonaerense, las cooperativas de productores, las de trabajo o aquellas que sostienen proyectos de fábricas recuperadas, el sector conserva una estructura vigente que la falta de políticas de fomento debilitó, pero no liquidó.
Por Antonio Muñiz
Sunchales no necesitó, durante buena parte del siglo XX, otro nombre de fantasía que el de su propia cooperativa. En 1938, un grupo de productores tamberos del centro-norte santafesino decidió no seguir a merced del acopiador de turno y fundó una entidad para industrializar la leche que producían. Con los años esa cooperativa se convirtió en una de las marcas más reconocidas del país, con plantas en varias provincias, presencia exportadora y un peso económico que excedía largamente su balance: sostenía pueblos enteros, movilizaba proveedores, financiaba escuelas y clubes. Hoy, esa misma cooperativa atraviesa un proceso de venta de activos por unidades de negocio, con plantas y marcas que pasan a manos de capitales privados. La distancia entre esas dos fotografías —la fundacional y la del desguace— es la que atraviesa, sin que casi nadie lo diga en voz alta, cualquier discusión seria sobre el futuro del cooperativismo argentino.
Porque el cooperativismo, en la Argentina, no es una curiosidad institucional ni una reliquia del siglo pasado. Fue durante décadas una herramienta central para movilizar ahorro, financiar pymes, prestar servicios públicos donde el Estado no llegaba y organizar la producción en cientos de localidades. Ese entramado se fue debilitando con la concentración financiera, la pérdida de capacidades industriales y la fragmentación de un sector que nunca terminó de integrarse en escala. El país conserva, sin embargo, una experiencia y una estructura institucional cooperativa que todavía podrían reconstruirse sobre bases nuevas. La pregunta no es si volver al pasado —eso no está en discusión— sino si el cooperativismo puede convertirse en uno de los instrumentos de una nueva etapa de industrialización.
Del asistencialismo a la empresa
El primer cambio que exige esa discusión es conceptual. Buena parte de la política cooperativa de las últimas décadas quedó asociada a la emergencia laboral: cooperativas creadas para canalizar planes sociales, para administrar obra pública menor, para sostener el empleo cuando una empresa privada cerraba. Esa función tuvo sentido en su momento, pero terminó fijando una imagen empobrecida del cooperativismo, más cercana a la asistencia que a la producción.
Una cooperativa, para competir, tiene que ser antes que nada una empresa. Debe vender, exportar, invertir, incorporar tecnología, capacitar a sus trabajadores y generar excedentes que se reinviertan. Construir cooperativas fuertes, capitalizadas y profesionalizadas —capaces de disputar mercado tanto puertas adentro como en el comercio exterior— exige otro tipo de política pública, mucho más parecida al fomento industrial que a la contención social.
La experiencia del País Vasco ofrece, en ese sentido, una referencia obligada. La corporación Mondragón demuestra que la propiedad cooperativa no está reñida con la rentabilidad ni con la competitividad internacional: hoy agrupa decenas de cooperativas industriales, financieras y de conocimiento, integradas en un mismo ecosistema. Pero copiar Mondragón como modelo cerrado sería un error. Su verdadera enseñanza no es la estructura vasca en sí, sino el principio que la sostiene: empresa, trabajadores, financiamiento, formación, innovación y territorio funcionando de manera articulada, no como piezas sueltas.
Lo que enseña SanCor
La experiencia argentina, sin embargo, aporta una enseñanza distinta, menos celebrada y quizás más urgente: una cooperativa también puede fracasar. El caso SanCor obliga a incorporar esa dimensión a cualquier debate sobre el sector.
La crisis de la cooperativa láctea no tiene una sola causa. Atravesó sucesivas crisis macroeconómicas, ciclos inflacionarios, cambios abruptos en los precios relativos y restricciones de crédito que golpearon a toda la cadena láctea, una actividad de por sí vulnerable a los costos de alimentación, energía y combustibles. Pero reducir el deterioro de SanCor al contexto sería insuficiente. La cooperativa también acumuló problemas de competitividad, decisiones empresariales cuestionadas y dificultades para adaptar su estructura a un mercado que cambiaba más rápido que su capacidad de respuesta. El endeudamiento terminó volviéndose estructural, y a esas dificultades se sumaron denuncias sobre determinadas decisiones de gestión, que corresponde diferenciar con cuidado entre lo denunciado, lo investigado y lo judicialmente comprobado.
La cuestión de fondo excede la responsabilidad individual de una conducción. Una cooperativa de la escala que alcanzó SanCor necesita mecanismos de gobierno, auditoría y control interno a la altura de su complejidad. Cuando esos mecanismos fallan, la propiedad colectiva por sí sola no garantiza ni eficiencia en la gestión ni protección del patrimonio.
Ahí aparece, además, una distinción que la política pública suele pasar por alto, no es lo mismo reestructurar una empresa en crisis que desarmarla. En el primer caso se intenta preservar la capacidad industrial y reconstruir la viabilidad del negocio. En el segundo, la crisis financiera termina destruyendo activos, empleo, mercados y conocimiento acumulado durante generaciones. El Estado no debería intervenir recién cuando una cooperativa industrial está al borde del colapso, sino contar con mecanismos de alerta temprana capaces de detectar endeudamiento, pérdida de patrimonio o caída de productividad antes de que el proceso se vuelva irreversible.
Conviene decirlo con claridad: la larga tradición cooperativa argentina no se agota en el fracaso de SanCor. El país conserva una estructura cooperativa vigente y de peso en buena parte del territorio, empezando por las cooperativas de obras y servicios públicos que sostienen agua, electricidad, gas y otros servicios esenciales en decenas de localidades del interior bonaerense y de otras provincias, muchas veces allí donde ni el Estado ni la empresa privada llegan con la misma eficacia. La falta de políticas claras de fomento y de crecimiento del sector en las últimas décadas golpeó al movimiento cooperativo, que perdió peso relativo en el financiamiento, en la industria y en la discusión pública. Pero sigue vigente, con capacidad instalada, arraigo territorial y legitimidad social suficientes como para convertirse en una de las patas sobre las que se sostenga un plan de desarrollo nacional.
“Una cooperativa también puede fracasar. El caso SanCor lo demuestra: la propiedad colectiva, por sí sola, no garantiza eficiencia en la gestión ni protección del patrimonio construido por generaciones.”
Gestionar no es solo votar
Una empresa cooperativa no deja de ser una empresa por el hecho de ser democrática. Necesita dirección profesional, información contable confiable, controles internos y auditorías independientes, además de una administración capaz de decidir en mercados competitivos. La democracia cooperativa, a su vez, no puede reducirse a la elección periódica de autoridades: los asociados necesitan capacidad efectiva para conocer la situación económica de su entidad, controlar al órgano de administración y detectar los problemas antes de que se conviertan en crisis terminales.
SanCor demuestra que participación democrática y gestión profesional no son alternativas entre las que hay que elegir, sino condiciones que tienen que funcionar juntas. La conducción política de una cooperativa representa los intereses de sus asociados; la administración profesional tiene que conducir la empresa con criterios de productividad y sostenibilidad. Confundir ambas funciones puede ser tan perjudicial como separarlas por completo.
Siete instrumentos para un programa
Sobre esa base, una política de Estado para el sector podría estructurarse alrededor de siete instrumentos concretos, pensados para funcionar como sistema y no como programas aislados.
- Banca Cooperativa Federal. Recuperar una red de cajas de crédito locales, integradas digital y financieramente, que recupere la lógica histórica de las cajas de crédito argentinas: captar el ahorro de una comunidad para financiar a esa misma comunidad.
- Fondo Cooperativo de Desarrollo Industrial. Capital de largo plazo para inversión y expansión, orientado a máquinas, ampliación de plantas, tecnología e infraestructura, no a sostener cooperativas sin viabilidad.
- Red Nacional de Innovación Cooperativa. Articulación entre universidades, CONICET, INTI, INTA, centros tecnológicos y empresas cooperativas, para que la actualización tecnológica no sea privilegio exclusivo de la gran empresa privada.
- Programa de Parques Industriales Cooperativos. Ecosistemas territoriales donde convivan producción, tecnología, capacitación, financiamiento, logística y comercio exterior, no simples loteos con galpones.
- Sistema Nacional de Formación Cooperativa. Capacitación en administración, finanzas, comercio exterior, gobierno corporativo y control interno, además de los valores cooperativos tradicionales.
- Programa Cooperativo Exportador. Certificaciones, financiamiento, inteligencia comercial y consorcios de exportación para que las pequeñas cooperativas alcancen escala internacional sin perder autonomía.
- Sistema de Integración y Control Cooperativo. Compras, ventas, logística y servicios compartidos entre cooperativas de segundo y tercer grado, junto con mecanismos modernos de auditoría y fiscalización.
La banca que falta
De los siete instrumentos, el financiero es el que sostiene a los demás. Sin crédito propio, cualquier programa de industrialización cooperativa queda atado a la disponibilidad de fondeo externo, un condicionamiento que la economía argentina conoce de sobra. Una red federal de cajas de crédito, integrada con una entidad financiera cooperativa de segundo grado, permitiría armar un circuito relativamente sencillo: ahorro local, crédito productivo, inversión, empleo, nuevos ingresos y nuevo ahorro. La banca cooperativa no debería competir únicamente por depósitos y consumo, sino especializarse en financiar desarrollo: cooperativas, pymes, emprendimientos industriales y proyectos de infraestructura productiva.
Pero el crédito sin evaluación económica ni control solo posterga la crisis. Financiar una cooperativa sin resolver sus problemas estructurales de gestión es, en el mejor de los casos, ganar tiempo. El objetivo tiene que ser aumentar capacidad productiva, mejorar productividad y abrir mercados nuevos, no perpetuar organizaciones que ya perdieron viabilidad.
Dos espejos
Mondragón y SanCor no son casos antagónicos: son las dos caras de la misma discusión. Mondragón muestra que el cooperativismo puede construir empresas competitivas, tecnológicamente avanzadas y con proyección internacional cuando existe una estructura integrada de financiamiento, formación, innovación y gestión. SanCor muestra que una gran tradición cooperativa, una fuerte implantación territorial y décadas de éxito empresarial no garantizan, por sí solas, la supervivencia de una organización. La diferencia entre ambas no está en la forma jurídica —las dos son cooperativas— sino en la capacidad de capitalizarse, gestionar, innovar, controlarse e integrarse con otras entidades del sector.
Por eso la Argentina no debería copiar mecánicamente el modelo vasco ni limitarse a lamentar la caída de un emblema santafesino. Debería estudiar ambas experiencias con la misma atención: una muestra lo que es posible construir; la otra, lo que se puede perder cuando la propiedad colectiva no viene acompañada de control, profesionalización y financiamiento de largo plazo.
Argentina tiene tradición cooperativa, trabajadores calificados, universidades, centros tecnológicos, industria, parques industriales, ahorro nacional y capacidad exportadora. Lo que falta es articular esos recursos dentro de una estrategia nacional de desarrollo, en la que el cooperativismo funcione no como refugio frente a la crisis, sino como una forma moderna de organizar producción, capital y trabajo. La discusión sobre quién administra el Estado seguirá ocupando el centro de la escena política. Pero la que define el futuro productivo del país es otra: ¿quién produce, quién invierte, quién innova y quién participa de la riqueza que genera la empresa?
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
