El bloque peronista avaló casi setenta pliegos judiciales impulsados por Mahiques y Karina Milei, la misma arquitectura que meses atrás denunciaba como colonización de la Justicia. «No queremos seguir peleándonos con los jueces», resumió Mayans en el recinto. Puertas adentro, la orden tuvo otro nombre: Cristina Kirchner.
El jueves 27 de agosto el Senado convirtió en acuerdo definitivo 67 pliegos judiciales enviados por el Ministerio de Justicia. Entre ellos estaban Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, los dos nombres que completan la Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que en los próximos años va a resolver buena parte de las causas por corrupción que involucran al Gobierno, entre ellas ANDIS y Libra. La votación se dividió en dos tramos: 66 nombramientos aprobados por unanimidad y, después, el pliego de Bertuzzi, separado a pedido del interbloque peronista, que igual obtuvo 44 votos a favor contra 23 en contra.
El dato que ordena la lectura política no es el rechazo puntual a Bertuzzi, sino el resto de la lista. El kirchnerismo, que construyó buena parte de su identidad reciente sobre la denuncia del lawfare, convalidó sin objeciones una nómina armada por Juan Bautista Mahiques en consulta directa con Karina Milei, la misma operación que meses atrás ya había sido cuestionada por incorporar apellidos de la llamada «familia judicial» y por eliminar, vía decreto, los mecanismos de participación ciudadana e impugnación vigentes desde 2003.
«No vamos a entorpecer la carrera de estas personas»
José Mayans, jefe del interbloque, fue el único orador de peso en el debate. Defendió el respaldo con un argumento de procedimiento: la comisión de Acuerdos había cumplido los pasos reglamentarios, los postulantes habían comparecido a las audiencias, y el bloque les daba «un voto de confianza» para que actuaran conforme a la Constitución. En el cierre de su intervención cargó contra Milei, contra su salud mental y contra el manejo de la causa por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, pero sobre el fondo de la votación no hubo matices. Solo Bertuzzi, por su origen en un traslado por decreto de Mauricio Macri en 2018, mereció el rechazo formal del bloque.
Esa explicación alcanza para justificar un trámite, pero no para explicar el giro respecto de posiciones anteriores. En mayo, otra tanda de pliegos de Mahiques había partido al interbloque en dos: Mayans, Jorge Capitanich, Eduardo «Wado» De Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Alicia Kirchner votaron en contra, mientras los senadores más asociados a gobernadores aliados acompañaban al oficialismo. El jueves, en cambio, el mismo bloque cerró filas casi sin fisuras frente a una arquitectura de designación idéntica a la que meses antes había resistido.
Lo que se dice tras bambalinas
En los pasillos del Senado circula una explicación que no llegó al debate: Cristina Kirchner habría decidido bajar el nivel de confrontación directa con la Justicia federal en un momento en que su propia situación procesal sigue en movimiento, entre la apelación ante organismos internacionales y el escrutinio permanente sobre su condena en la causa Vialidad. Sostener un rechazo sistemático a cada pliego tiene, en ese cálculo, un costo que ya no compensa el rédito simbólico de la denuncia.
La orden de Cristina Kirchner de bajar la conflictividad con la Justicia federal, una decisión que abrió una nueva grieta dentro del propio espacio.
Esta lectura no reemplaza la versión pública de Mayans: la completa. El argumento reglamentario cubre el trámite; la orden política explica por qué el bloque, que meses atrás se había dividido por pliegos comparables, esta vez no lo hizo. La decisión llega además en un momento de erosión visible de la conducción de Cristina Kirchner sobre su propio interbloque.
En enero, la sanción del Presupuesto 2026 ya había mostrado la primera fisura pública, con tres senadores del espacio rompiendo la unidad que la expresidenta venía imponiendo desde el inicio del gobierno de Milei.
Un antecedente de 2024
La tensión entre el discurso antilawfare y la práctica de acompañar designaciones judiciales del oficialismo no nació esta semana. En noviembre de 2024, cuando el bloque avaló el dictamen de Ariel Lijo para la Corte Suprema, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci había quedado expuesta al justificar el apoyo con el argumento de que «los que pueden venir son peores». La pregunta de entonces, cómo se concilia denunciar persecución judicial con avalar a un juez cuestionado por sus propias causas de corrupción, sigue sin respuesta clara dos años después. Lo que cambió es la escala: de un pliego puntual a casi setenta en una sola sesión, calificada por el propio oficialismo como récord histórico de designaciones desde que asumió Milei.
El resultado práctico es un rediseño del fuero federal sin precedentes en dos décadas, con el aval explícito o implícito del peronismo. Más de 300 vacantes heredadas de la gestión anterior, cerca del 30% del total de cargos, se cubren bajo un esquema que el propio Ministerio de Justicia definió tras derogar los mecanismos de impugnación ciudadana y los criterios de diversidad vigentes desde 2003. Karina Milei revisó personalmente las nóminas antes de su envío al Senado. Un relevamiento de La Nación sobre los últimos nombramientos identificó, además, una fuerte presencia de hijos, cónyuges y allegados de magistrados ya instalados en el sistema, junto a nombres negociados uno por uno con gobernadores aliados.
La controversia puertas adentro
El episodio no pasó inadvertido dentro del propio espacio. Legisladores y dirigentes identificados con el discurso de la persecución judicial contra Cristina Kirchner cuestionan en privado haber convalidado en bloque una arquitectura que el propio Gobierno reconoce como herramienta de poder político. La contradicción tiene dos caras: avalar jueces designados bajo el mismo esquema que el kirchnerismo denunció en el pasado como colonización judicial, y hacerlo justo cuando la disputa territorial entre kicillofismo y La Cámpora se libra, en la Legislatura bonaerense, por el control de esos mismos mecanismos de designación a nivel provincial.
Queda planteada, más allá del resultado de esta sesión, una pregunta sobre la coherencia de largo plazo del relato kirchnerista frente al Poder Judicial. Denunciar la guerra judicial como fenómeno de época y, al mismo tiempo, resignar la disputa por cada nombramiento concreto no configura necesariamente una contradicción lógica: puede leerse como pragmatismo frente a una correlación de fuerzas desfavorable. Pero tiene un costo político que el espacio ya empieza a pagar puertas adentro, en momentos en que el liderazgo de Cristina Kirchner dista de ser el de antes.
