El IPC nacional se aceleró tras la baja en junio. Recreación, restaurantes y servicios regulados lideraron la suba, en un mes que el propio Gobierno había anticipado como «estacionalmente alto».
El INDEC confirmó que la inflación de julio fue de 2,1%, dos décimas por encima del 1,9% registrado en junio y el primer repunte mensual después de tres meses consecutivos de desaceleración. El dato interrumpe la racha descendente que el equipo económico exhibía como prueba de la convergencia hacia «inflación internacional» y deja el acumulado del año en 19,3%, con una variación interanual de 33,8%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado el resultado en conferencia de prensa horas antes de la difusión oficial. Atribuyó la aceleración al carácter estacional de julio, por las vacaciones de invierno, y a la duplicación del precio internacional del petróleo en los últimos ocho meses. Sostuvo que la meta de fondo no se modifica: «Mientras mantengamos el rumbo, es un tema de tiempo hasta que nuestra inflación converja a la inflación internacional».
¿Qué empujó el índice?
La composición del dato desarma parte de esa lectura. El rubro de mayor incidencia mensual fue Recreación y Cultura, con una suba de 5% explicada por paquetes turísticos y servicios culturales asociados al receso invernal. Le siguieron Restaurantes y hoteles (2,8%), Salud (2,5%), Comunicación (2,4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%), estos últimos con componente regulado y ajustes tarifarios que no dependen del pulso de la demanda interna.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor peso en la canasta, subió 2%, por debajo del índice general pero muy por encima del poder de compra disponible en los hogares de menores ingresos: el organismo estadístico informó que la canasta que define la línea de indigencia aumentó 2,6% en el mes, más rápido que la inflación general y que los ingresos formales promedio. El IPC núcleo —el que excluye estacionales y regulados y funciona como termómetro de la inercia de fondo— marcó 1,8%, con el alquiler de la vivienda y los servicios culturales como principales impulsores.
La dispersión regional también matiza el discurso de la desaceleración lineal. El Gran Buenos Aires registró la mayor suba del país, con 2,3%, y la Ciudad de Buenos Aires trepó a 2,9%, muy por encima del promedio nacional. En el otro extremo, Cuyo cerró julio con 1,9%, la región más contenida. El contraste expone que buena parte del ajuste «hacia abajo» que exhibe el número nacional convive con núcleos urbanos —justamente los de mayor densidad poblacional y peso electoral— donde el costo de vida sigue corriendo más rápido que el promedio.
Una suba con recesión y salarios pisados
El dato de julio se conoce en un contexto de actividad económica débil y de un poder adquisitivo que no logra recomponerse al ritmo de los precios. Que la inflación acelere en simultáneo con una economía que no crece y con salarios reales estancados desarma la lectura más simple, la que asocia exclusivamente la suba de precios con un exceso de demanda. Acá el empuje viene por otro lado: de una estructura de costos atada a insumos importados, energía y combustibles cuyo valor internacional escapa al control de la política doméstica, y de una batería de tarifas y aranceles regulados que se actualizan por calendario, no por convalidación de mercado. La consecuencia es una economía que enfría el consumo y al mismo tiempo no logra bajar el piso de precios, porque ese piso no lo fija la demanda sino el costo de reponer mercadería y de sostener servicios esenciales.
Ese mecanismo tiene, además, un correlato distributivo directo. Cuando el ajuste de precios llega por el lado de los costos y no de la demanda, quien pierde primero es el que gasta la mayor parte de su ingreso en la canasta básica: los sectores de menores recursos, cuya línea de indigencia subió por encima del índice general, y los asalariados cuyos ingresos se actualizan con rezago respecto de la inflación efectiva. El crecimiento no traccionado, sumado a precios que no ceden, configura un cuadro de estanflación acotada que la comunicación oficial procesa como un contratiempo de un mes puntual, pero que las propias cifras oficiales muestran como una tensión de fondo entre el sendero fiscal-monetario y el costo de reproducción de la vida cotidiana.
Lo que ya está calendarizado para agosto y septiembre
El repunte de julio no agota la presión sobre los próximos meses. El Decreto 693/2026 postergó parcialmente la actualización del impuesto a los combustibles líquidos, aplicando en agosto sólo una fracción de los incrementos pendientes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026: el resto del ajuste, sin excepciones, entra en vigencia recién el 1° de septiembre. A eso se suma un segundo tramo de aumento ya aprobado para los colegios privados bonaerenses en septiembre y una escalada mensual de tarifas de trenes que continuará hasta fin de año. El boleto de transporte acumula en lo que va de 2026 una suba de 68,76% en la Provincia de Buenos Aires y de 43,70% en la Ciudad, muy por encima del 16,8% que la variación de precios había acumulado hasta junio.
En paralelo, el Relevamiento de Expectativas del Banco Central mostró un nuevo deterioro: los consumidores proyectan una inflación de 3,55% para los próximos treinta días y de casi 36% para los próximos doce meses, con el Gran Buenos Aires como la región de expectativas más altas del país. La lectura de conjunto es la de un proceso de desinflación real, pero mucho menos lineal y mucho menos consolidado de lo que el relato oficial necesita instalar a poco más de un año de la próxima cita electoral: cada aumento de agosto y septiembre tiene su justificación técnica particular, pero tomados en conjunto describen un ingreso familiar que debe seguir estirándose para cubrir, mes a mes, actualizaciones que ya están firmadas y esperando su turno en la próxima factura.
