El bloqueo que no termina de cerrarse en Bolivia, las movilizaciones en Perú y Chile, los aranceles que Washington usa como arma electoral en Brasil y el apriete de la embajada norteamericana en Argentina, la violencia en Colombia y politica venezolana intervenida, son postales de un mismo cuadro: gobiernos que se administran con poco margen de maniobra, condicionados desde afuera, y que puertas adentro recurren, cada vez con más frecuencia al mismo recurso, invocar la inseguridad para construir un aparato de fuerza que termina reprimiendo la protesta social.
La fotografía regional que dejó la semana pasada, atentados en Colombia, transición negociada en Caracas bajo supervisión de Washington y peruanos reclutados por Rusia para morir en Ucrania, encuentra esta semana una continuidad que confirma el diagnóstico del epígrafe. Bolivia no logra cerrar un conflicto que ya lleva tres meses, Perú y Chile responden a la protesta social con más politicas represivas, Brasil vota en octubre bajo la presión directa de sanciones comerciales que Washington administra como instrumento electoral, y en Argentina la embajada de Estados Unidos pasó de la presión privada a la exhortación pública para que las empresas del país excluyan a un proveedor chino. Son escenarios distintos pero con una raíz común: Estados cuyo margen fiscal, judicial o comercial depende cada vez más de decisiones ajenas a su propio proceso político. Puertas adentro comparten además otro reflejo, el de ampliar el aparato de seguridad bajo la bandera del crimen organizado y un potencial terrorismo, para que esa misma herramienta queda disponible para la represion de la disidencia interna.
BOLIVIA, LA CRISIS QUE EL GOBIERNO NO LOGRA DESACTIVAR
El conflicto boliviano cumplió tres meses esta semana sin que el gobierno de Rodrigo Paz haya conseguido una salida definitiva. Lo que empezó en mayo como una protesta sectorial contra la mala calidad del combustible derivó, tras la sanción de la Ley 1720 que habilitaba la titulación de pequeñas propiedades agrarias como medianas, en un rechazo generalizado de organizaciones campesinas, indígenas y sindicales que llegó a sumar más de sesenta puntos de bloqueo simultáneos y un pliego de 211 demandas de la Central Obrera Boliviana.
El gobierno derogó la ley cuestionada, declaró el estado de excepción para despejar rutas y recurrió a las Fuerzas Armadas, con el respaldo explícito de la alianza hemisférica que impulsa Washington bajo la administración Trump, integrada también por Argentina, Chile, Ecuador y otros nueve países de la región. Es el mismo patrón que reaparece en el resto del continente: un instrumento jurídico pensado para el orden público termina desplegado sobre un conflicto que nació como reclamo distributivo, no como amenaza criminal. Ese respaldo internacional a la respuesta de fuerza, antes que a una salida negociada, funcionó como salvavidas político para un gobierno que enfrentaba pedidos de renuncia a menos de siete meses de asumir. La tregua declarada por las federaciones cocaleras del Chapare a mediados de junio, tras cincuenta días de conflicto, no cerró la crisis de fondo: la caída de la producción energética y la escasez de dólares que la originó sigue intacta, y con ella la posibilidad de que el ciclo de protesta y represión vuelva a activarse apenas se toque otro subsidio o se anuncie otro ajuste.
PERÚ Y CHILE, EL ORDEN PÚBLICO COMO ÚNICA RESPUESTA
En Perú, el nuevo gobierno de Keiko Fujimori atraviesa su primera gran prueba de calle. Un paro de transportistas por el alza sostenida del combustible paralizó desde el 10 de agosto rutas del sur y el oriente del país, con epicentro en Tacna, Ucayali y Loreto, mientras la Confederación General de Trabajadores del Perú convocaba para el jueves 13 una movilización nacional contra un proyecto de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo pretende usar para flexibilizar la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones, la jornada laboral y la protección frente al despido arbitrario. Es la primera protesta de esa magnitud desde que Keiko Fujimori asumió, apenas meses después de una transición marcada por denuncias de fraude que todavía no terminaron de procesarse en la Justicia electoral.
Esa misma prueba de calle ayuda a leer con más precisión el episodio de los peruanos reclutados por Rusia que la semana pasada aparecía como un dato aislado, casi anecdótico, dentro de la fotografía regional. Los 459 compatriotas enlistados, los 11 muertos y los 114 desaparecidos que reconoce la Cancillería no responden a una motivación ideológica ni a la propaganda de Moscú: responden a la misma falta de horizonte laboral que hoy saca a los transportistas y a los trabajadores a la calle. Se trata, en rigor, de la expresión más extrema de un mismo problema, jóvenes y adultos en edad de trabajar que no encuentran en su propio país una salida laboral genuina y que, ante una oferta de empleo civil con salarios varias veces superiores a los locales, terminan aceptando sin saber que están firmando un enrolamiento militar. La guerra ucraniana no crea esa vulnerabilidad, la encuentra ya instalada en el mercado de trabajo peruano y la convierte en carne de cañón. La movilización de la CGTP expone el mismo fondo desde otro ángulo, un país donde la falta de trabajo formal empuja, a la vez, a marchar contra una reforma laboral y a jugarse la vida en un frente que no es el propio.
En Chile, José Antonio Kast respondió a la crisis de seguridad heredada con una agenda que combina veintiocho proyectos de ley, nueve nuevos y diecinueve en trámite, con una reforma constitucional que crea un quinto estado de excepción pensado para habilitar a las Fuerzas Armadas en barrios donde el crimen organizado tiene control territorial. La lectura oficial ubica el problema en la geografía del narcotráfico regional, Chile como plataforma de salida hacia Asia, Europa y Estados Unidos antes que como productor, y la amenaza que invoca es real y verificable.
Pero la fórmula elegida para la reforma es deliberadamente amplia: reemplaza el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional por el de resguardar la seguridad pública. Ese tipo de ampliación normativa es exactamente lo que en Bolivia, con la ley de tierras que derivó en bloqueos, terminó extendiéndose desde el crimen organizado hacia el control de la conflictividad social cuando la coyuntura lo requirió.
Algo parecido ocurre, con matices, en Ecuador, donde Daniel Noboa lleva firmados 24 decretos de excepción desde que asumió, de los cuales 22 responden a razones de inseguridad, pero cuya acumulación mantuvo al país más del 95 por ciento de su mandato bajo algún régimen excepcional, borrando en la práctica la frontera entre perseguir a una banda criminal y desplegar fuerzas sobre una protesta indígena o campesina. Y reaparece también en Colombia, donde el dispositivo de seguridad montado para la asunción de Abelardo de la Espriella —drones, alertas por explosivos, control territorial reforzado— operó también sobre las movilizaciones sociales y estudiantiles que se manifestaron en Cali, Bogotá y Barranquilla contra la llegada del nuevo gobierno. En los cuatro países la amenaza de fondo —narcotráfico, crimen organizado, terrorismo— es real, pero el instrumento jurídico que se construye para combatirla queda disponible, casi siempre, para un segundo uso que rara vez se declara: ampliar el aparato coercitivo del Estado sobre cualquier forma de conflictividad distributiva.
BRASIL, EL ARANCEL COMO CANDIDATO
El capítulo brasileño es, de los cuatro escenarios de esta semana, el que expone con menos ambigüedad la injerencia directa. Desde el 22 de julio, un arancel del 25 por ciento sobre exportaciones brasileñas a Estados Unidos, con un adicional del 12,5 por ciento que se suma al 50 por ciento ya vigente desde el año anterior, golpea a un país que elige presidente en octubre. El propio gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la medida de hito lamentable en la relación bilateral y la enmarcó como intento de interferencia electoral a favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado por intentar un golpe de Estado en 2022.
La cadena de causalidad es explícita. El arancel original respondió al juicio contra Jair Bolsonaro y a la molestia de Washington con el sistema de pagos brasileño PIX, que erosiona las comisiones de las procesadoras estadounidenses, mientras que Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos con el objetivo declarado de presionar a la Casa Blanca en favor de su padre. La ironía, sin embargo, es que la injerencia parece producir el efecto contrario al buscado: las encuestas ubican a una mayoría de brasileños inclinándose hacia Lula como reacción al arancel, y hasta el propio Flávio Bolsonaro pidió en las últimas semanas que Washington postergara nuevas medidas por temor a que terminen beneficiando a su rival. Que una decisión de política comercial tomada en Washington pueda determinar el resultado de una elección presidencial en el país más grande de la región, en cualquier sentido que termine jugando, es la evidencia más nítida de hasta qué punto la agenda doméstica sudamericana se escribe, cada vez con menos disimulo, desde otro escritorio.
ARGENTINA, EL LOBBY QUE DEJÓ DE ESCONDERSE
El caso argentino agrega un matiz distinto. No es una negociación de alto voltaje como la venezolana ni una presión arancelaria como la brasileña, sino la gestión cotidiana de una embajada que actúa como oficina comercial de sus propias empresas. El embajador Peter Lamelas, que asumió en noviembre pasado con el mandato explícito de la administración Trump de fortalecer los lazos con el gobierno de Javier Milei y facilitar inversiones estadounidenses, escaló esta semana una disputa que hasta entonces se había manejado por canales reservados.
La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén, la mayor distribuidora eléctrica de la Patagonia, recibió una carta del área de asuntos económicos de la embajada exigiéndole que abandonara un acuerdo con la firma china Huawei para su infraestructura de conectividad en Vaca Muerta, bajo la amenaza de revocar las visas de sus directivos. Cuando el episodio se conoció públicamente, Lamelas no lo desmintió: lo llevó a un escenario abierto en el foro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde cuestionó a Huawei por nombre propio, vinculó la tecnología china con riesgos de seguridad nacional y ofreció, en el mismo discurso, evaluar financiamiento estadounidense para una obra de transmisión eléctrica de 800 millones de dólares en el conurbano bonaerense.
La secuencia es elocuente: primero la advertencia privada a una cooperativa que responde a un directorio provincial; después la reivindicación pública de esa misma presión como cuestión de seguridad compartida; y, en el medio, la oferta de reemplazar el financiamiento o la tecnología que se pretende excluir. Un gerente de la propia cooperativa neuquina lo definió con precisión: la apelación a la seguridad nacional funciona como eufemismo de una pretensión más simple, desplazar a un competidor tecnológico ajeno para dejarle el terreno a las empresas norteamericanas.
Puertas adentro, la Argentina exhibe además el caso donde la superposición entre seguridad y control de la protesta ya no es una posibilidad sino un hecho consumado. El protocolo de orden público diseñado por Patricia Bullrich en 2024 no invoca al narcotráfico ni al terrorismo, se aplica de manera directa sobre sindicatos, jubilados y organizaciones sociales que cortan calles como forma de reclamo, y acumula, según los relevamientos de Amnistía Internacional, más de dos mil quinientos heridos por uso desproporcionado de la fuerza desde su implementación. Que la Justicia lo haya anulado en diciembre y la Cámara lo haya revalidado en marzo, en pleno contexto de conflictividad social por el ajuste, confirma, con otro grado de disimulo, la misma lógica que ya asoma en Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia: la palabra orden público sirve tanto para nombrar la amenaza real de un grupo armado como para nombrar, sin necesidad de decirlo, el conflicto distributivo que un gobierno prefiere no tramitar por otra vía.
LA FOTO REGIONAL
Leer la semana latinoamericana de esta manera, más que a través del titular aislado, es lo que permite distinguir la coyuntura latinoamericana: gobiernos que ceden su administracion politica, fiscal, judicial y comercial cada vez más a intereses externos, y que puertas adentro, para sostener esas situaciones de dependencia y enfrentar los conflcitos sociales que esto origina, fortalecen aparatos de seguridad y normativas penales para la represion a toda oposicion.
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DATA POLITICA Y ECONOMICA
