El cruce entre la vicepresidenta y el jefe de Gabinete —»parásito» mediante— expone una fractura de poder que compromete la gobernabilidad legislativa de Milei a poco más de un año de las presidenciales de octubre de 2027.
Cuando Diego Santilli le exigió públicamente a Victoria Villarruel que «diera un paso al costado» tras poner en duda el estado de salud del presidente, activó una secuencia que el propio esquema libertario venía conteniendo desde hacía semanas con un cambio deliberado de tono. La vicepresidenta no retrocedió: contestó calificando al jefe de Gabinete de «parásito», lo acusó de «conspirar contra el orden republicano» y equiparó su gestión con la «casta política» que el propio oficialismo dice combatir. Con eso, el enfrentamiento que hasta ahora se dirimía contra interlocutores de segunda línea —Lilia Lemoine, Agustín Romo— saltó a la primera plana de la disputa por el poder real dentro de La Libertad Avanza.
De la interna de baja intensidad a la crisis institucional
El historial reciente permite leer la escalada como un proceso, no como un hecho puntual. Villarruel viene sosteniendo desde marzo un enfrentamiento sordo con el círculo íntimo de Milei —»quieren mi renuncia, pero no se les va a dar», había respondido ya al diputado Luis Petri— que combinó cuestionamientos por decisiones legislativas con roces personales. La chispa de esta última ronda fue doble: Lemoine sugirió una alianza extraoficial entre la vicepresidenta, Axel Kicillof y Chiqui Tapia, y Villarruel respondió calificando a la diputada de tener «cerebro de microbio». El propio Milei subió la apuesta al republicar el tuit de Lemoine, y Villarruel completó el círculo señalando que el presidente atraviesa «persecuciones imaginarias» que lo llevan a «tuitear estupideces y delirios». Ahí es donde entra Santilli, y ahí es donde el conflicto deja de ser un cruce de tuits para volverse un problema de gestión: la vicepresidenta salió a responderle al jefe de Gabinete después de que este la invitara a renunciar, tratándolo de parásito y acusándolo de conspirar contra el orden de la República.
La gravedad no está en el insulto sino en el terreno que pisa. Villarruel escribió que uno de los exponentes de la casta política a la que se enfrentaron en 2023 pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano, y le reclamó a Santilli que sea democrático y respete el voto popular. Es una vicepresidenta electa —lo remarca ella misma como argumento de autoridad— disputándole legitimidad institucional a un jefe de Gabinete designado, dentro de la misma fuerza que gobierna. Se trata, en el fondo, de una controversia sobre quién manda dentro del propio esquema de poder libertario.
Por qué esto no es folclore: el costado legislativo del conflicto
La dimensión política del cruce se entiende mejor si se la conecta con la agenda parlamentaria que el propio Gobierno necesita destrabar. Santilli y Villarruel tienen un rol clave para avanzar con el proyecto que más preocupa a Milei: la eliminación de las PASO. Santilli viene negociando con los gobernadores el cambio de normativa, pero todavía no logró la mayoría necesaria, y si consigue los votos deberá terminar de instrumentar el acuerdo con Villarruel, que controla la agenda del Senado y mantiene una relación zigzagueante con Patricia Bullrich. Ese dato reordena la lectura del episodio: el jefe de Gabinete necesita, para sancionar la reforma electoral, la cooperación de la misma vicepresidenta a la que acaba de pedirle la renuncia en público.
El escenario numérico ya era hostil antes del cruce. La Libertad Avanza no consigue juntar los votos que necesita para aprobar la reforma electoral que impulsa Milei, lo que aumenta la incertidumbre sobre si el Senado podrá sancionarla en septiembre como pretende la Casa Rosada, en un trámite que exige 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, resistido por el PRO, la UCR y la mayoría de los bloques provinciales. En paralelo, los gobernadores dialoguistas ya avisaron que no acompañarán el proyecto en el contexto actual, mientras la Casa Rosada atraviesa además la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo y las causas judiciales por $Libra y Adorni. Sobre ese terreno, ya erosionado, se monta ahora la pelea Villarruel-Santilli: cada nueva agresión pública reduce el margen de maniobra que el oficialismo necesita para tejer acuerdos finos con gobernadores que, según fuentes legislativas citadas por Perfil, todavía no cerraron ningún compromiso definitivo.
La lectura estructural: una coalición sin colchón de poder
Leído con las categorías con las que este medio sigue la dinámica de la coalición gobernante, el problema es de arquitectura institucional más que de carácter. Milei construyó su fórmula presidencial como una alianza instrumental —Villarruel aportó el capital simbólico de la derecha antikirchnerista más dura y el vínculo con sectores castrenses y eclesiásticos que a Milei le resultaban ajenos— sin haber resuelto, en tres años de gestión, un reparto estable de poder real entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia. Esa fórmula «mixta» que la propia Villarruel reivindica como origen de su legitimidad es hoy la fuente de la fractura: no hay un partido con estructura orgánica que dirima disputas internas por fuera de la escena pública, y el resultado es que cada tensión de poder se libra en Twitter, con costos políticos que paga el conjunto del espacio.
El propio Gobierno parece haber tomado nota del riesgo. La conducción libertaria evita darle centralidad a la disputa para no fortalecer a Villarruel entre los votantes descontentos, mientras Karina Milei sigue de cerca cualquier movimiento que pueda dispersar el voto libertario, en un contexto en el que las últimas encuestas llevaron a la conducción a revisar los riesgos electorales de cara a 2027 y a monitorear una eventual candidatura propia de la vicepresidenta. Ese dato es el que verdaderamente importa: detrás de la disputa Villarruel-Santilli hay un cálculo electoral en curso, más que un simple ruido doméstico. Villarruel no necesita ganarle la interna a Milei puertas adentro; le alcanza con capitalizar el desgaste del oficialismo entre el electorado libertario más duro, posicionándose como la voz «republicana» e «institucionalista» frente a un gobierno que ella misma retrata como errático.
¿Qué puede pasar de acá en más?
Tres consecuencias concretas se derivan de la escalada, y las tres tocan la gobernabilidad antes que el folclore político:
Freno a la reforma electoral. Con la relación Villarruel-Santilli deteriorada en público, la instrumentación de cualquier acuerdo sobre la eliminación de las PASO —que depende de que la vicepresidenta habilite la agenda en el Senado— queda más expuesta al boicot silencioso que a la negociación. Si el oficialismo no logra los votos, la alternativa que ya circula en el propio bloque es apelar de nuevo a la suspensión de las PASO solo para 2027, un parche que no resuelve el problema de fondo y que requiere, otra vez, buena sintonía entre el Ejecutivo y la presidencia del Senado.
Erosión de la marca «orden y eficacia». El eje discursivo con el que Milei y Villarruel llegaron al poder en 2023 fue la promesa de terminar con la «casta» y sus disputas de café. Que la vicepresidenta use exactamente ese vocabulario —»casta política», «conspirar contra la República»— contra un funcionario de su propio espacio erosiona la coherencia narrativa del oficialismo de cara a un electorado que empieza a mostrar fatiga con la confrontación permanente.
Fragmentación del voto libertario de cara a 2027. Cada episodio de este tipo consolida a Villarruel como una referencia autónoma dentro del espacio nacional-liberal, con capacidad de disputarle a Milei una porción del electorado más conservador y menos afín al estilo confrontativo del Ejecutivo. Esto no implica necesariamente una ruptura formal a corto plazo —los costos de una escisión abierta siguen siendo altos para ambas partes— pero sí anticipa un escenario de coalición fragmentada en el que el propio oficialismo deberá administrar dos liderazgos con agendas cada vez más divergentes.
La pregunta que se hacen puertas adentro los propios legisladores libertarios, según reconstruye la prensa especializada, es si la escalada terminará complicando los planes de gobierno. La respuesta, a esta altura, ya no depende de que el conflicto se apague: depende de si el oficialismo logra separar la gestión legislativa de la puja de poder que la atraviesa. Hasta ahora, no lo ha conseguido.
