La narrativa oficial de la Guerra Civil Española (1936-1939) ha tendido, durante décadas, a simplificar el papel de la Iglesia Católica, presentándola como un bloque monolítico alineado de principio a fin con el bando sublevado. Sin embargo, tras los muros de la historia oficial se esconde otra realidad mucho más incómoda: la de una institución fracturada internamente por motivos identitarios, sociales y regionales, donde cientos de sacerdotes defendieron la legalidad republicana y terminaron pagando con la cárcel, el exilio o el paredón.
Por Enrique Mestres
La retaguardia republicana: El estallido del «Terror Rojo»
Para comprender la complejidad y el trauma del conflicto, es un hecho histórico incontestable que la Iglesia Católica sufrió una persecución violenta, masiva e institucional en la retaguardia republicana. Este fenómeno, concentrado con extrema virulencia durante los primeros meses de la guerra (entre julio y diciembre de 1936), se desencadenó tras el colapso del orden público provocado por el golpe de Estado. El vacío de poder en las grandes ciudades dio vía libre a las milicias de los comités obreros —anarquistas, socialistas y comunistas— para desatar una represión implacable contra todo lo que identificaban con las clases dominantes.
Para los sectores revolucionarios, la Iglesia no era una institución neutral, sino el pilar ideológico y moral de la oligarquía, el caciquismo y la opresión de las clases trabajadoras. Esta percepción se vio trágicamente confirmada a ojos de las milicias cuando parte del clero y la jerarquía aplaudieron el levantamiento militar o, en algunos casos locales, permitieron el uso de campanarios como nidos de ametralladoras. La respuesta en la retaguardia republicana fue devastadora y se cobró la vida de alrededor de 6,800 religiosos. Entre las víctimas se contabilizaron 13 obispos, más de 4,100 sacerdotes diocesanos, 2,300 religiosos masculinos y cerca de 300 monjas.
Esta fotografía, tomada por Alfonso Sánchez Portela el 14 de abril de 1931, muestra la proclamación de la Segunda República Española en la Puerta del Sol de Madrid
La persecución no se limitó a las ejecuciones sumarias —que a menudo adoptaban la forma de brutales «paseos» nocturnos—, sino que buscó la extirpación total del hecho religioso del espacio público. Cientos de templos, monasterios y conventos fueron saqueados, profanados y quemados, destruyéndose siglos de patrimonio artístico e histórico sacro. Ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia vieron cómo el culto católico quedaba completamente prohibido en la práctica, obligando a los sacerdotes supervivientes a vivir en la más absoluta clandestinidad, protegidos en pisos francos por familias leales o embajadas extranjeras para poder celebrar misas clandestinas en la intimidad de los hogares.
La justificación de la Cruzada y la Carta Colectiva
Esta violencia extrema en el territorio leal al gobierno republicano empujó a la jerarquía eclesiástica a tomar partido de forma abierta y sin fisuras por el bando del general Franco. Los obispos vieron en los militares sublevados a los salvadores providenciales de la fe cristiana en España.
El hito definitivo de esta alianza político-religiosa llegó el 1 de julio de 1937 con la publicación de la Carta Colectiva de los Obispos Españoles. El documento, impulsado y redactado por el cardenal Isidro Gomá, otorgó una legitimidad moral absoluta al levantamiento militar, elevándolo a la categoría de «Cruzada» en defensa de la civilización occidental frente al «materialismo marxista y ateo». Esta postura institucional no solo blindó las ejecuciones del bando sublevado con un aura de guerra santa, sino que sentenció definitivamente la suerte de los religiosos que aún se encontraban atrapados en la zona republicana, al asociar indisolublemente la sotana con la causa fascista a ojos de los comités revolucionarios.
La excepción identitaria: El clero vasco y catalán
Sin embargo, la tesis de la «cruzada» unánime chocó frontalmente con la realidad social del País Vasco y Cataluña, donde el catolicismo social y el nacionalismo democrático caminaban de la mano. Esta disidencia abrió una paradoja moral en las trincheras: los soldados de Franco, que marchaban bajo banderas coronadas por el Sagrado Corazón, se encontraron combatiendo y matando a otros católicos practicantes dirigidos por sus propios párrocos.
En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) —firmemente católico— decidió mantenerse leal a la República tras recibir la promesa de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Esta postura fue respaldada de forma masiva por el clero rural vasco, que veía en el autogobierno la mejor vía para proteger su cultura y sus valores. En Cataluña, aunque la violencia anarquista inicial de la FAI golpeó duramente a las órdenes religiosas en los primeros meses, existió un fuerte sector eclesiástico e intelectual vinculado al catalanismo y a las reformas sociales de la Generalitat que rechazó de plano el golpe militar y buscó tender puentes de convivencia con las autoridades republicanas.
Los paredones de Hernani: Fusilados por «traición a la fe»
Cuando las tropas franquistas y los requetés carlistas rompieron el frente del Norte y ocuparon el País Vasco entre 1936 y 1937, la represión contra el clero disidente fue inmediata y despiadada. Al menos 16 sacerdotes vascos fueron ejecutados sin juicio previo o mediante consejos de guerra sumarios, acusados de traidores al Movimiento Nacional.
El caso más emblemático fue el de José Ariztimuño «Aitzol», un brillante intelectual, periodista y motor del renacimiento cultural vasco. Capturado por la armada franquista a bordo del barco Galerna, «Aitzol» fue trasladado a la prisión de Ondarreta en San Sebastián. Tras sufrir severas torturas, fue conducido a los muros del cementerio de Hernani la noche del 17 de octubre de 1936, donde fue fusilado.
Junto a él, corrieron la misma suerte nombres como Joaquín Bedona, director del periódico católico Eguna, o Celestino Onaindia, cuyo delito había sido predicar en euskera y simpatizar con el autonomismo. Asimismo, varios capellanes castrenses que daban auxilio espiritual a los gudaris (soldados vascos) fueron pasados por las armas tras la caída de Bilbao bajo la acusación técnica de «auxilio a la rebelión».
La disidencia en la cúpula: La resistencia a la dictadura llegó hasta el propio episcopado. El cardenal Francesc Vidal i Barraquer (arzobispo de Tarragona) y Monseñor Mateo Múgica (obispo de Vitoria) fueron los dos únicos prelados españoles que se negaron a firmar la Carta Colectiva de 1937. Ambos pagaron su coherencia con el destierro. Vidal i Barraquer, protegido in extremis por la Generalitat de las milicias de la FAI al inicio de la guerra, murió en el exilio en Suiza en 1943 tras el veto absoluto de Franco a su regreso.
Cárceles de concordato y destierros silenciosos
Al terminar el conflicto en 1939, la dictadura aplicó con severidad la Ley de Responsabilidades Políticas. Para evitar el escándalo internacional y las tímidas protestas del Vaticano por el fusilamiento de ministros de la Iglesia, el régimen franquista modificó su estrategia a partir de 1937, sustituyendo el paredón por la depuración interna y el cautiverio.
Cientos de sacerdotes vascos y catalanes fueron despojados de sus parroquias y desterrados a diócesis remotas de la España interior —como Castilla o Extremadura— bajo la estricta vigilancia de la Guardia Civil y con la prohibición absoluta de hablar en sus lenguas vernáculas o predicar en euskera o catalán.
Para los que recibieron penas de prisión prolongadas, la dictadura ideó una solución legal pionera. Dado que el Derecho Canónico impedía mezclar a religiosos con presos comunes, el régimen adaptó conventos y penales (como el de Carmona en Sevilla) que culminarían años más tarde, en 1968, con la apertura de la Cárcel de Curas de Zamora. Esta fue la única prisión del mundo destinada exclusivamente a clérigos, la mayoría de ellos condenados por su oposición política, su disidencia ideológica o la defensa de las libertades regionales desde el púlpito en las homilías.
El peso del olvido institucional
Para el régimen franquista, un sacerdote republicano o nacionalista no era solo un adversario político, sino un elemento subversivo que rompía el relato oficial de una guerra perfecta entre el bien y el mal. Por ello, al terminar la guerra en 1939, la Iglesia oficial no solo consintió la represión, sino que impuso un espeso manto de silencio sobre sus propios mártires del bando perdedor.
Mientras que las miles de víctimas de la violencia republicana en la retaguardia fueron ensalzadas en los altares como «Mártires de la Cruzada» y sometidas a masivos procesos de beatificación que continúan hasta hoy, los nombres de los sacerdotes fusilados por el franquismo fueron literalmente borrados de los libros parroquiales e históricos.
Ha tenido que pasar casi un siglo para que las conferencias episcopales locales comiencen a rescatar su memoria del olvido y a pedir perdón por el abandono institucional que sufrieron aquellos hombres que decidieron no traicionar a su pueblo ni a su fe.
