El Congreso discute eliminar las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto reabre una tensión estructural de la economía argentina: la relación entre apertura de capitales y control nacional sobre recursos estratégicos.
Hay reformas que se agotan en su articulado y otras que reponen, casi sin proponérselo, una discusión que atraviesa la historia económica argentina desde el siglo XIX: quién decide sobre el territorio y, con él, sobre los recursos que ese territorio contiene. El proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei para eliminar prácticamente todos los límites a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras pertenece a esa segunda categoría. Excede largamente el mercado inmobiliario: define el margen de autonomía que el Estado argentino conservará frente al capital externo, en un escenario internacional donde el agua, los alimentos, la energía y los minerales críticos volvieron a ocupar el centro de la disputa geopolítica.
¿Qué cambia y qué se pierde?
La iniciativa oficial deja en pie únicamente la prohibición para Estados extranjeros y para sociedades controladas de manera directa por gobiernos foráneos. Todo lo demás —el límite del 15% de la superficie rural nacional en manos extranjeras, los topes por nacionalidad, el máximo de mil hectáreas en zona núcleo y las restricciones sobre tierras linderas a cuerpos de agua permanentes— desaparece.
Esa arquitectura de límites no nació de un impulso restrictivo hacia la inversión externa. La Ley 26.737, sancionada en 2011, respondió a un diagnóstico elemental: la tierra es un recurso que no se reproduce, y sin un piso regulatorio mínimo, los procesos de concentración de la propiedad sobre recursos estratégicos tienden a ser irreversibles. Según relevamientos oficiales y académicos, cerca de 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras, concentradas en la Patagonia, Cuyo y el norte del país, precisamente las regiones donde se acumulan reservas de agua dulce, litio y otros minerales estratégicos. Eliminar el límite no es un gesto neutral: habilita que ese proceso, ya en marcha, pierda la única contención que el Estado argentino se había dado hasta ahora.
Esta fricción no es nueva en la economía argentina, aunque hoy se manifiesta en un terreno distinto. Durante décadas, el país convivió con un desequilibrio estructural entre un sector primario-exportador de altísima productividad relativa y un entramado productivo diversificado que, para sostenerse, necesitó siempre previsibilidad y algún grado de protección frente a los vaivenes del comercio internacional. La discusión sobre la tierra reedita esa misma tensión en otro plano: ya no alcanza con preguntar qué se produce; hay que preguntar quién es dueño de la base física sobre la que se produce. Cuando esa base queda en manos de actores externos sin ningún tipo de regulación nacional, lo que se debilita es la capacidad del Estado para orientar el desarrollo, la variable que históricamente sostuvo cualquier proyecto de industrialización de largo plazo.
Hay además otra dimensión, menos discutida pero igual de decisiva. El deterioro de la posición de un país en el comercio internacional no se juega únicamente en el precio de lo que exporta, sino también en las condiciones bajo las cuales administra los recursos que sostienen esas exportaciones. Un país que resigna herramientas de control sobre su territorio queda expuesto a algo más que las fluctuaciones del mercado de commodities: pierde capacidad de intervención sobre el activo que, con el tiempo, termina definiendo los términos de su relación con el resto del mundo.
El contraste con el mundo desarrollado
El argumento oficial sostiene que la apertura irrestricta atraerá inversiones. La experiencia comparada muestra un patrón distinto. Lejos de desregular, buena parte de las economías centrales reforzó en los últimos años sus resguardos sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos: Estados Unidos amplió la revisión de operaciones con implicancias de seguridad nacional, Canadá endureció las restricciones sobre minerales críticos, Australia mantiene topes específicos para la compra de tierras rurales y la Unión Europea desarrolló sistemas de monitoreo sobre inversiones en infraestructura y recursos sensibles. Ninguno de esos países entiende esas regulaciones como un freno a la inversión, sino como la manera de distinguir el capital productivo de aquel que solo busca apropiarse de un activo escaso.
Argentina avanza en sentido contrario justo cuando el mundo desarrollado profundiza esos resguardos. La contradicción no es menor: el mismo Gobierno que invoca la experiencia internacional para justificar la desregulación pasa por alto que, en los países que la sostienen, esa experiencia corre en dirección opuesta.
Complicaciones en el trámite legislativo
El tratamiento legislativo no está siendo el trámite sencillo que el oficialismo esperaba. La oposición de Unión por la Patria era previsible, pero las objeciones se extendieron a sectores del radicalismo, a fuerzas provinciales e incluso a bloques que habitualmente acompañan la agenda libertaria. El denominador común de esas resistencias no es ideológico: son, sobre todo, legisladores de provincias con reservas de agua, litio, hidrocarburos y zonas de frontera quienes advierten sobre los efectos de largo plazo de una desregulación sin contrapesos.
El resultado, por ahora, es un proyecto que no logra construir mayoría propia y que se sostiene en negociaciones artículo por artículo, mientras las objeciones se acumulan sesión tras sesión.
Federalizar la regulación: ¿más autonomía provincial o menos Estado nacional?
Uno de los puntos más delicados del proyecto traslada a cada provincia la potestad de regular la propiedad extranjera de la tierra. Presentada como un gesto de fortalecimiento federal, la medida admite una lectura menos favorable: sin un piso nacional, las provincias pueden terminar compitiendo entre sí por atraer capitales a fuerza de reglas cada vez más laxas, en una carrera hacia el mínimo común denominador que termina beneficiando al comprador externo y vaciando de contenido al instrumento que, en teoría, se buscaba descentralizar.
El dominio originario de los recursos naturales es, en efecto, una potestad provincial reconocida por la Constitución. Pero esa potestad convivió históricamente con mecanismos de coordinación federal orientados a preservar un interés nacional que excede la jurisdicción de cada distrito. Renunciar a esa coordinación no es federalismo: es, lisa y llanamente, retirada del Estado nacional de una función que ninguna provincia, por separado, está en condiciones de sustituir.
Lo que está realmente en discusión
Plantear este debate como una disyuntiva entre inversión y proteccionismo simplifica algo que, en el fondo, es mucho más preciso. Nadie discute la necesidad de que la Argentina reciba capitales, tecnología y empleo. La pregunta es si esa necesidad justifica desprenderse de toda regulación sobre un recurso irrecuperable, justo cuando el resto del mundo hace lo contrario.
La tierra no se fabrica ni se importa: es la base física sobre la que se asienta cualquier proyecto de desarrollo y, también, el soporte último de la soberanía política. Por eso la reforma que hoy discute el Congreso no debería medirse con la vara de una modificación registral, sino con la de una decisión que, una vez tomada, será extremadamente difícil de revertir. No se trata solo de quién puede comprar tierra argentina, sino de cuánto margen de decisión conservará el Estado sobre los recursos que van a definir el desarrollo económico y la posición geopolítica del país en las próximas décadas.
