La expresidenta activa en simultáneo una ofensiva ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, una vía legislativa para anular la condena y una ambigüedad calculada sobre una candidatura en 2027. Los tres frentes no persiguen solo revertir el fallo de la causa Vialidad: buscan reinstalar a Cristina Fernández de Kirchner como la referencia excluyente del peronismo antes de que la sucesión se termine de resolver sin ella.
Redacción DATA POLITICA Y ECONOMICA
Cristina Fernández de Kirchner guardó silencio político durante seis meses. Dejó correr las instancias judiciales locales, no confirmó ni desmintió versiones, y esperó el momento en que la vía interna quedara agotada. El miércoles rompió ese silencio con un movimiento que sus propios abogados definieron como inédito: una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para revertir la inhabilitación perpetua que la condena en la causa Vialidad le impuso para ejercer cargos públicos. La jugada tiene forma de expediente judicial, pero su función es política. Cristina Fernández de Kirchner no busca solamente una reparación legal: busca reconstruir, desde una plataforma internacional, la centralidad que la proscripción amenaza con quitarle en el momento exacto en que el peronismo discute nuevos liderazgos.
Tres frentes, un solo objetivo
La conferencia de prensa que sus abogados dieron en el Hotel NH de Buenos Aires desplegó cuatro presentaciones simultáneas ante el organismo de la ONU: una cautelar para levantar la inhabilitación política, otra para modificar las condiciones de la prisión domiciliaria en San José 1111, una tercera para cuestionar la composición actual de la Corte Suprema y una cuarta, de fondo, contra la condena misma. El español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim —este último, defensor de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato— explicaron la elección de vía: el Comité de Derechos Humanos permite el acceso directo de cualquier ciudadano cuyos derechos hayan sido vulnerados, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige atravesar antes una instancia de admisibilidad. La opción por la ONU, en otras palabras, prioriza la velocidad sobre el prestigio regional del organismo interamericano.
La referencia a Lula no es un detalle retórico. Durante el proceso que lo mantuvo preso en una cárcel común, Lula consiguió que el Comité de Derechos Humanos solicitara la suspensión provisoria de su inhabilitación política. Meses después, el Supremo Tribunal Federal brasileño anuló la condena, y más tarde la ONU determinó que el juicio había violado su derecho a un tribunal imparcial. Cristina Fernández de Kirchner reproduce ese guion casi punto por punto: primero la cautelar internacional, después la expectativa de un fallo doméstico favorable, y por último la sentencia definitiva del organismo. La secuencia brasileña le ofrece algo más valioso que un antecedente jurídico: le da un horizonte de tiempo político sobre el cual construir expectativa.
La ambigüedad de la candidatura
El mismo día de la presentación, Máximo Kirchner afirmó en una serie de entrevistas radiales que su candidata presidencial para 2027 es su madre. La declaración no surgió de manera espontánea: viene precedida por el operativo clamor que La Cámpora impulsa desde hace meses bajo la consigna «Cristina presidenta», pensado originalmente como herramienta de acumulación en la interna con Axel Kicillof y que ahora busca apoyo en el frente internacional recién abierto. Borrego fue más allá durante la conferencia y sostuvo que, en términos estrictamente jurídicos, Cristina Fernández de Kirchner podría presentarse en unas PASO, porque una elección primaria no constituye en sí misma un cargo público.
La lectura política de esa afirmación circuló rápido en el peronismo: si Cristina Fernández de Kirchner competía en una interna abierta pese a la inhabilitación, lo hacía para disputarle a Kicillof la legitimidad del voto peronista, no para eludir la proscripción por una vía técnica. Sin embargo, el propio entorno de la expresidenta salió a matizar la lectura maximalista horas después.
Allí sostuvieron que la interpretación de Borrego era jurídicamente válida pero políticamente inconducente, porque la Justicia electoral rechazaría la candidatura de todos modos, y remarcaron que el objetivo único de la ofensiva sigue siendo recuperar la libertad, no forzar una postulación que la propia Justicia argentina bloquearía.
Esa oscilación —entre el envión de La Cámpora y el repliegue del círculo chico— no es una contradicción sino un instrumento. Mantener abierta la posibilidad de una candidatura sin confirmarla le permite a Cristina Fernández de Kirchner condicionar cualquier fórmula de unidad peronista para 2027 sin comprometerse con ninguna. Kicillof respondió con cautela calculada: en su equipo remarcaron que el gobernador «respeta» la decisión de La Cámpora de proponerla, pero considera «prematuro» hablar de candidaturas. La frase evita el choque directo y, al mismo tiempo, deja constancia de que el gobernador bonaerense no da por cerrada la discusión sucesoria en su propio favor.
La vía legislativa como respaldo
Mientras la ofensiva internacional avanza, un tercer canal se construye en el Congreso. El senador Miguel Ángel Pichetto trabaja junto a diputados del cristinismo, entre ellos Eduardo Valdés, en un proyecto que declararía la nulidad del fallo de la causa Vialidad. El argumento jurídico se apoya en la calificación de la condena como un caso de proscripción política grave, que habilitaría al Congreso a legislar mecanismos de excepción. El antecedente que citan es el fallo Muiña de 2017: cuando la Corte Suprema habilitó la aplicación del beneficio del 2×1 a delitos de lesa humanidad, el Congreso sancionó una ley que excluyó expresamente a los condenados por genocidio de ese beneficio, y la Corte tuvo que fallar en consecuencia. La analogía busca instalar la idea de que el Poder Legislativo puede corregir por ley los efectos de una sentencia judicial cuando están en juego derechos políticos fundamentales, aunque la comparación entre ambos casos —y su viabilidad constitucional— está lejos de ser pacífica en el debate jurídico.
¿Qué significa esto para el tablero 2027?
Los tres frentes que Cristina Fernández de Kirchner activa —el internacional, el legislativo y el político-electoral— no compiten entre sí: se refuerzan. La vía de la ONU produce el efecto más inmediato, que es mediático y simbólico: instala la discusión sobre la legitimidad del fallo en la agenda internacional, con repercusión en medios como El País y Libération, y presiona sobre la opinión pública doméstica antes de que haya una resolución concreta. La vía legislativa depende de una condición que hoy no está garantizada, que el peronismo controle mayorías parlamentarias suficientes después de 2027, lo que a su vez depende de un resultado electoral que todavía no tiene candidato definido. Y la ambigüedad sobre una candidatura propia opera como una carta que Cristina Fernández de Kirchner puede jugar o retirar según cómo evolucionen las otras dos vías, sin pagar el costo político de una definición prematura.
El punto de fuga de esta estrategia no es exclusivamente judicial. Cristina Fernández de Kirchner necesita que el peronismo gane la elección presidencial de 2027 para que cualquiera de sus caminos hacia la libertad —la ley del Congreso, un potencial indulto presidencial o la presión internacional traducida en gesto político doméstico— tenga margen de aplicación real. Por eso la pregunta que atraviesa los tres frentes no es solo si la ONU falla a su favor o si el Congreso vota una ley de nulidad, sino quién encabeza esa hipotética victoria peronista y bajo qué liderazgo se ordena la coalición.
Mientras esa pregunta no tenga respuesta, la propia indefinición de Cristina Fernández de Kirchner sobre postularse funciona como un mecanismo de veto informal sobre cualquier candidatura alternativa —la de Kicillof, la de Sergio Massa o la de un tercer nombre— que pretenda consolidarse sin su aval. La proscripción, paradójicamente, le da a la expresidenta una herramienta que la habilitación plena no le daría con la misma eficacia: la posibilidad de seguir siendo, desde una situación de excepción, el punto de referencia obligado de todo el arco peronista.
