Los últimos datos educativos muestran que existe una urgencia y necesidad de mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. El último operativo TESBA (2023) mostró que el 61,5% de los alumnos de tercer año está en los niveles más bajos de desempeño en Matemática, y el 41,3% en Lengua y Literatura. Con ese diagnóstico, el Ministerio de Educación porteño lanzó en 2024 el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, y en él, Secundaria Aprende, una política que busca «una secundaria que entusiasme, que brinde bienestar y que despierte la curiosidad y las ganas de aprender». La propuesta se apoya en cuatro principios: la integración de los aprendizajes, el desarrollo de capacidades, el avance continuo y la autonomía estudiantil. Se presenta como una continuidad de dos reformas anteriores, la Nueva Escuela Secundaria que modificó el diseño curricular, y la Secundaria del Futuro que propuso cierta flexibilidad en las trayectorias, ambas muy resistidas por los sindicatos y un amplio sector de la comunidad educativa. Lucía Agulló, docente de Lengua y Literatura en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández denuncia: «La reforma lo que propone es una reducción de la cantidad de profesores que es violenta».
El Gobierno plantea que los docentes concentren más horas en una misma escuela para «acompañar mejor» a los estudiantes y acomodarse a sus ritmos, que cada escuela pueda reorganizar tiempos y espacios según sus necesidades, y que los alumnos avancen con planes de aprendizaje personalizados. El diagnóstico oficial también pone el foco en el bienestar socioemocional, como plantea el documento marco «aprender es un proceso intrínsecamente socioemocional», por lo que la reforma busca un «ambiente educativo seguro y de bienestar integral». La implementación arrancó en 2025 en 33 escuelas «pioneras» que se sumaron de forma voluntaria, y el plan es extenderla de manera progresiva al resto del sistema.
En paralelo al avance de BA Aprende, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en el Boletín Oficial un decreto que cambia la reglamentación del Estatuto Docente. Se trata de una reforma que modifica licencias, tanto las que son por examen como por razones particulares, y hace grandes cambios en la carrera docente quitándole valor a la antigüedad y desapareciendo antecedentes pedagógicos y culturales. En diálogo con ANCCOM, Marisabel Grau, secretaria Pedagógica de Ademys y profesora de Historia en la EEM 2 DE 13 (Actualmente directora) y en el CENS 82, explica: “Esto nosotros lo entendemos como una medida absolutamente disciplinatoria y persecutoria de la docencia” y “un ataque directo a los derechos laborales”.
Una de las principales críticas tiene que ver con el hecho de que la reforma se haya hecho por decreto y no haya pasado por la Legislatura. Grau sostuvo que la decisión «evita tener que pasar por el debate» y cuestionó que modificaciones de esa magnitud se implementen sin instancias de discusión con la docencia. Otra de las críticas aparece con las nuevas restricciones a las licencias y modificaciones en los criterios de puntaje para concursos y ascensos.
Para Grau, estas medidas se encuentran en línea con la misma lógica de la reforma educativa BA Aprende y su programa Secundaria Aprende. «Claramente, la política de Secundaria Aprende es una política de ajuste en términos de derechos laborales, en términos presupuestarios y un empobrecimiento educativo», explica.
Las críticas a la implementación de BA Aprende no pertenecen solo a los sindicatos docentes. Entre los estudiantes también aparecen cuestionamientos vinculados a la falta de participación en el diseño y la aplicación de la reforma.
Uno de los principales conflictos que se plantean es la falta de instancias reales de consulta o negociación con los alumnos y la planta docente antes de aplicar los cambios de la reforma educativa. Micaela Ciura, alumna del Colegio Normal 1, uno de los «pilotos» de la reforma desde el año 2025, y presidenta del Centro de Estudiantes expone: «Se nota cuando una política educativa se escribe desde un escritorio y esta gente no pisa, ni nunca pisó un colegio. Nunca se puso a escuchar a los pibes».
Dolores Figueira Lemos, alumna de cuarto año del Lenguas Vivas y secretaria general de su Centro de Estudiantes, cuenta algo parecido. «Nunca fue oficializado por nadie, nunca vino una sola persona del Ministerio a dar charlas». En su colegio, la reforma todavía no se aplicó de forma oficial, pero desde 2024 circulaba «de boca en boca» antes de que hubiera comunicación institucional.
Los docentes también cuestionan la forma que implementó el programa. Lucía Agulló, docente de Lengua y Literatura en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y delegada de Ademys, explica que tampoco hubo alguna instancia de diálogo con sindicatos y docentes antes de aplicar la reforma, y agrega que, como pasó con la reforma anterior (Secundaria del Futuro), se enteraron por los medios de comunicación antes que por una vía institucional. «Cada vez que hay un cambio de gestión se propone una nueva reforma sin haberse hecho una evaluación del impacto que tuvo la anterior», señala.
La falta de consultas provoca también una aplicación despareja en las diferentes escuelas. «Cada colegio lo va a aplicar como pueda», resume Dolores. Y Agulló lo confirma al explicar que algunas escuelas pudieron votar su incorporación, pero en otras la reforma avanzó a pesar del rechazo de docentes y familias. «Hubo escuelas en las que se votó no ingresar» y, aun así, «se ingresó igual».
La reducción de cargos docentes aparece como uno de los puntos más cuestionados de la reforma. Agulló explica que la reducción se encuentra entre el 40% y el 60% según cada escuela, y se calcula de forma automática a través de una planilla de Hacienda que cruza horas y materias. También se suma un cambio en el criterio para asignar los cargos que quedan, donde la reforma no respeta el escalafón ni el sistema de puntaje del estatuto docente, sino que prioriza a quienes ya tienen más horas titulares en esa escuela puntual. «Cero respeto a la trayectoria, cero respeto al puntaje docente», plantea Agulló, y agrega que varios docentes que fueron a la Justicia por este motivo tuvieron fallos en contra.
Para los estudiantes, ese recorte no es solo administrativo y les afecta de forma emocional «Para nosotros, los pibes, significó perder a docentes que nosotros queríamos. A referentes emocionales, a ese profe que te sabía escuchar cuando tenías un quilombo», explica Micaela.
Para estudiantes y docentes, muchos de los cambios no son coherentes con la realidad cotidiana de las escuelas. En cuanto a lo que tiene que ver con las edificaciones, Micaela plantea que es imposible sostener ese discurso si no se tiene las suficientes aulas disponibles “si la infraestructura de los colegios está cayéndose a pedazos», denuncia. Por eso explica que partes centrales de la reforma, como la circulación de estudiantes entre años, no se pudieron aplicar como estaban pensadas. Agulló coincide: «En la mayoría de las escuelas hay ratas, hay filtraciones varias», resultado de la falta de mantenimiento y funcionamiento.
Las críticas también apuntan a uno de los puntos que más se repiten en la reforma, el bienestar socioemocional. Dolores cuestiona que, al recortarse la planta docente, se reducen también las instancias de consulta al Departamento de Orientación Escolar (DOE), pensado además para el acompañamiento pedagógico, no el emocional: «Nadie elige sacarse un 1 en matemática, nadie elige llevarse una materia.» Y como ejemplo remarca que, frente a hechos de violencia armada en escuelas, la respuesta del Ministerio fue apuntar a los videojuegos y los celulares en lugar de atender la salud mental de fondo.
Para Agulló, la discusión va más allá de esta reforma puntual. Explica cómo hubo un gran giro desde un programa de ESI que pensaba el bienestar desde la convivencia y la grupalidad, hacia una lógica más individual de autorregulación emocional, «esta idea de que yo solo puedo coacharme para manejar mis emociones», que para ella está inscripto en un proyecto más amplio de «libertad educativa» a nivel nacional.
Otro de los cambios más cuestionados tiene que ver con la pérdida de especificidad en las materias, al agruparse en talleres o «laboratorios» de área. Dolores lo vincula a una lógica individualista que aleja al alumno del docente, algo que compara con «simular un campus de Estados Unidos». Agulló coincide desde la mirada docente donde historia, geografía y formación ética se agrupan en un «laboratorio de ciencias sociales» sin diagnóstico previo, y aunque el Ministerio sostiene que no es una reforma curricular, en la práctica cada docente termina dando su materia por separado y consensuando una nota en común.
A pocos días de las jornadas EMI, Ademys volvió a rechazar la reforma «BA Aprende» y habló sobre sus efectos en las escuelas donde ya se implementa. A partir de testimonios de docentes y relevamientos realizados por su Comisión de Media, el sindicato denunció una pérdida de entre el 30% y el 50% de los puestos de trabajo, una mayor sobrecarga laboral y dificultades para sostener los contenidos de las materias. También cuestionó la falta de recursos prometidos, el incremento de tareas administrativas y tutoriales para los docentes y el impacto de la reforma sobre la organización institucional de las escuelas.
La educación ocupa un lugar central en la vida de los estudiantes y es una de las principales herramientas para construir el futuro del país. La reforma produjo fuertes críticas por parte del estudiantado y el área docente, pero tanto Dolores como Micaela remarcan que no se oponen a una reforma del sistema educativo en sí, pero aclaran que la elaboración y aplicación de la reforma tiene que “sí o sí” hacer parte a los estudiantes, y construirse a partir de los problemas y necesidades reales de las escuelas. «Pasamos muchísimas más horas ahí que en nuestras casas con nuestra familia. Quien no tiene una familia que lo acompañe depende 100% del colegio», concluye Dolores.
