Un estudio de la Universidad Nacional de Rosario detectó más del doble de abortos espontáneos y de casos de hipotiroidismo en pueblos santafesinos rodeados de fumigaciones. El costo sanitario del modelo agroexportador no figura en ningún balance oficial.
Un estudio del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario puso en números lo que hasta ahora circulaba como sospecha territorial.
En nueve localidades santafesinas rodeadas de cultivos fumigados, la tasa de abortos espontáneos durante el primer trimestre de embarazo se multiplicó por 2,4 entre 2008 y 2018, y los casos de hipotiroidismo crecieron 2,5 veces en el mismo período.
El agronegocio, motor de las exportaciones argentinas, arrastra un costo sanitario que ningún balance oficial contempla.
El trabajo, publicado en julio en la Revista de Salud Pública, relevó 6.497 mujeres de entre 18 y 70 años mediante encuestas casa por casa. Las hicieron estudiantes de Medicina de la UNR durante los Campamentos Sanitarios, una experiencia de más de cuarenta operativos territoriales desarrollados entre 2008 y 2019. En las nueve localidades se registraron 2.870 embarazos a lo largo de la década estudiada. De ellos, 369 terminaron en pérdida gestacional, y 285 de esos casos ocurrieron en el primer trimestre. La prevalencia de hipotiroidismo llegó al 11,9 por ciento entre las mujeres encuestadas.
Ningún organismo nacional lleva un registro sistemático del volumen de agroquímicos que se aplica sobre el territorio argentino. Tampoco existe un programa permanente de vigilancia epidemiológica en las zonas expuestas.
El propio Instituto de Salud Socioambiental perdió la cátedra que sostenía los Campamentos Sanitarios, y con ella se apagó la principal herramienta de investigación territorial que producía este tipo de evidencia. Sin datos oficiales no hay política pública posible.
La ausencia de información termina funcionando como una forma de protección del modelo vigente.
El debate suele reducirse a una falsa opción entre el campo y el ambiente, entre las divisas y la salud pública. Esa simplificación esquiva la pregunta de fondo. Ningún sector cuestiona el rol del complejo agroexportador como principal proveedor de dólares de la economía argentina; la discusión pendiente es bajo qué condiciones sanitarias y ambientales se sostiene ese rol, y quién paga la diferencia cuando esas condiciones no se cumplen. Los mercados internacionales avanzan hacia exigencias de trazabilidad y estándares ambientales cada vez más estrictos.
La competitividad futura del agro argentino también se juega en ese terreno, no solo en el tipo de cambio.
La Ley General del Ambiente incorpora desde 2002 el principio precautorio: cuando existe riesgo de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no puede usarse como excusa para postergar medidas de protección. Ese principio sigue sin aplicarse en la práctica. Ampliar las distancias de fumigación respecto de las zonas pobladas, reconstruir un sistema de vigilancia epidemiológica permanente y sincerar un registro nacional de uso de agroquímicos son las condiciones mínimas para que el modelo agroexportador siga siendo sostenible, política y sanitariamente, en las próximas décadas.
Ignorar la evidencia no la hace desaparecer. Solo posterga la factura y la traslada a los pueblos que ya la están pagando.
AM
Redaccion Data politica y economica
