El Atlántico Sur vuelve a poner en tensión la Cuestión Malvinas, pero ya no solo por la bandera: la explotación del yacimiento Sea Lion, con la israelí Navitas Petroleum como operadora principal, avanza sobre un territorio en disputa mientras la administración Milei limita su respuesta a comunicados protocolares. El «silencio ruidoso» de la Casa Rosada convive con la reivindicación presidencial de Margaret Thatcher y con un Congreso donde la oposición exige explicaciones que todavía no llegan.
El yacimiento y sus dueños
A 220 kilómetros al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte, el campo Sea Lion concentra hoy la operación de hidrocarburos costa afuera más relevante del Atlántico Sur. El gobierno colonial de las islas otorgó licencias de explotación por 35 años a un consorcio integrado por Navitas Petroleum, con sede en Israel, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. La decisión final de inversión se tomó en diciembre de 2025, con un presupuesto de fase 1 estimado en 1.800 millones de dólares sobre un costo total de proyecto de 2.100 millones. La evaluación independiente de Netherland, Sewell & Associates calcula recursos totales por 917 millones de barriles: la fase 1 apunta a 170 millones de barriles con un pico de producción de 50.000 barriles diarios, y la fase 2 sumaría otros 149 millones. El primer petróleo está previsto para 2028, mediante 11 pozos submarinos conectados a un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga —el Aoka Mizu, reubicado desde aguas escocesas— que en una segunda etapa incorporará 12 pozos adicionales.
El avance no se detiene ahí. En enero de 2026, Navitas firmó un acuerdo de farm-in para hacerse del 65% de la licencia PL001, contigua a Sea Lion, en manos de JHI Associates —donde la canadiense Eco Atlantic Oil & Gas mantiene una participación del 6,6%—. JHI estima que ese bloque de 1.126 kilómetros cuadrados podría contener 3,1 mil millones de barriles de recursos prospectivos, con un potencial de hasta 10 mil millones si se confirman los mayores prospectos, entre ellos Tyche y Dinlas, análogos geológicamente al propio Sea Lion. La licencia se extenderá hasta 2027 con opción a una tercera fase exploratoria de diez años. En paralelo, y de manera menos difundida, el Reino Unido decretó también la exploración de otras 5.000 kilómetros cuadrados en el Mar Argentino a través de la firma Challenger Energy, según el Boletín Oficial británico del 16 de julio pasado.
Una potencia extrarregional en el tablero
La centralidad de Navitas en Sea Lion introduce una variable que excede la disputa bilateral clásica entre Buenos Aires y Londres. La compañía israelí, que ya opera desarrollos costa afuera en Guyana y en el Golfo de México, encontró en el Atlántico Sur una plataforma de expansión que combina bajo riesgo político —dado el estatuto colonial del archipiélago— con reservas probadas de escala considerable. El propio artículo de Pablo Quirno en La Nación, publicado a mediados de julio, calificó las licencias de Sea Lion como ilegítimas y denunció la explotación unilateral de recursos naturales, pero sin mencionar en ningún momento a Navitas ni a Israel como actor específico del proyecto. Esa omisión no es menor: mientras el canciller argentino sostiene en público el reclamo histórico de soberanía, la política exterior del Gobierno privilegia la relación con Washington y con el bloque occidental, y evita cualquier fricción con un socio —Israel— con el que Javier Milei ha construido una relación bilateral estrecha desde el inicio de su gestión.
El marco jurídico que la licencia ignora
La Cancillería argentina apoya su reclamo en dos resoluciones de Naciones Unidas que las licencias de explotación vulneran de manera directa. La Resolución 31/49 de la Asamblea General, de diciembre de 1976, insta a ambas partes a no introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan el proceso recomendado por la Resolución 2065 de 1965. La Resolución 1803, de 1962, establece el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, un antecedente directo del derecho internacional del desarrollo que setenta años más tarde sigue funcionando como el argumento jurídico central de los países periféricos frente al extractivismo impuesto por potencias ocupantes. A eso se suma la Declaración Conjunta de 1991, sobre medidas de fortalecimiento de la confianza en el Atlántico Sur, que el ingreso no notificado del patrullero HMS Medway en aguas argentinas —a comienzos de julio— también puso en cuestión, según el comunicado que la Cancillería debió emitir con varios días de demora.
La reacción oficial, a destiempo
El patrón se repite: la respuesta del Estado argentino llega después de los hechos y, en general, por presión externa antes que por iniciativa propia. La Armada había informado el ingreso del buque británico al Ministerio de Defensa el 2 y el 3 de julio; ni el ministro Carlos Presti ni el canciller Quirno se pronunciaron hasta que la controversia escaló públicamente. Ese mismo patrón de reacción tardía se reprodujo en el plano futbolístico: la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avaló restricciones a mensajes alusivos a la soberanía de Malvinas en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, disputada el 15 de julio en Atlanta. Tras la victoria argentina por 2 a 1, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez desplegaron igualmente una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas», gesto que generó una respuesta oficial británica: la vocera de Keir Starmer sostuvo que la autodeterminación corresponde a los habitantes del archipiélago y que el compromiso del Reino Unido con ellos «nunca flaqueará». El propio Milei, que en 2023 ubicó a Margaret Thatcher —la primera ministra que condujo la guerra de 1982— en una galería de «grandes líderes» junto a Reagan, Churchill y De Gaulle, y que reafirmó esa admiración en una entrevista con la BBC en 2024, quedó una vez más en la posición incómoda de sostener el reclamo formal de soberanía mientras evita cualquier gesto que tensione el vínculo con Londres.
En el Congreso, los diputados Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho presentaron esta semana un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle qué acciones diplomáticas y judiciales tomó frente al avance de las licencias petroleras británicas e israelíes en las islas. El planteo sostiene que cada nueva autorización de exploración o explotación en la zona en disputa constituye, en sí misma, un desconocimiento de la jurisdicción argentina sobre el Atlántico Sur, y advierte que estas operaciones fortalecen la presencia material británica en el archipiélago más allá de cualquier definición diplomática futura.
La entrega como método
Lo que ocurre en Malvinas no es un episodio aislado: es la forma contemporánea de un patrón conocido en la historia argentina, donde la discusión sobre soberanía territorial nunca puede separarse de la disputa por el control de los recursos naturales y la renta que generan. La estructura es la misma que describieron Raúl Prebisch al analizar el deterioro de los términos de intercambio entre centro y periferia, o Arturo Jauretche al advertir sobre la persistencia de intereses extranjeros disfrazados de sentido común: mientras el debate público se concentra en símbolos —una bandera, una frase, una interna futbolística—, la disputa de fondo se resuelve en los hechos consumados de la explotación económica. Sea Lion no es apenas un yacimiento offshore: es la constatación de que, mientras el reclamo diplomático argentino se administra como gesto retórico, el control efectivo sobre un tercio de los recursos equivalentes a Vaca Muerta se consolida del otro lado del Atlántico, con nueva participación israelí, sin que el Estado nacional despliegue una estrategia de contención proporcional a lo que está en juego.
La pregunta que la oposición instaló en el Congreso —¿qué hizo el Gobierno, en los hechos, para sostener la jurisdicción argentina sobre esas aguas?— sigue sin respuesta. Y el silencio, en esta historia, nunca es neutral.
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