La derrota de Techint y Sacde en el gasoducto de Vaca Muerta reabre el debate sobre quiénes serán los ganadores de la nueva etapa económica.
Por Antonio Muñiz
La adjudicación de una de las obras más importantes vinculadas al desarrollo exportador de Vaca Muerta representa mucho más que el resultado de una licitación. El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco —perteneciente al grupo de los empresarios Jorge y José Mas Canosa, propietarios del Inter Miami—, la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos se impuso sobre la oferta presentada por Techint y Sacde, de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, para construir un gasoducto estratégico destinado al proyecto Argentina LNG. La obra ronda los 1.200 millones de dólares y constituye una pieza central para transformar el gas de Vaca Muerta en exportaciones hacia Europa y Asia.
El dato adquiere una dimensión política que excede ampliamente el plano empresarial.
No se trata solamente de que un consorcio extranjero haya obtenido una licitación internacional. Lo llamativo es que esta derrota se suma a una serie de episodios que, en los últimos meses, muestran un creciente distanciamiento entre el gobierno de Javier Milei y algunos de los principales grupos económicos de origen argentino.
Durante décadas, Techint fue considerado uno de los pilares del capitalismo nacional. Su presencia en siderurgia, energía, petróleo, infraestructura y tecnología convirtió al grupo liderado por Paolo Rocca en uno de los actores más influyentes del país. Del mismo modo, Marcelo Mindlin consolidó un conglomerado energético con fuerte presencia en generación eléctrica, transporte de gas e infraestructura.
Sin embargo, la relación entre el Gobierno y esos sectores dejó de ser armónica. Javier Milei ha cuestionado públicamente a Paolo Rocca en varias oportunidades, utilizando incluso calificativos despectivos. Paralelamente, distintos empresarios nacionales comenzaron a perder posiciones relativas en licitaciones, negocios estratégicos y espacios de influencia política.
¿Una nueva coalición económica?
Desde el inicio de su gestión, Milei sostuvo que no pretendía defender «empresarios prebendarios» sino promover la competencia abierta.
Ese principio, en abstracto, puede resultar consistente con una economía de mercado.
Pero la realidad muestra un fenómeno más complejo.
En numerosos sectores estratégicos aparecen como nuevos protagonistas grandes fondos internacionales, compañías estadounidenses, grupos europeos y capitales provenientes de Medio Oriente, especialmente en energía, minería, infraestructura y servicios financieros.
El caso del gasoducto de Vaca Muerta parece inscribirse en esa lógica.
La pregunta que comienza a instalarse es si el oficialismo está reemplazando a una parte de la tradicional burguesía industrial argentina por una nueva alianza con grandes jugadores globales.
No sería un proceso inédito.
Las reformas estructurales de los años noventa también modificaron profundamente quiénes controlaban los activos estratégicos del país. La diferencia es que, mientras aquella etapa estuvo dominada por privatizaciones de empresas públicas, el actual proceso parece orientarse a redefinir quién captura la renta futura de sectores considerados estratégicos, especialmente energía y minería.
La paradoja del liberalismo
Existe además una paradoja política.
Durante la campaña electoral, numerosos empresarios industriales argentinos apoyaron explícita o implícitamente a Javier Milei como una alternativa frente al kirchnerismo.
Esperaban una reducción de impuestos, flexibilización laboral, estabilidad macroeconómica y menores regulaciones.
En cambio, el escenario actual muestra un cambio de prioridades.
El Gobierno continúa impulsando reglas favorables para las inversiones privadas, pero los principales beneficiarios comienzan a ser grandes corporaciones internacionales capaces de movilizar miles de millones de dólares y acceder al financiamiento global.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) constituye probablemente el mejor ejemplo de esa orientación. Su diseño favorece proyectos de gran escala con fuerte participación de capital extranjero, especialmente en minería, petróleo, gas y energía.
¿Fin de la burguesía nacional como actor privilegiado?
Desde mediados del siglo XX, buena parte de la discusión económica argentina giró alrededor del papel de la denominada «burguesía nacional».
Con diferencias ideológicas, gobiernos peronistas, desarrollistas e incluso algunos liberales entendieron que la existencia de grandes empresas nacionales constituía un componente relevante de la soberanía económica.
Hoy ese paradigma parece entrar en revisión.
No porque desaparezcan las empresas argentinas, sino porque dejan de ocupar el lugar preferencial dentro del nuevo esquema de acumulación.
El interrogante ya no es solamente quién invierte.
La verdadera discusión pasa por quién controlará los recursos naturales, la infraestructura crítica y la renta futura que generarán Vaca Muerta, el litio, el cobre y los grandes proyectos energéticos.
Un cambio estructural
La derrota de Techint-Sacde en esta licitación, por sí sola, no demuestra un desplazamiento deliberado de la burguesía nacional. En procesos licitatorios internacionales intervienen múltiples factores —entre ellos el precio ofertado, la capacidad técnica y las condiciones financieras— y la oferta ganadora fue informada como aproximadamente un 15 % inferior a la presentada por el consorcio argentino.
Sin embargo, cuando este episodio se observa junto con otros conflictos recientes entre el Gobierno y grupos empresarios locales, emerge un interrogante político de mayor alcance.
¿Estamos frente a una simple sucesión de decisiones empresariales independientes o ante la consolidación de una nueva matriz económica donde el capital transnacional ocupa el lugar que durante décadas tuvieron los grandes grupos económicos argentinos?
La respuesta probablemente defina no sólo el perfil del gobierno de Javier Milei, sino también la estructura del capitalismo argentino de las próximas décadas.
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