Un camión hidrante, un cordón de Infantería y quince detenidos fueron el saldo que dejó anoche la Policía de la Ciudad sobre una multitud que solo festejaba. La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial reunió a unas cinco mil personas en el Obelisco, en una celebración que se desarrolló sin incidentes graves durante casi dos horas, hasta que el propio operativo de desalojo generó las corridas, los golpes y la represión que terminaron opacando el festejo.
El hecho no es menor ni aislado: expone, una vez más, el criterio con el que el Gobierno de Jorge Macri administra el espacio público porteño, uno que prioriza sistemáticamente el control sobre la convivencia y que responde con la fuerza allí donde alcanzaría con la gestión.
Los datos difundidos por la propia Policía de la Ciudad bastan para dimensionar la magnitud del operativo. Quince personas fueron detenidas bajo cargos de disturbios, atentado y lesiones, y once de esas detenciones fueron convalidadas por la Justicia por resistencia o desobediencia a la autoridad, en los términos del artículo 239 del Código Penal. Cinco personas debieron recibir atención del SAME por golpes. Ningún hecho de gravedad —ni heridas de consideración, ni daños patrimoniales significativos— justificó, según la información disponible hasta el momento, el despliegue de un camión hidrante sobre una plaza colmada de familias, banderas y cámaras de televisión.
La versión oficial sostiene que la intervención comenzó porque un sector de la concurrencia, descripto por fuentes policiales como “alcoholizado y violento”, arrojó objetos y botellas contra el personal desplegado. Puede que así haya sido en un grupo acotado, como ocurre en prácticamente cualquier festejo multitudinario del país. Pero esa circunstancia puntual no explica ni justifica una respuesta que alcanzó a la totalidad de la plaza: el camión hidrante no distingue entre quien arroja una botella y quien canta con su familia a diez metros de distancia. Cuando el instrumento de control es indiscriminado, la proporcionalidad —principio elemental de cualquier protocolo de actuación policial en democracia— queda subordinada a la lógica del desalojo por el desalojo mismo.
Vale el contraste histórico, incómodo pero necesario. Durante el Mundial de 1978, disputado bajo la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina, el Obelisco se convirtió por primera vez en el escenario de festejos futbolísticos masivos y espontáneos. Las crónicas de aquellos días describen multitudes que colapsaban la 9 de Julio noche tras noche, con bocinazos, banderas y caravanas improvisadas que ni siquiera el propio régimen había anticipado ni buscaba alentar, porque —señalan los estudios históricos sobre el período— esas concentraciones populares eran vistas con desconfianza por unos militares que las asociaban al fenómeno peronista. El aparato represivo del Proceso operaba, en simultáneo, sobre miles de argentinos en centros clandestinos de detención. Pero esa maquinaria de terror no se descargó sobre las multitudes que festejaban en la calle.
Que una democracia de más de cuatro décadas necesite un camión hidrante para dispersar un festejo que ni la dictadura reprimió en la vía pública es un dato que interpela directamente a quienes gestionan la seguridad porteña.
Este episodio no ocurre en el vacío. Se inscribe en una gestión que, bajo la jefatura de Gobierno de Jorge Macri, ha mostrado reiteradamente una inclinación a resolver la conflictividad social con despliegues de fuerza antes que con protocolos de diálogo y desconcentración progresiva, los mismos que otras policías del mundo aplican en eventos masivos comparables sin necesidad de vehículos hidrantes. La discrecionalidad con la que se decide cuándo y cómo intervenir sobre una multitud —sea en un festejo deportivo, una protesta social o una manifestación cultural— constituye un termómetro sensible del tipo de vínculo que un Gobierno construye con su ciudadanía.
Corresponde que la Legislatura porteña y los organismos de control convocados por ley —la Auditoría General de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo porteña— requieran al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad un informe detallado sobre los criterios de intervención utilizados anoche, la cadena de mando que autorizó el despliegue del camión hidrante y los fundamentos de cada una de las detenciones practicadas. La alegría popular no debería requerir, en ninguna circunstancia, autorización policial para expresarse en la calle.
Cuando el Estado porteño responde a un festejo con represión, no está garantizando el orden, está debilitando, decisión tras decisión, la confianza pública que legitima su autoridad.
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