Mahiques reordena Comodoro Py, la causa Libra se apaga y Adorni se va por la puerta de atrás: el Poder Judicial argentino atraviesa su etapa de mayor descrédito en dos décadas.
DATA Política y Económica · Editorial ·
El Poder Judicial argentino dejó de disimular. Lo que hasta hace cos meses se insinuaba entre bambalinas —jueces que fallan a favor del Gobierno a cambio de continuidad en el cargo, pliegos que avanzan según el favor que se debe cobrar, causas que se congelan cuando comprometen al círculo íntimo del Presidente— hoy se exhibe con una naturalidad que dice más sobre el estado de las instituciones que cualquier discurso. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, construyó en pocos meses una arquitectura de lealtades en Comodoro Py que garantiza al oficialismo algo que ningún gobierno debería poder comprar: el control sobre el ritmo y el destino de las causas que lo incriminan.
Dos datos alcanzan para desarmar cualquier lectura benigna de la coyuntura. El primero: el juez Víctor Pesino, camarista de la Sala VIII del fuero laboral, reconoció ante el Senado que se reunió con Mahiques el 7 de abril, dieciséis días antes de dictar el fallo que revirtió la cautelar que frenaba ochenta y un artículos de la reforma laboral, y que el ministro le adelantó allí que su pliego avanzaría. Pesino cumple 75 años este mes y necesita el aval del Senado para no jubilarse; el oficialismo apura una sesión extraordinaria antes del receso invernal para blindarlo. El segundo dato es más grave todavía: tras el viaje a París donde coincidieron Mahiques y el juez federal Ariel Lijo, el magistrado Marcelo Martínez De Giorgi apartó a los cinco querellantes particulares de la causa Libra —la megaestafa cripto que compromete a Javier y Karina Milei—, dejando la instrucción en manos exclusivas de un fiscal, Eduardo Taiano, que hasta ahora no mostró voluntad de avanzar.
El operativo Adorni y la lógica del intercambio
La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, coincidió en el calendario con el fallo que descabezó la querella en la causa Libra y con el impulso oficial al pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte —secretario histórico del juzgado de Lijo— para ocupar el juzgado federal de Lomas de Zamora que investiga a Martín Insaurralde.
Adorni está investigado por Lijo por enriquecimiento ilícito, con un departamento en Caballito y transferencias en criptomonedas por unos 700 mil dólares que no explican sus ingresos declarados. El fiscal Gerardo Pollicita sostiene que la evidencia hace inevitable su indagatoria y que no aflojará pese a la presión. La secuencia —Adorni afuera del Gabinete, Rodríguez Ponte con pliego acelerado, querellantes de Libra apartados— no necesita una confesión para leerse: necesita apenas seguir las fechas.
«Este pacto de impunidad se sella a través de quien ambos han elegido como su delegado: Juan Bautista Mahiques», sintetizó el abogado querellante Juan Grabois tras conocerse el apartamiento de las querellas en la causa Libra.
El Gobierno, previsiblemente, encuadrará todo esto como el funcionamiento normal de las instituciones: pliegos que vencen, jueces que cumplen 75 años, designaciones que siguen el procedimiento constitucional del Senado. El argumento se cae por peso propio ante la evidencia acumulada. Un procedimiento administrativo no explica por qué un camarista se reúne con el ministro de Justicia semanas antes de fallar a favor del Gobierno en la causa que ese mismo Gobierno más necesitaba ganar. Tampoco explica por qué el pliego del secretario de Lijo se acelera exactamente cuando ese juzgado de Lomas de Zamora investiga a un intendente peronista, ni por qué la Comisión de Acuerdos del Senado presiona a una fiscal para que ratifique el fallo que enterró la causa Libra en lugar de dejarla avanzar por mérito propio.
Cien pliegos y la ocupación de las vacantes
Detrás de estos casos puntuales opera algo más amplio y bastante menos visible: el copamiento sistemático de los tribunales federales a través de una acumulación de pliegos que el propio Gobierno formalizó en el Boletín Oficial, un paquete de cien propuestas para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, buena parte de ellos vacantes desde hace años.
En esa lista conviven la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques —camarista de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del propio ministro de Justicia, que también cumple 75 años y necesita revalidar su cargo— y la designación de Ana María Cristina Juan, esposa del juez Martínez De Giorgi, para un juzgado federal, mientras es justamente su marido quien resolvió el destino de la causa Libra.
La Comisión de Acuerdos del Senado llegó a tratar una treintena de pliegos judiciales en una sola sesión, una velocidad que contrasta con los años que esos mismos juzgados y cámaras pasaron con estrados vacíos y causas sin titular. No se trata de la designación aislada de uno u otro juez afín: es la ocupación planificada de las vacantes acumuladas con nombres que pertenecen a la misma trama de vínculos familiares y profesionales que en Comodoro Py se conoce, sin eufemismos, como la familia judicial.
ANDIS, la casta y los dos pesos y las dos medidas
Mientras el Gobierno consolida su control sobre las causas que lo afectan, la maquinaria judicial mantiene un tratamiento radicalmente distinto para el kirchnerismo. La causa Vialidad —que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a una condena e inhabilitación sin que existiera un solo peso de perjuicio fiscal probado con el rigor que exige cualquier delito de esta magnitud— sigue siendo la referencia obligada de un patrón de persecución judicial que utilizó tribunales, cámaras y hasta la Corte Suprema para bloquear en tiempo récord una candidatura, mientras causas de corrupción con pruebas documentales contundentes, como la del sobreprecio de hasta el 4.000% denunciado por la propia intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, avanzan con la lentitud deliberada que caracteriza a Comodoro Py cuando el investigado es amigo del poder.
El juicio de los cuadernos, que debía ser la gran causa de la corrupción kirchnerista, se convirtió en un papelón de nulidades, jueces recusados y pruebas contaminadas que dejó expuesto el manejo político de la causa y sobre todo la fragilidad estructural del sistema que la instruyó.
El resultado de décadas de manipulación cruzada, desde los noventa hasta este gobierno que perfeccionó el mecanismo con el clan Mahiques como ariete, es un Poder Judicial sin autoridad moral para exigirle nada a nadie. La Corte Suprema, que debería ser el último resguardo institucional, llega a este momento con su propia crisis de legitimidad, entre vacantes politizadas, fallos que convalidan el ajuste sin matices y una desconexión cada vez más evidente con las demandas de una sociedad que dejó de creer en la Justicia como garantía de igualdad ante la ley.
La tarea pendiente
Ningún gobierno que llegue después de este podrá desentenderse de la reforma judicial. No alcanza con cambiar el color político de quienes ocupan los despachos de Comodoro Py: la reforma que la Argentina necesita es estructural y debe incluir concurso público real y transparente para los cargos, límites efectivos a la injerencia del Poder Ejecutivo sobre los pliegos, un Consejo de la Magistratura despojado de la lógica de reparto partidario, y mecanismos de control patrimonial y disciplinario que funcionen antes del escándalo, no después. Mientras esa discusión siga postergada, cada gobierno de turno —sin distinción de signo— seguirá teniendo la tentación, y probablemente los medios, para convertir a la Justicia en una prolongación del poder de turno. La independencia judicial no se declama en un discurso de asunción, se construye desarmando exactamente la arquitectura y la lógica que hoy opera, con nombres y apellidos, desde el Ministerio de Justicia.
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