El hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años desató una noche de incidentes en el barrio General Mosconi y un tenso cruce en Tribunales II, donde la periodista Laura Vilches interrumpió al fiscal Raúl Garzón para acusarlo de cinismo. La investigación tiene un detenido, Claudio Barrelier, pero el expediente expone una cadena de demoras que el Ministerio Público no logró justificar.
El sábado 30 de mayo, a la tarde, el fiscal Raúl Garzón confirmó ante las cámaras que los restos hallados en el predio de Ampliación Ferreyra pertenecen, con una probabilidad del 98%, a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde la noche del 23 de mayo en el barrio General Mosconi, en el norte de Córdoba. Lo que vino después desbordó los márgenes de una conferencia de prensa habitual: el cruce entre el magistrado y la exconcejal Laura Vilches, la bronca vecinal que derivó en quema de neumáticos y la represión policial componen un cuadro institucional de severa gravedad.
Garzón se presentó flanqueado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien eligió no pronunciar palabra en los cuarenta minutos que duró el encuentro con los periodistas. El fiscal abrió su exposición enumerando los méritos del operativo de búsqueda y se extendió en elogios hacia los perros rastreadores que permitieron localizar los restos. Ese giro hacia la autocomplacencia fue el detonante.
«Puede ahorrarse el cinismo. Usted felicita a los canes mientras denunciamos su responsabilidad ante la Justicia. Pare un poco: es una payasada lo que está haciendo.» — Laura Vilches, exconcejal de izquierda
La irrupción de Vilches, quien se encontraba acreditada como periodista y referente feminista, cortó en seco la exposición del magistrado y transformó la sala colmada de cronistas en el escenario de una confrontación política. La dirigente denunció de manera explícita la presunta inacción tanto del Poder Judicial como del Gobierno provincial durante los siete días de búsqueda.
El fiscal reaccionó con una postura que sus detractores leyeron como agresiva hacia la prensa. «Ustedes hagan una autocrítica», lanzó en un momento de la rueda de prensa, antes de insistir en que el equipo investigativo «hizo todo bien». A una periodista que señaló la falta de perspectiva de género en la Justicia en general, Garzón no respondió con datos sino con una reprimenda sobre la conducta profesional. «No hay ninguna autocrítica», remató cuando se le preguntó por las demoras denunciadas por la familia.
Cadena de fallas que la Fiscalía no logra refutar
La cronología del caso concentra las fallas institucionales más graves. En la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando el abuelo de Agostina, Miguel Heredia, llegó a la Unidad Judicial 13 para radicar la denuncia, le informaron que la mayoría de los agentes estaban afectados al operativo de la final entre Belgrano y River. La búsqueda tardó en activarse. El sistema de Alerta Sofía —protocolo obligatorio ante la desaparición de menores— se activó con casi 72 horas de demora, según organizaciones feministas que siguen el caso. El allanamiento al domicilio de Claudio Barrelier, la última persona que estuvo con la adolescente, también tardó más de lo que la familia consideró razonable.
Garzón estableció su propia línea de tiempo para desmentir esas versiones: sostuvo que la denuncia ingresó a las 8:42 del domingo y que la fiscalía «se activó de inmediato», sin esperar las 24 ni las 48 horas que algunos cuestionaron. También aclaró que la Unidad Judicial depende del Ministerio Público Fiscal, no del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, el magistrado no logró explicar de manera convincente por qué Barrelier —quien cuenta con antecedentes penales y había sido denunciado con anterioridad— seguía trabajando como empleado contratado por la Municipalidad de Córdoba en el área de Tránsito.
«Nadie nos escuchó. No hicieron nada. Cuánto se tardaron.» — Tía de Agostina Vega
Para el colectivo Ni Una Menos Córdoba, el femicidio de Agostina condensa un patrón recurrente: la negativa inicial a tomar la denuncia, la demora en el Alerta Sofía, la tardanza en el allanamiento y la presencia del sospechoso en un cargo público a pesar de sus antecedentes. «Todo el proceso estuvo plagado de falencias», resumió Josefina Rodríguez, integrante de la organización. El hecho se produce, además, días antes del aniversario de Ni Una Menos —la marcha histórica que impulsó políticas públicas de prevención de la violencia de género—, una coincidencia que amplifica el impacto simbólico del caso.
Noche de incendios y balas de goma en General Mosconi
Mientras en Tribunales II el fiscal intentaba contener el vendaval de críticas, en la calle Alem al 3700 la angustia se convertía en furia. Decenas de vecinos, compañeros de colegio de la víctima y familiares se concentraron frente a la casa de los Vega. La madre de Agostina, Melisa Heredia, no pudo estar presente: sufrió una descompensación severa antes de conocer la confirmación oficial y fue internada en terapia intensiva con deshidratación, hipertensión y complicaciones orgánicas. Al cierre de esta edición, según su abogado Carlos Nayi, aún ignoraba que su hija había muerto.
La bronca no apuntó solo contra Claudio Barrelier, el único detenido hasta ahora. Parte de los manifestantes volcaron su rabia contra la Policía provincial y contra el ministro Quinteros, a quien exigieron la renuncia. Las consignas recorrieron dos ejes: la demora en los protocolos de búsqueda y el partido de fútbol que —según los vecinos— ocupó la atención de las fuerzas de seguridad la noche de la desaparición.
Entrada la noche, la movilización se desplazó al Destacamento Policial Juan Pablo II. Los manifestantes lanzaron piedras contra el edificio; la Policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. Entre las corridas, el abuelo de la víctima sintetizó en pocas palabras el estado de ánimo del barrio: «A mi nieta me la mataron. Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte.»
Restos hallados: dentro de un balde de pintura de 20 litros y bolsas de consorcio, en un descampado de Ampliación Ferreyra.
La calificación legal y la cuestión de género que el fiscal no reconoce
Uno de los pasajes más reveladores de la conferencia de prensa fue la declaración de Garzón sobre la perspectiva de género: afirmó en un primer momento que no veía «una cuestión de género» en el caso, para luego matizar la afirmación y señalar que «todos los aspectos que impliquen el respeto a una mujer y niña serán tenidos en cuenta». La fiscalía prepara igualmente una modificación de la carátula para incluir homicidio, femicidio —con la violencia de género como agravante— y alevosía, por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de una menor.
Esa contradicción no pasó desapercibida para los organismos de derechos humanos ni para la prensa. Un especialista en causas policiales de C5N señaló que la calificación inicial resultaba «demasiado leve» y cuestionó la ausencia del agravante de alevosía cuando, según los indicios, la víctima fue llevada engañada hasta la vivienda del imputado. La familia de Agostina, por su parte, sostiene que Barrelier «mintió todo el fin de semana» y que la pista central —el remisero que trasladó a la adolescente— la aportó la propia comunidad, no el aparato judicial.
La investigación que conduce Garzón desde la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 acumula, así, dos tensiones paralelas: una hacia el imputado, cuya nueva indagatoria determinará si hay cómplices o si la causa se ampliará más allá de Barrelier; y otra hacia las propias instituciones del Estado cordobés, cuya actuación en los primeros días de búsqueda quedó, al menos, bajo severa sospecha social.
La causa expone una cadena de fallas que arranca con la negativa a tomar la denuncia y se extiende hasta la demora en el Alerta Sofía: un patrón que Ni Una Menos Córdoba identifica como estructural.
El caso Agostina Vega llega al debate público en un momento en que el sistema de protocolos de búsqueda de menores —el Alerta Sofía, creado precisamente para evitar dilaciones fatales— vuelve a ser cuestionado en su aplicación práctica. La pregunta que el fiscal no respondió el sábado en Tribunales II es la que el barrio General Mosconi formuló de otra manera, entre neumáticos ardiendo y balas de goma: ¿qué pasaría si la denuncia se hubiera tomado a tiempo?
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