La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción más rica del país. Tiene el mayor presupuesto por habitante, la recaudación más alta y casi veinte años de gestión ininterrumpida del PRO. Tiene también 12.000 personas durmiendo en la calle, un presupuesto de vivienda en su piso histórico de catorce años y un jefe de Gobierno que presenta la persecución de vendedores ambulantes, como uno de sus logros centrales.
Desde 2007, cada administración del PRO en la Ciudad entregó tierras públicas al sector privado a un ritmo sin antecedentes en la historia urbana del país. Durante las dos gestiones de Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno, entre 2008 y 2015, se privatizaron más de 205 hectáreas. Rodríguez Larreta enajenó otras 225 entre 2016 y 2019. Jorge Macri llegó para profundizar la secuencia. En octubre de 2025, el gobierno porteño puso en subasta pública ocho hectáreas del Parque de la Ciudad —el segundo pulmón verde metropolitano— a precio base de 1.900.000 dólares, adjudicables a un único comprador.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad impugnó la operación por inconstitucional: el Plan Urbano Ambiental establece tres destinos posibles para las tierras públicas —espacios verdes, viviendas sociales y equipamiento urbano— y ninguno habilita la venta para negocios inmobiliarios privados. La subasta siguió adelante.
El mecanismo se perfeccionó además con el nuevo Código Urbanístico, aprobado en diciembre de 2024 sin participación ciudadana real, diseñado en base a reuniones directas entre funcionarios y desarrolladoras privadas. El instrumento creó un sistema de transferencia de capacidad constructiva: los desarrolladores que inviertan en los barrios populares del sur —La Boca, Constitución, Barracas, Villa Lugano— reciben a cambio la habilitación para construir más alto en las zonas nobles del norte. En la avenida Cabildo, por ejemplo, el techo pasa de 14 a 23 pisos. El argumento oficial habla de equilibrio territorial. El resultado concreto es que los barrios populares operan como crédito fiscal para que las desarrolladoras amplíen su negocio en Palermo y Belgrano, mientras el déficit habitacional de quienes viven en esos barrios del sur sigue sin resolverse.
Ese es el modelo de ciudad que administra Jorge Macri. Patrimonio público transferido al sector privado, presupuesto social en caída sostenida, y la brecha resultante tapada con un relato de orden que funciona como coartada política permanente. Las partidas para organismos de vivienda caen un 22,9% en términos reales en 2026 y representan apenas el 0,94% del presupuesto total porteño, el nivel más bajo en al menos catorce años. En el mismo período, los programas de políticas alimentarias registraron recortes del 72% en términos reales. Los recuperadores urbanos perdieron un 20% de sus ingresos porque la Ciudad dejó de financiar sus traslados. Los hospitales acumulan caídas reales año tras año. La mayor inversión en obra pública que prevé el presupuesto 2026 es la refacción del autódromo Juan Gálvez para traer la Fórmula 1.
Las consecuencias de esas decisiones se acumulan en las veredas. El Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en junio de 2025, contabilizó 12.000 personas sin techo solo en la Ciudad, un aumento del 60% respecto de 2019 y un crecimiento acumulado del 170% en ocho años. El 40% lleva más de un año en esa situación. El 80% sufrió violencia institucional, principalmente por parte de la Policía de la Ciudad y del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. El 64% registra deterioro en su salud desde que perdió la vivienda. Más del 66% trabaja igual —changas, cartoneo, venta ambulante— porque la pobreza no es pasividad.
La respuesta oficial a esa crisis es un subsidio habitacional que en 2025 cubre, según el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, apenas la mitad del costo promedio de una habitación en pensión. Cerca de 44.000 personas viven en hoteles y pensiones concentrados en cuatro comunas. Macri declaró públicamente que el Estado debe dejar de invertir en villas y priorizar a la clase media. Los datos desmienten hasta esa promesa: los programas de apoyo al alquiler para sectores medios representan solo el 4% de las partidas de vivienda.
Frente a todo ese cuadro, la respuesta política del gobierno porteño fue el orden. La palabra aparece en cada operativo, en cada spot, en cada conferencia de prensa. En mayo de 2025, un megaoperativo de 200 efectivos policiales y 110 inspectores desalojó de madrugada la feria del Parque Los Andes en Chacarita, donde desde hacía siete años cientos de feriantes vendían libros, ropa y antigüedades los fines de semana. Secuestraron más de 6.700 bultos de mercadería, destruyeron 127 estructuras de puestos y no ofrecieron ninguna reubicación. Fue uno de doce grandes operativos lanzados contra vendedores ambulantes en Once, Constitución, Parque Patricios y Liniers.
Las organizaciones de trabajadores informales documentaron el patrón sistemático de confiscación de mercadería, persecución y, según una denuncia pública de Juan Grabois en octubre de 2024, exigencia de coimas semanales de hasta $400.000 por parte de efectivos policiales. Macri respondió por Twitter. No se inició ninguna investigación oficial.
Para sostener ese operativo permanente, el gobierno equipó la fuerza: en 2025 incorporó más de 2.000 nuevos agentes, 500 vehículos y extendió la red de videovigilancia a 17.000 cámaras. Un decreto de necesidad y urgencia habilitó además el ciberpatrullaje de redes sociales sin orden judicial, medida impugnada por el CELS y el INECIP. El Estado porteño se expande donde le conviene y se retira donde la gente lo necesita.
El orden de Macri no persigue a los especuladores que acumulan departamentos vacíos en la ciudad más cara del país. No regula el mercado que expulsa familias de sus barrios. No construye las viviendas que el déficit exige. Persigue a los que trabajan en la calle porque el mismo modelo que él administra los dejó sin otra opción. El negocio inmobiliario avanza sobre el patrimonio de todos, el presupuesto social retrocede, y cuando la miseria se hace visible en las veredas, aparece la policía para reprimir.
La propia interna del PRO lo sintetizó con una precisión que ningún analista opositor igualó. La senadora Guadalupe Tagliaferri, candidata del partido a la Legislatura porteña, dijo en plena campaña que si se le pregunta a cualquier vecino si la ciudad está mejor que antes, la respuesta es que está peor. La definió como la peor gestión del PRO en la Ciudad. No lo dijo la izquierda. Lo dijo el PRO.
Buenos Aires sigue siendo linda. Para algunos, cada vez más linda y lucrativa. Para el resto, cada vez más cara, más sucia y más injusta.
REDACCION DATA Política y Económica
