Rectores, docentes, estudiantes e investigadores colmaron el centro porteño y replicaron la protesta en todo el país. Con la Ley de Financiamiento suspendida judicialmente a la espera del máximo tribunal, el reclamo ya no es solo por presupuesto: es por el respeto al Estado de derecho.
La Plaza de Mayo volvió a ser el centro de gravedad del conflicto universitario. Este martes, estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y autoridades de todo el país confluyeron en lo que ya es la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central se desarrolló frente a la Casa Rosada y los reclamos volvieron a apuntar a tres ejes: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la desobediencia a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias su aplicación inmediata, y la caída sostenida del poder adquisitivo de los salarios docentes.
La movilización no llegó en el vacío. Se realizó exactamente cinco días después de que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitara al Gobierno a recurrir ante la Corte Suprema, con el efecto inmediato de suspender la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario. La medida que ordenaba actualizar salarios y becas quedó en suspenso hasta que el máximo tribunal se expida. En ese contexto, el pedido que los manifestantes le dirigieron a la Corte fue tan explícito como el que le dirigieron al Ejecutivo.
El documento: «Lo que se rompe es el contrato social»
La Federación Universitaria Argentina fue la encargada de leer el documento final ante la Plaza colmada. En él se afirmó que el poder adquisitivo de las partidas para gastos de funcionamiento universitario no superó, en ningún mes de la gestión Milei, el 64% del que tenía en enero de 2023.
El texto fue una de las piezas más contundentes en términos institucionales que produjo el movimiento universitario desde que comenzó el conflicto. «El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho», señalaron.
El pedido a la Corte Suprema fue directo. Rectores y estudiantes coincidieron en exigirle al máximo tribunal que «los acompañe» y que «no permita» que el Gobierno siga ignorando la norma. Anselmo Torres, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, tomó el micrófono y dijo ante la multitud que la jornada fue «un día histórico». «Nos encontramos en la calle y dijimos que el otro sí nos importa. Nos importan los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes», remarcó.
Los números que explican la calle
Las cifras que maneja el sector universitario son de una elocuencia difícil de rebatir. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Mientras la inflación trepó un 293% en ese período, los salarios docentes crecieron apenas un 147%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo superior al 37%. Según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación y la Federación de Docentes de las Universidades, el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza. Las becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 desde diciembre de 2023.
A ese cuadro se suma la situación de los hospitales universitarios. En los primeros cuatro meses de 2026, el Gobierno ejecutó apenas el 9,3% de los fondos asignados a esas instituciones, lo que implica una caída real del 67% respecto de 2025 y del 86% frente a 2023. En paralelo, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo oficializó una quita de $78.768 millones en partidas de la Secretaría de Educación, bloqueando además el envío de fondos para infraestructura universitaria en trece casas de estudio de todo el país.
La historia de una disputa que el Gobierno no cedió
La de este martes fue la cuarta marcha, pero la historia del conflicto arranca mucho antes. El 23 de abril de 2024, más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda movilización fue el 2 de octubre de ese año, frente al Congreso, con el objetivo de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El recorrido judicial es igualmente tenaz. El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las universidades y suspendió parcialmente la aplicación del Decreto 759/25. El Gobierno apeló. El 31 de marzo de 2026, la Cámara confirmó esa cautelar. Fue recién entonces cuando la administración recurrió a la instancia extraordinaria para llegar a la Corte, obteniendo la suspensión preventiva de la norma mientras el máximo tribunal delibera.
La posición oficial sostiene que la ley «nació suspendida en su ejecución» porque los legisladores no determinaron las fuentes de financiamiento al sancionarla, y que su aplicación plena demandaría un gasto de 1,9 billones de pesos que comprometería el equilibrio fiscal. La réplica del sector universitario es que la norma fue aprobada, vetada y ratificada por dos tercios de ambas cámaras —el umbral más alto que prevé el sistema constitucional— y que la Justicia avaló su aplicación en dos instancias consecutivas.
La Plaza y sus carteles
La concurrencia a Plaza de Mayo no se limitó a los discursos. Hubo un despliegue de creatividad que reflejó el estado de ánimo de una comunidad que lleva más de dos años en conflicto. El jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, fue blanco de reproches. «Menos cascadas y más universidad», decía uno de los carteles, en alusión directa a las refacciones descubiertas en una de sus propiedades. Sobre la avenida de Mayo, un grupo realizó un desfile de «viudas» que simularon velar a la ciencia, en referencia a la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que dispuso Milei al asumir.
También marcharon representantes de la comunidad científica, sectores vinculados a la investigación que vienen denunciando una «situación límite» por el desfinanciamiento y la caída salarial. La CGT y las dos CTA participaron con sus respectivas columnas, bajo la consigna de la recomposición salarial y el presupuesto para el funcionamiento universitario y los hospitales. Al caer la tarde, al ritmo de los Redondos, la Plaza comenzó a desconcentrar en paz.
La pelota en la Corte
Lo que distingue esta marcha de las tres anteriores es el destinatario central del reclamo. Ya no es solo el Ejecutivo el que debe actuar: es el Poder Judicial en su máxima instancia. El sistema universitario argentino —rectores, docentes, estudiantes— salió a la calle para pedirle a la Corte Suprema que defina si una ley aprobada por el Congreso, respaldada dos veces por la justicia ordinaria y ratificada con mayoría agravada puede quedar indefinidamente sin aplicarse por voluntad del Ejecutivo.
El documento universitario fue preciso al respecto: «Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo». La Corte tiene ahora en sus manos una definición que va mucho más allá del presupuesto educativo: debe pronunciarse sobre hasta dónde puede llegar la desobediencia institucional antes de que el sistema de pesos y contrapesos que organiza la república deje de funcionar.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
