Con 70 distritos en rojo y el aguinaldo de julio en riesgo, peronistas, radicales y macristas confluyen en un frente único para liberar los fondos del FEFIM. La Legislatura paralizada agrava la emergencia.
Una fractura fiscal que no distingue banderas
La política bonaerense rara vez ofrece intendentes peronistas, radicales y del PRO caminando juntos hacia el mismo edificio con el mismo pliego. Eso ocurre ahora, y la razón es una sola: la política de ajuste de Javier Milei dejó a más de 70 municipios bonaerenses con las arcas vaciadas y la amenaza concreta de no poder pagar el aguinaldo en julio.
El reclamo se concentra en un punto preciso: modificar la ley provincial 15.561, que regula el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). Tal como quedó redactada en diciembre de 2025, el 70% de los recursos se distribuye con libre disponibilidad vía Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras el 30% restante queda atado a programas provinciales de infraestructura, transporte y cultura. Los intendentes exigen que el 100% sea de libre disponibilidad.
El Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE), que reúne a unos 60 alcaldes de distintos signos políticos, formalizó el pedido mediante cartas a la vicegobernadora Verónica Magario —presidenta del Senado— y al titular de Diputados, Alejandro Dichiara. En los fundamentos sostienen que «muchos municipios ya recurrieron a mecanismos extraordinarios de financiamiento de corto plazo para garantizar sus obligaciones básicas, situación que no resulta sostenible».
La cadena del ajuste: ¿Cómo llegaron aquí?
La deuda que Nación acumula con Bu¿enos Aires supera los 12 billones de pesos —coparticipación retenida, FONID eliminado, subsidios al transporte recortados, obra pública paralizada— y ese agujero se traslada directamente a los municipios. La consultora PPA midió una caída real del 12% en la coparticipación bruta municipal durante el primer bimestre de 2026: $14.820 millones menos. Al mismo tiempo, la recaudación propia cae con la recesión, la morosidad en tasas locales crece y la demanda sobre salud y asistencia social municipal se expande, porque los servicios que Nación recortó ahora los absorbe el municipio.
Al menos seis distritos declararon formalmente la emergencia económica. Azul la sostiene desde 2024; Nueve de Julio la firmó en abril de 2025. En el Conurbano varios municipios pagan a proveedores en cuotas. La coparticipación cayó un 19,4% real en el primer trimestre en distritos como Nueve de Julio, mientras que en Pergamino la recaudación propia bajó más del 10%.
«La crisis ya no distingue signos partidarios y obliga a construir posiciones comunes entre intendentes que, en otros escenarios, compiten entre sí.»
El cuello de botella: la Legislatura paralizada
El problema tiene también una dimensión institucional. La Legislatura bonaerense lleva casi dos meses de período ordinario sin constituir las autoridades de sus comisiones: ningún proyecto se discute, ninguna comisión funciona. La comisión bicameral de 12 miembros que exige la ley 15.561 para supervisar el 30% de los fondos con asignación específica no fue conformada. Ante ese bloqueo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respondió al reclamo de los intendentes radicales con un pase de pelota hacia el Parlamento: «el esquema fue definido en la Legislatura», argumentó. Los intendentes fueron entonces con el pedido al parlamento bonaerense.
La Provincia transfirió a fines de abril la primera cuota del FEFIM: $13.010 millones distribuidos entre los 135 distritos según el CUD. Un alivio parcial que no resuelve el fondo del problema: esos recursos llegan con una porción afectada a programas que los municipios no pueden redireccionar hacia el pago de sueldos.
La presión del calendario
El timing del reclamo no es casual. Hay consenso en los bloques legislativos bonaerenses de que durante julio —mes del Mundial— no habrá sesiones. La ventana para modificar la ley es angosta: las próximas semanas. En paralelo, el diputado radical Diego Garciarena presentó un proyecto para incorporar como recursos coparticipables la deuda que Nación mantiene con la Provincia: si Kicillof recupera parte de los 750.000 millones reclamados —más $1,3 billones por el Pacto Fiscal— esos fondos irían directamente a los 135 municipios.
La cadena es legible: Milei ajusta sobre las provincias en nombre del equilibrio fiscal; las provincias ajustan sobre los municipios; los municipios absorben la recesión que el ajuste genera. En el extremo final de esa cadena está el trabajador municipal que podría no cobrar el aguinaldo en julio. El reclamo de los intendentes en la Legislatura es la emergencia del eslabón más cercano al ciudadano, pidiéndole al escalón superior que le devuelva el oxígeno que la política nacional le quitó.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
