La disputa entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Javier Milei sumó esta semana un nuevo capítulo, con alto voltaje político y fuerte densidad institucional. Axel Kicillof reunió en La Plata a 62 intendentes bonaerenses para pedirles que acompañen el reclamo ante la Corte Suprema por los fondos que la administración provincial considera retenidos de manera indebida por la Nación. Según el planteo oficial, la deuda total y el impacto acumulado del ajuste sobre las cuentas bonaerenses ya supera los 22,2 billones de pesos.
La escena tuvo un peso que excede lo administrativo. No se trató solo de una cumbre de gestión ni de una puesta en escena defensiva. Fue la construcción de un frente político frente a un cuadro económico que se agrava y que, en territorio bonaerense, ya se expresa en caída de la recaudación, aumento de la morosidad, retracción del consumo, deterioro del empleo y mayores demandas alimentarias, sanitarias y sociales en los municipios.
Kicillof volvió a plantear que el gobierno nacional descarga el peso del ajuste sobre las provincias y, por extensión, sobre los municipios. En ese marco, sostuvo que la Nación mantiene deudas vinculadas a fondos previsionales, obra pública, seguridad, transporte y otros compromisos que afectan de manera directa las finanzas bonaerenses. La provincia ya llevó parte de esa controversia a la Corte Suprema, donde el 17 de marzo se realizó una audiencia por la deuda de ANSES con la caja previsional bonaerense, y el expediente tendrá continuidad en abril.
El encuentro en el Salón Dorado dejó además una señal política relevante: junto a intendentes peronistas hubo jefes comunales radicales y también presencia del PRO. Esa transversalidad no implica una alianza estable, pero sí deja ver que la crisis fiscal empezó a perforar las fronteras partidarias. Cuando caen los recursos y suben las urgencias, la discusión deja de ser ideológica en abstracto y pasa a ser una cuestión concreta de gobernabilidad cotidiana.
Los testimonios de los intendentes fueron, en ese sentido, el dato más elocuente. Oficialistas y opositores describieron una misma secuencia: baja de cobrabilidad de tasas, más vecinos que piden asistencia, dificultades para sostener servicios y una creciente presión sobre presupuestos ya exhaustos. El problema no aparece solo en las grandes ciudades del conurbano; también golpea a municipios medianos e interiores, donde la caída de la actividad económica impacta de lleno sobre la coparticipación y el comercio local.
Kicillof llegó a la reunión con tres anuncios. El primero fue la presentación de una nueva demanda ante la Corte por el incumplimiento del Pacto Fiscal de 2017 y su actualización de 2023. El segundo, la implementación del Fondo de Emergencia a la Inversión Municipal. El tercero, la instrumentación del Fondo de Recupero de las Deudas del Estado nacional, mediante el cual parte de lo eventualmente recuperado por la Provincia se distribuiría entre los municipios. La ley bonaerense 15.561 creó ese esquema de fortalecimiento municipal y fijó un piso de financiamiento para asistir a las comunas en un contexto de fuerte restricción.
En paralelo, hubo una noticia de alivio parcial: el Gobierno nacional autorizó a la provincia a tomar deuda por un billón de pesos, aunque esos recursos solo podrán destinarse a cancelar vencimientos previos. Es decir, no resuelven el problema de fondo. Funcionan como un respirador financiero, pero no revierten la caída de ingresos corrientes ni cubren el desfasaje operativo que enfrentan la Provincia y los municipios en la prestación diaria de servicios.
La respuesta libertaria no tardó. Desde La Libertad Avanza bonaerense cuestionaron la movida de Kicillof y la interpretaron como una ofensiva política contra la Casa Rosada. Pero el punto central no parece agotarse en la retórica partidaria. Lo que está en discusión es quién absorbe el costo de la recesión y del ajuste: si la Nación, que recorta y se repliega, o las provincias y municipios, que quedan obligados a contener la crisis con menos herramientas. Ahí está el nudo del conflicto.
En rigor, la reunión de La Plata buscó convertir una dificultad fiscal en una demostración de fuerza política. Kicillof intentó mostrar que no está solo en la pelea con Milei y que el reclamo no es apenas una disputa entre dos gobiernos, sino la expresión de una estructura estatal que empieza a crujir desde abajo. En esa lógica, la presencia de intendentes de distinto origen partidario valió tanto como cualquier cifra.
La cuestión tiene, además, una dimensión institucional de largo alcance. Si la judicialización del conflicto avanza y la Corte empieza a intervenir de manera más activa en la controversia por los fondos, el caso bonaerense podría transformarse en un antecedente para otras provincias. No se trata solo de cuánto se debe o de qué partida fue recortada, sino del alcance real del federalismo en un contexto donde el Estado nacional concentra decisiones, licúa transferencias y se desentiende de funciones básicas.
Debajo de la pelea política asoma una realidad más áspera. Mientras la Casa Rosada sostiene el ajuste como núcleo de su programa económico, en los territorios se multiplica la demanda de alimentos, medicamentos, empleo y asistencia. Son los municipios y las provincias los que siguen dando respuesta donde la Nación se retira. Y lo hacen, cada vez más, con presupuestos debilitados y márgenes mínimos.
La foto de La Plata, entonces, dejó algo más que un gesto opositor. Mostró que la asfixia fiscal ya dejó de ser una discusión técnica entre ministerios y pasó a convertirse en un conflicto político de primera magnitud. En la provincia de Buenos Aires, ese conflicto ya tiene números alarmantes. Pero, sobre todo, tiene consecuencias concretas sobre millones de personas.
