Mauricio Novelli pidió la nulidad de la pericia sobre su celular y volvió a sacudir la causa $LIBRA. Pero el problema del Gobierno ya no pasa sólo por una discusión técnica: los archivos secuestrados siguen dejando al descubierto una red de contactos, negocios y favores que cercan a Javier Milei, compromete cada vez más a Manuel Adorni y proyecta sobre la Casa Rosada una sombra más amplia, la de una forma de hacer política donde lo público y lo privado parecen confundirse peligrosamente.
Mauricio Novelli movió una ficha esperable, pero de enorme relevancia. Su defensa pidió la “nulidad absoluta” del peritaje realizado sobre sus dispositivos en la causa $LIBRA, con el argumento de que hubo filtraciones, accesos indebidos y una eventual ruptura de la cadena de custodia. También cuestionó que el análisis habría ido más allá de lo autorizado, al incorporar archivos privados y comunicaciones protegidas. Dicho en lenguaje político: Novelli busca sacar del expediente la prueba que más daño viene causando.
El problema para el oficialismo es que esa prueba no compromete sólo al empresario cripto. Lo que empezó a emerger del celular de Novelli es una trama más incómoda: relaciones directas con el entorno presidencial, negociaciones privadas apalancadas en el acceso al poder y una secuencia de contactos que golpea de lleno la versión de Javier Milei, quien durante mucho tiempo intentó presentarse como un mero difusor ocasional de un emprendimiento ajeno.
El vínculo Milei-Novelli, bajo una luz cada vez más cruda
Uno de los datos más delicados del expediente es la intensidad de la comunicación entre Milei y Novelli en el momento decisivo del lanzamiento de $LIBRA. El peritaje reveló que ambos intercambiaron siete llamadas el día del lanzamiento de la criptomoneda: cinco dentro de la hora previa al posteo presidencial y otras dos en la media hora posterior. También aparecen múltiples contactos de Novelli con Karina Milei y Santiago Caputo en las horas y días en que el escándalo ya había explotado. Esa secuencia vuelve mucho más difícil sostener que el Presidente estaba al margen de la operatoria que luego derivó en denuncias por fraude.
Pero además el vínculo entre Milei y Novelli no empieza ni termina en $LIBRA. Investigaciones periodísticas publicadas en los últimos días reconstruyeron que ambos ya habían coincidido en 2022 alrededor de otro proyecto cripto fallido, Vulcano, cuando Milei todavía era diputado nacional. A la vez, documentos extraídos del teléfono de Novelli muestran que el trader ofrecía a empresarios del sector un acceso privilegiado a Javier y Karina Milei como un activo exclusivo dentro de acuerdos confidenciales, con pagos en criptomonedas y promesas de interlocución directa. Ya no se trata de una relación social o episódica: lo que aparece es un intento de convertir la cercanía con el poder en un valor comercializable.
En ese mismo sentido, otra pieza sumada a la causa refuerza la sospecha de que Novelli operaba como nexo entre la Casa Rosada y el ecosistema financiero-tecnológico. Una carta de intención fechada en agosto de 2024, dirigida a Milei y vinculada a Cube Exchange Australia, propone avanzar en la apertura de una cooperativa de crédito en la Argentina y quedó bajo análisis judicial. El punto no es sólo el contenido del documento, sino el lugar que Novelli ocupa en ese entramado: ya no como un simple organizador de eventos, sino como articulador de proyectos que buscaban aprovechar la investidura presidencial como plataforma de negocios.
Adorni, de vocero del Gobierno a problema del Gobierno
En esa red aparece también, cada vez con más nitidez, Manuel Adorni. Los chats surgidos del teléfono de Novelli mostraron que el actual jefe de Gabinete estaba previsto como figura central del Tech Forum 2025, el evento que terminó cayéndose después del estallido de $LIBRA. En esos intercambios se hablaba de presentarlo como “key note speaker” y como la apertura del encuentro. En otro mensaje, Sergio Morales reclamaba que el flyer tuviera “más gancho” porque Adorni “no va a ser un speaker más”. Es un dato políticamente demoledor: Adorni no orbitaba alrededor de la trama, estaba adentro.
Eso vuelve especialmente costoso su caso para la Casa Rosada. Adorni no es un funcionario menor: fue durante meses la voz cotidiana del mileísmo y hoy ocupa la jefatura de Gabinete. Si queda políticamente herido, no sólo cae un nombre importante del organigrama; se resquebraja uno de los principales dispositivos de legitimación del Gobierno. Por eso la conferencia del 25 de marzo tuvo tanto de defensa personal y tanto de puesta en escena oficial. Allí Adorni dijo que construyó su patrimonio antes de entrar al Gobierno, que no tenía nada que esconder y que sólo respondería ante la Justicia. Pero evitó aclarar aspectos centrales de las denuncias y terminó profundizando la impresión de que el oficialismo ya no puede explicar con claridad la conducta de uno de sus hombres más cercanos.
El otro frente que lo complica es el de sus vuelos privados. El piloto y bróker Agustín Issin Hansen declaró que los viajes de Adorni y su familia a Punta del Este fueron pagados por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo personal del funcionario. Este viernes, la Justicia avanzó un paso más y ordenó retirar contratos y documentación vinculada a Grandio y a su productora Imhouse en la TV Pública, dentro de una causa que investiga presuntas dádivas. La empleada Vanesa Tossi ratificó además que el vuelo de regreso también fue abonado por Grandio. Lo que se investiga, en definitiva, es si hubo beneficios privados en una relación cruzada con un medio estatal que está bajo la órbita política del propio Adorni.
La otra sombra: ANDIS y el “3 por ciento”
Como si el frente cripto y el caso Adorni no alcanzaran, sobre el oficialismo pesa además la causa por presuntas coimas y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí fueron procesados Diego Spagnuolo y otros involucrados por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y otros delitos, mientras la Cámara Federal todavía discute la validez y el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario. En esas grabaciones se menciona un presunto “3 por ciento” para Karina Milei, referencia que sigue bajo discusión judicial y cuya autenticidad aún se debate en tribunales, pero que ya alcanzó para extender la sospecha hasta el centro mismo del poder político.
La gravedad política de ese expediente es difícil de exagerar. No sólo por la mención a Karina Milei, sino por el tipo de recursos bajo sospecha: fondos destinados a personas con discapacidad. Si el caso $LIBRA abrió la pregunta por la relación entre negocios privados y acceso al Presidente, y si el expediente de Adorni expone la promiscuidad entre función pública y vínculos personales, ANDIS lleva la discusión a un terreno todavía más brutal: el de un posible sistema de recaudación asentado sobre áreas sensibles del Estado.
Una matriz que empieza a repetirse
Vistos por separado, cada caso podría presentarse como un exceso, un desorden, un malentendido o una operación política. Pero cuando se los observa en conjunto, el cuadro cambia. $LIBRA expone una cadena de contactos frenéticos, acuerdos opacos y promesas de negocios alrededor de la figura presidencial. El caso Adorni muestra cómo la cercanía con el poder se mezcla con beneficios privados y contratos estatales. ANDIS suma la sospecha más grave de todas: la de una estructura que habría convertido áreas sensibles del Estado en fuente de recaudación y reparto. No son piezas inconexas. Lo que asoma, cada vez con más fuerza, es la imagen de una misma matriz: negocios privados que se apoyan en el Gobierno, funcionarios que actúan como puente y un Estado tratado no como herramienta pública sino como botín.
Ese es, probablemente, el punto de mayor desgaste para Milei. Su capital político se construyó sobre la promesa de venir a barrer con la casta, denunciar el saqueo y exhibir una superioridad moral frente al resto del sistema. Pero cuando las denuncias de corrupción empiezan a encadenarse y alcanzan al propio corazón del poder, el relato se agrieta. Reuters reportó esta semana una caída de casi cinco puntos en la aprobación del Gobierno en marzo, en un contexto donde corrupción, salarios y desempleo aparecen entre las principales preocupaciones. No es un dato accesorio: cuando la sospecha se vuelve persistente, deja de ser sólo un problema judicial y pasa a ser un problema de legitimidad.
Por eso el pedido de nulidad de Novelli llega en un momento tan delicado. Si la pericia cae, el oficialismo ganará aire. Si se mantiene, puede seguir abriendo ventanas sobre una forma de construcción de poder donde el acceso al Presidente, la cercanía con la Casa Rosada y el manejo de resortes estatales funcionan como moneda de cambio para negocios, favores y cobertura política. Y entonces lo que quedará expuesto no será sólo una sucesión de escándalos, sino algo más profundo: una lógica de gobierno en la que el Estado deja de administrar el interés público para ser usado como territorio de captura y saqueo. Sobre la Casa Rosada, por ahora, los nubarrones no se disipan. Se cargan.
