La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la orden para entregar acciones de la petrolera.
La decisión representa un fuerte alivio financiero para el Estado, pero también reabrió una disputa política de fondo: la que enfrenta dos miradas opuestas sobre la nacionalización de 2012, el papel del Estado en sectores estratégicos y el sentido mismo de la soberanía energética.
Un giro judicial de enorme impacto
El fallo conocido este viernes anuló la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que había condenado al país a resarcir a Petersen Energía y Eton Park por no haber lanzado una oferta pública de adquisición al momento de la expropiación. La Cámara entendió que esos reclamos por incumplimiento contractual no prosperaban bajo la legislación argentina, y además dejó sin efecto la orden posterior que buscaba avanzar sobre la participación estatal en YPF para ejecutar la condena.
El núcleo de la decisión judicial es relevante no solo por el dinero en juego, sino por su interpretación política y jurídica. Según Reuters, el tribunal sostuvo que el estatuto de YPF no obligaba al Estado argentino a realizar una oferta a accionistas como Petersen y Eton Park, y que la ley argentina de expropiación impedía, además, este tipo de demandas de terceros. En otras palabras: la Cámara consideró que la lectura de primera instancia había aplicado de manera incorrecta el derecho argentino.
La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS
La magnitud del alivio no es menor. El fallo de Preska equivalía a una carga extraordinaria para una economía que arrastra restricciones estructurales de divisas, endeudamiento y fragilidad fiscal. Reuters recordó que la condena representaba el 45% del presupuesto argentino de 2024 y que, con intereses, el monto había escalado hasta rozar los US$18.000 millones al momento de discutirse la apelación.
El trasfondo: una disputa nacida en la expropiación de 2012
La causa tiene origen en la decisión adoptada durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. Aquella medida, defendida en ese momento como una respuesta a la caída de la producción hidrocarburífera y a la pérdida de autoabastecimiento, derivó años después en una larga batalla judicial en Estados Unidos. Repsol terminó siendo compensada con bonos por unos US$5.000 millones, pero los fondos Petersen y Eton Park avanzaron con otro reclamo, luego financiado por Burford Capital, especializado en comprar litigios.
La resolución de este viernes también golpeó a Burford. Tras conocerse el fallo, las acciones de la firma perdieron cerca de la mitad de su valor en la rueda estadounidense, reflejo de la centralidad que el caso tenía en su expectativa de cobro. Esa reacción del mercado fue leída en la Argentina como otro indicio del peso que había adquirido una causa donde el litigio financiero internacional intentó convertir una decisión soberana en una oportunidad de negocios extraordinaria.
Kicillof: “años de mentiras” y una vindicación política
La decisión judicial fue celebrada de inmediato por Axel Kicillof, uno de los principales protagonistas de la expropiación en 2012. El gobernador bonaerense sostuvo que el fallo “deja en evidencia años de mentiras” y planteó que la narrativa construida alrededor del llamado “impuesto Kicillof” fue, en realidad, un relato funcional a los fondos litigantes. Más tarde, en declaraciones radiales, fue todavía más lejos: aseguró que “el tribunal dijo que él nunca tuvo razón”, en alusión a Javier Milei, a quien acusó de haber respaldado políticamente la posición de los demandantes incluso mientras el Estado argentino defendía la tesis contraria en la Justicia estadounidense.
Kicillof insistió además en que los argumentos aceptados ahora por la Cámara son los mismos que el kirchnerismo sostuvo desde el inicio del proceso. Según su lectura, el pronunciamiento no solo desarma una condena multimillonaria, sino que restituye legitimidad a la decisión política de recuperar YPF. En esa línea, volvió a plantear que la nacionalización fue una medida estratégica para el desarrollo y que hoy, con Vaca Muerta en el centro del mapa energético, esa definición adquiere todavía mayor peso.
Cristina: soberanía, Constitución y Vaca Muerta
Cristina Fernández de Kirchner también salió a fijar posición con un mensaje en redes sociales. La expresidenta agradeció al estudio Sullivan & Cromwell, que desde 2020 llevó adelante la defensa argentina, y destacó que la posición jurídica del país se apoyó en un principio básico: que el estatuto de una sociedad no puede imponerse sobre la Constitución ni sobre el ordenamiento jurídico de un Estado soberano. Para la exmandataria, el fallo confirma que la expropiación “se hizo conforme a derecho”.
Pero su mensaje no se agotó en el plano legal. Cristina volvió a ligar la recuperación de YPF con la soberanía energética y con el presente de Vaca Muerta. Sostuvo que aquella decisión fue estratégica y que, gracias a ella, hoy la Argentina puede exhibir un superávit de miles de millones de dólares en su balanza energética. En otras palabras, buscó ubicar el fallo no solo como una victoria judicial, sino también como una reivindicación histórica de una de las medidas más emblemáticas de su gestión.
Más que un alivio fiscal: el regreso del debate de fondo
La reacción oficial de Javier Milei fue de festejo, aunque en un tono muy distinto. El Presidente habló de un “triunfo histórico” y celebró haber evitado un pago monumental. Sin embargo, la novedad política del día pasó por otro lado: el fallo fortaleció el discurso de quienes ven en la estatización de YPF una decisión legítima y necesaria, y dejó en una posición incómoda a quienes durante años presentaron esa medida como el origen exclusivo del desastre judicial. El expediente no está necesariamente cerrado, porque los demandantes todavía podrían intentar una revisión ante instancias superiores de Estados Unidos, aunque distintos análisis consideran poco probable que el caso sea tomado por la Corte Suprema.
En la Argentina real, donde la energía volvió a ocupar un lugar central en la discusión sobre dólares, producción y desarrollo, el fallo excede largamente el alivio contable. Lo que quedó reabierto es un debate más profundo: si la recuperación de YPF fue un error costoso o una decisión soberana que, más de una década después, encuentra en los tribunales de Nueva York una inesperada validación.
En ese cruce entre derecho, geopolítica y economía, la resolución del Segundo Circuito no clausura la disputa pero pone fin a un relato falaz que el mileismo quiso poner en el centro de la escena, en su batalla cultural por imponer una visión colonial de sometimiento, por sobre una política de defensa de la soberanía.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
