En un mensaje por el aniversario del 24 de marzo de 1976, la Conferencia Episcopal Argentina ratificó el “Nunca Más” al terrorismo de Estado, pero también puso el foco en el presente: cuestionó la naturalización de la violencia, advirtió sobre la degradación del debate público y reclamó una democracia con trabajo, inclusión y un Estado capaz de garantizar dignidad e igualdad.
A cincuenta años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la memoria no puede ser un ritual vacío ni una ceremonia de ocasión. Mucho menos en una Argentina atravesada por la fragmentación social, la agresividad política, la precarización de la vida cotidiana y la expansión de discursos que banalizan la violencia. En ese contexto, el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Argentina adquiere una densidad que excede la conmemoración histórica: es una intervención sobre el presente.
El documento de los obispos no solo reafirma el “Nunca Más” al terrorismo de Estado. También advierte que la democracia argentina atraviesa una etapa de deterioro moral, social e institucional que no debe ser subestimada. Cuando la Iglesia habla de una “tendencia creciente al autoritarismo”, de la naturalización de la violencia en las redes, en los barrios y hasta en el Congreso, no está describiendo una abstracción. Está señalando un clima de época.
No se trata apenas de recordar el horror de la dictadura, sino de comprender qué formas nuevas puede asumir hoy la deshumanización del otro. Porque la democracia no se vacía únicamente cuando se clausuran partidos, se censuran voces o se persigue opositores, como ocurrió durante la dictadura. También se debilita cuando el insulto reemplaza al argumento, cuando el adversario es tratado como enemigo, cuando el más fuerte impone su ley sobre el más débil y cuando la política abdica de su deber elemental de organizar la vida en común.
En ese punto, el mensaje episcopal acierta en algo central: la memoria verdadera no consiste en repetir consignas, sino en iluminar el presente. Recordar el terrorismo de Estado no debe limitarse a condenar el pasado; debe servir para detectar las lógicas que, con otros ropajes, erosionan hoy la convivencia democrática. Y una de esas lógicas es la legitimación cotidiana de la crueldad.
La Iglesia también pone el dedo en otra llaga de la Argentina actual: no hay democracia plena allí donde crecen la miseria, la exclusión y el deterioro del trabajo. No hay institucionalidad sólida si una parte importante del pueblo queda fuera del horizonte de la dignidad. No hay república sustantiva cuando las condiciones materiales de existencia se degradan al punto de convertir la supervivencia en una lucha individual feroz. La democracia no puede reducirse a un procedimiento electoral ni a una arquitectura formal de poderes. O garantiza derechos, integración y un mínimo de justicia social, o se convierte en una cáscara vacía.
- La advertencia de la Iglesia sobre el autoritarismo, la violencia y la degradación del debate público interpela de lleno al presente argentino
Por eso resulta relevante que el Episcopado vuelva a plantear la necesidad de una economía al servicio de la dignidad humana y de un Estado “inteligente y eficiente” que proteja a los más vulnerables. En tiempos en que desde el poder se promueve una visión despiadada de la vida social, donde la desigualdad se naturaliza y el sufrimiento ajeno se relativiza, ese señalamiento tiene peso político. No porque la Iglesia deba ocupar el lugar de la dirigencia, sino porque su palabra refleja una alarma que atraviesa a sectores cada vez más amplios de la sociedad.
Hay, además, un aspecto singular en este documento. Los obispos no se limitan a condenar la violencia del pasado, sino que reconocen la necesidad de una autocrítica también hacia adentro de la propia Iglesia. Ese gesto, aun con todas sus limitaciones, es valioso. La memoria democrática exige honestidad histórica. Y esa honestidad obliga a revisar responsabilidades, silencios, complicidades y omisiones de todos los actores que formaron parte de aquella etapa.
Lo más inquietante del presente argentino es que la violencia ya no aparece solo en sus formas extremas. Se filtra en el lenguaje, en el desprecio, en la humillación sistemática del que piensa distinto, en la exaltación de la fuerza como forma de ordenar la sociedad. Primero se degrada la palabra; después se degrada el vínculo social; más tarde, se degradan las instituciones. La historia argentina debería haber enseñado que ningún proceso autoritario comienza de un día para otro. Antes, siempre hay un trabajo paciente de erosión del otro como semejante.
A medio siglo del golpe, la discusión de fondo sigue siendo la misma: ¿Qué democracia queremos construir?. Una democracia mínima, tolerada apenas como mecanismo de administración del conflicto, o una democracia robusta, capaz de garantizar dignidad, trabajo, pluralismo y paz social. Una democracia del mercado y del descarte, o una democracia con pueblo adentro.
La advertencia de la Iglesia no resuelve por sí sola esa tensión, pero la vuelve inocultable. Y ese quizás sea hoy su principal mérito. En una época saturada de cinismo, provocación y marketing de la violencia, recordar que la democracia no admite la eliminación del adversario ni la naturalización del sufrimiento ajeno no es una consigna del pasado. Es una necesidad urgente del presente.
