La privatización de los medios públicos porteños no es una simple reforma administrativa: es otra avanzada contra el derecho a la información, la cultura y la pluralidad de voces
La decisión de Jorge Macri de licitar la operación del Canal de la Ciudad, Radio de la Ciudad AM 1110 y FM 92.7 La 2×4 no puede leerse como un mero cambio de gestión. No es una medida técnica ni una modernización inocente. Es una definición política. Y como tal, merece ser discutida en esos términos.
El gobierno porteño formalizó en el Boletín Oficial una licitación pública nacional e internacional para concesionar por cinco años la administración, operación, mantenimiento y explotación comercial de los medios públicos de la Ciudad. El argumento oficial es conocido: reducir el gasto estatal y trasladar la gestión al sector privado. La justificación vuelve a apoyarse en una idea cada vez más extendida: que todo aquello que no deja rentabilidad debe ser reformulado o entregado al mercado.
Pero los medios públicos no existen para producir ganancias. Existen para cumplir una función social. Esa es la diferencia central que el macrismo porteño omite, o directamente busca borrar. Un medio público no se mide sólo por su balance, su audiencia o su facturación publicitaria. También se mide por su capacidad para garantizar acceso a la información, representar identidades culturales, ofrecer contenidos que el mercado no prioriza y sostener una pluralidad que los grandes grupos privados no suelen asegurar.
La lógica del mercado no reemplaza el interés público
Cuando Jorge Macri sostiene que “no tiene sentido usar recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor”, no sólo expresa una mirada económica. Expone una concepción de la comunicación. Según esa lógica, informar, difundir cultura y abrir espacios a voces diversas serían tareas que podrían quedar subordinadas sin costo a la lógica empresarial. El problema es que la experiencia muestra otra cosa.
Cuando el lucro se vuelve el criterio dominante, todo lo que no rinde queda relegado: la cultura local, las agendas barriales, los contenidos educativos, la memoria urbana, las expresiones artísticas no masivas, la producción comunitaria. Lo que se presenta como eficiencia suele traducirse en homogeneización. Y lo que se vende como modernización termina muchas veces en ajuste, precarización y pérdida de sentido público.
No estamos ante una discusión abstracta. El pliego prevé que el adjudicatario asuma la operación integral de los medios, incluyendo equipamiento, estudios, personal y comercialización, aunque la titularidad formal de las licencias siga en manos de la Ciudad. No se venden las licencias, pero se privatiza la gestión cotidiana y se corre al Estado del centro operativo del sistema.
Lo que está en juego no son sólo tres medios
La AM 1110 no es una radio cualquiera. Tiene casi un siglo de historia y forma parte del patrimonio cultural de Buenos Aires. La 2×4 tampoco es una frecuencia más del dial: es una emisora pública ligada al tango, una de las expresiones más potentes de la identidad porteña. El Canal de la Ciudad, antes Ciudad Abierta, fue concebido como una pantalla pública con producción propia, agenda cultural y mirada local. Incluso el pliego reconoce, en el caso de La 2×4, la obligación de preservar su perfil vinculado al tango y respetar la normativa cultural vigente.
Por eso la pregunta de fondo no es administrativa sino política: ¿Qué modelo de comunicación quiere la Ciudad de Buenos Aires? ¿Uno orientado por el interés general o uno subordinado a la rentabilidad? ¿Uno que preserve herramientas públicas de producción cultural e informativa o uno que delegue todo al mercado?
La ofensiva de Jorge Macri no aparece en el vacío. Se inscribe en un clima de época donde toda función estatal es cuestionada si no genera ganancias medibles. Salud, educación, ciencia, cultura y comunicación quedan sometidas a la misma vara. Bajo esa lógica, el Estado sólo debe conservar aquello que el privado no puede explotar todavía. Lo demás, sobra.
Pluralidad, democracia y trabajo
Los cuestionamientos a la medida no provienen sólo del plano gremial, aunque el riesgo laboral es concreto. Sindicatos y trabajadores denunciaron que la concesión pone en peligro cientos de puestos de trabajo y abre una etapa de incertidumbre sobre la continuidad laboral, las condiciones de producción y la orientación de los contenidos. Desde sectores opositores, además, advierten sobre posibles tensiones con la Constitución porteña y con el marco normativo audiovisual, al tratarse de servicios públicos de radiodifusión cuya gestión no debería quedar librada sin más a terceros privados.
Pero reducir el debate a la cuestión laboral sería quedarse a mitad de camino. También está en discusión el derecho colectivo a una comunicación menos concentrada, más diversa y menos sometida a la lógica del mercado. Organismos internacionales vienen advirtiendo desde hace años que el pluralismo mediático y la existencia de medios de interés público son condiciones necesarias para una democracia saludable. Allí donde la comunicación queda dominada por la concentración empresaria, el pluralismo se debilita.
Y eso ocurre, además, en un momento especialmente delicado: sobran desinformación, operaciones y burbujas algorítmicas. En ese contexto, debilitar o vaciar los medios públicos no parece una respuesta moderna. Parece, más bien, un retroceso.
No es ahorro: es una definición ideológica
El macrismo intenta presentar la medida como una decisión pragmática, casi inevitable. Pero no hay nada inevitable aquí. Se trata de una opción ideológica. La misma que supone que el mercado siempre asigna mejor, comunica mejor y administra mejor. La misma que reduce derechos a costos y convierte bienes públicos en oportunidades de negocio.
Ese razonamiento puede sonar eficaz en un discurso de gestión. Pero es pobre como proyecto de ciudad. Porque una ciudad no se construye sólo con equilibrio fiscal, desarrollo inmobiliario y marcas globales. También se construye con memoria, cultura, identidad, debate público y acceso igualitario a la palabra.
Privatizar la operación de los medios públicos porteños no es apenas mover una partida presupuestaria. Es correr el límite de lo público. Es aceptar que incluso la comunicación y la cultura pueden quedar sometidas al filtro de la rentabilidad.
Ahí está el verdadero problema. No en la semántica de la concesión ni en el formato jurídico de la licitación. El problema es que detrás de esa decisión hay una idea de sociedad donde todo debe justificarse por su capacidad de generar negocio.
Y los medios públicos existen, precisamente, para recordar que no todo puede ni debe convertirse en negocios particulares.
