Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña pide anular la Resolución 153/26, reincorporar a los docentes desplazados y reabrir sedes y programas cerrados. La iniciativa surge tras una serie de recortes en áreas socioeducativas que impactan sobre niños, niñas y adolescentes de los barrios más vulnerables de la Ciudad.
La disputa por la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires sumó esta semana un nuevo capítulo político. Tras los despidos de docentes, el cierre de sedes socioeducativas, la reducción de prestaciones alimentarias y la baja de programas culturales, la legisladora porteña Vanina Biasi presentó un proyecto de ley para anular la Resolución 153/26 del gobierno de Jorge Macri, una norma que la oposición identifica como la pieza administrativa que habilitó el recorte sobre programas destinados a las infancias y adolescencias de sectores populares.
El expediente, incorporado en la Legislatura bajo el número 619/2026, plantea en su artículo primero la anulación de la resolución y sus anexos sobre “Lineamientos para la implementación de la política socioeducativa”. En el segundo artículo reclama la reincorporación de toda la docencia desafectada y la reapertura de las sedes y programas cerrados desde la entrada en vigencia de esa disposición.
El trasfondo del conflicto está en el contenido mismo de la Resolución 153/26. En el anexo oficial, publicado por el Gobierno porteño, se establece que las áreas a cargo de cada programa podrán reorganizar la Planta Orgánico Funcional según “informes técnicos” y “prioridades” de gestión. El texto agrega que, cuando esa adecuación implique la supresión de cargos u horas cátedra, primero se eliminarán los cargos vacantes y luego los correspondientes a docentes interinos de menor antigüedad dentro del programa. También prevé un criterio similar para cargos ocupados por personal titular.
Ese punto es el que encendió las mayores alarmas entre docentes y legisladores opositores. En los fundamentos del proyecto presentado por Biasi se sostiene que la resolución “profundiza la precarización laboral” y “anuncia un mecanismo arbitrario para implementar la eliminación de cargos e incluso programas enteros”. El mismo texto denuncia que la norma abre paso a un “vaciamiento educativo” en áreas que cumplen funciones de acompañamiento pedagógico, alfabetización, contención social y acceso a actividades culturales.
La ofensiva legislativa llega después de varias semanas de denuncias por recortes concretos. Según relevamientos periodísticos publicados en los últimos días, la administración porteña cerró ocho sedes de Club de Chicos o Centros de Actividades Infantiles, eliminó dos orquestas juveniles en barrios populares, recortó el almuerzo en centros infantiles y avanzó además con cierres de maternales populares y despidos en programas de apoyo escolar.
Uno de los casos más sensibles fue el del programa Maestro + Maestro. Los fundamentos del proyecto de ley señalan que, días después de la publicación de la resolución, fueron cesanteados 50 docentes de esa política de alfabetización, una cifra que la iniciativa equipara a alrededor de un cuarto de la planta del programa. El texto agrega que la posterior publicación de 30 cargos no recompuso el daño producido. Distintos informes periodísticos y pedidos de informes legislativos retomaron esa misma cifra y la vincularon de manera directa con la aplicación de la nueva normativa.
El conflicto no se limita al plano laboral. La discusión de fondo es también pedagógica y territorial. Los programas socioeducativos alcanzados por los recortes actúan en escuelas, clubes, centros infantiles y espacios comunitarios, con tareas de acompañamiento escolar, alfabetización, formación artística y permanencia educativa. En los fundamentos del expediente legislativo se advierte que la resolución incluso habilita convenios con organizaciones de la sociedad civil, algo que para la oposición abre la puerta a una “mercantilización” de funciones que hasta ahora se desarrollaban bajo responsabilidad directa del Estado.
El propio pedido de informes ingresado en la Legislatura esta semana refuerza esa línea de cuestionamiento. Allí se exige al Ejecutivo precisar qué sedes fueron cerradas, cuántos docentes fueron afectados, cuál fue el destino del personal y si la supresión de horas y cargos interinos vulnera el Estatuto Docente porteño. Ese documento también recuerda que los 32 programas socioeducativos de la Ciudad fueron reconocidos por ley como herramientas de equidad educativa y articulación con el sistema formal.
Hasta aquí, el Gobierno de la Ciudad no había ofrecido una respuesta oficial integral sobre el proyecto opositor. De acuerdo con reportes publicados esta semana, desde el Ministerio de Educación porteño no habían contestado consultas periodísticas sobre el cierre de sedes, las bajas de programas y el alcance real de la reorganización en curso.
La presentación del proyecto abre ahora una nueva pulseada política en la Legislatura. El eje de la discusión ya no será sólo la denuncia sindical o el conflicto sectorial, sino la legalidad y legitimidad de una resolución que, bajo la idea de “reorganización”, aparece asociada a cierres, despidos y reducción de prestaciones en zonas vulnerables. En una Ciudad donde la educación pública viene arrastrando tensiones presupuestarias y de infraestructura desde hace años, la batalla por los programas socioeducativos se convirtió en un símbolo más amplio: el de un modelo de gestión que, bajo la lógica del ajuste, avanza sobre la destrucción de los programas de inclusión educativa más sensibles.
