La central obrera presentó un amparo para frenar los artículos de la nueva ley que habilitan el traspaso de la Justicia laboral a la órbita porteña. Tras la promulgación de la norma en el Boletín Oficial, el conflicto entra en una nueva etapa: la disputa ya no se juega sólo en la calle y en el Congreso, sino también en los tribunales.
La Confederación General del Trabajo decidió abrir un nuevo frente contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Este viernes presentó un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavié Pico, con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, promulgada ese mismo día por el Decreto 137/2026 en el Boletín Oficial.
El punto más sensible de la presentación no se concentra sólo en el contenido general de la reforma, sino en la decisión de avanzar sobre la estructura de la Justicia laboral. El artículo 90 aprueba el acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral desde el ámbito nacional hacia la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 9 de febrero de 2026 entre la Nación y el Gobierno porteño. El artículo 91, a su vez, encomienda al Poder Ejecutivo transferir a la Ciudad los recursos necesarios para el funcionamiento de ese fuero.
En su escrito, la CGT pidió una medida cautelar de no innovar para frenar de inmediato la operatividad de esos artículos. Según el planteo sindical, la aplicación de esa transferencia implicaría el cierre de 30 juzgados de primera instancia del Trabajo, la clausura de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y una eliminación progresiva de la Justicia nacional del Trabajo. La central también reclamó que se declare nulo el acuerdo de transferencia e inconstitucionales los artículos cuestionados.
El argumento político y jurídico de la CGT es que la reforma no sólo modifica reglas laborales, sino que altera el sistema institucional encargado de resolver los conflictos entre trabajadores y empleadores. En esa línea, el amparo sostiene que la ley pone “en inminente serio y grave riesgo” el derecho de los trabajadores a que sus conflictos sean tratados por tribunales especializados. También cuestiona el procedimiento legislativo que derivó en la sanción de la norma y advierte que el acuerdo con la Ciudad habría excedido el marco constitucional de transferencia de competencias.
La ofensiva judicial de la central obrera no surgió de la nada. El lunes pasado, la CGT ya había marchado a Tribunales para reclamar la inconstitucionalidad de la ley, en una señal de que el rechazo sindical no iba a agotarse con la sanción parlamentaria. Ahora, con la promulgación consumada, el sindicalismo busca trasladar el eje del conflicto a los despachos judiciales y ganar tiempo mediante una cautelar que suspenda la aplicación de la parte más controvertida de la norma.
La reforma laboral, celebrada por el Gobierno como una “modernización” del mercado de trabajo, fue aprobada por el Congreso el 27 de febrero y quedó oficialmente vigente tras su publicación este 6 de marzo. Para la Casa Rosada, se trata de una pieza central de su programa de desregulación y reordenamiento de las relaciones laborales. Para la CGT y buena parte del universo sindical, en cambio, representa una regresión en derechos adquiridos y un intento de debilitar tanto la capacidad de negociación de los gremios como las herramientas judiciales de protección del trabajo.
La disputa, además, excede el plano técnico. El traspaso del fuero del Trabajo a la Ciudad aparece como uno de los capítulos más delicados de la reforma porque toca una estructura judicial históricamente vinculada a la tutela específica de los derechos laborales. En el movimiento obrero leen esa decisión como algo más que un cambio administrativo: la interpretan como una señal política dirigida a un fuero que, por tradición y jurisprudencia, suele actuar como límite frente a avances regresivos sobre la legislación laboral.
Con este amparo, el Gobierno y la CGT entran en una fase nueva de confrontación. La batalla que empezó en el Congreso y siguió en la calle ahora se traslada a la Justicia. Lo que se discute ya no es sólo la letra de la reforma laboral, sino también quién juzgará los conflictos del trabajo en la Argentina que viene. Y en ese punto, el sindicalismo decidió dar pelea hasta el final.
