Tras la salida de Lavagna del INDEC, Caputo decidió demorar el índice actualizado: con más peso de servicios y quita de subsidios, el número de enero podría romper el relato oficial de “desinflación consolidada”.
La renuncia de Marco Lavagna y la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) no son un tema técnico menor: son una disputa política por el termómetro. El Gobierno de Javier Milei sabe que el índice actualizado le daría mayor visibilidad al golpe de las tarifas y la quita de subsidios —además de un repunte en alimentos—, justo cuando la baja de la inflación es casi la única bandera que sostiene el oficialismo.
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La salida de Marco Lavagna se produce en medio de una interna por la metodología del IPC.
En público, el Ministerio de Economía presenta la demora como una decisión “prudente”: no cambiar la metodología “hasta que la desinflación esté consolidada”. En paralelo, el propio ministro reconoce que el resultado puede variar si cambia el índice: si “da lo mismo”, ¿por qué no publicarlo y cerrar el debate? Luis Caputo lo dijo sin eufemismos: se posterga.
El punto de fondo es el peso creciente de los servicios regulados en el costo de vida. Con la canasta nueva, rubros como electricidad, gas, agua, transporte y alquileres pasan a incidir más, precisamente en un contexto de aumentos mensuales y recorte de subsidios. Ese cambio metodológico no “inventa” inflación: ajusta la medición a cómo consumen hoy los hogares. Por eso, economistas advierten que la desinflación puede ser más lenta que la que cuenta el relato oficial.
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La canasta actualizada daría más peso a tarifas y servicios, en un contexto de quita de subsidios.
A ese cuadro se suma la dinámica de alimentos, la categoría más sensible socialmente. En enero, varias consultoras privadas detectaron que los alimentos volvieron a “tirar” del índice, aun con un IPC general en desaceleración respecto de los picos del año pasado. El consenso privado, en general, ubica enero por encima del 2%, con estimaciones en torno de 2,5–2,6% según mediciones difundidas en medios nacionales y provinciales.
Ahora bien: el dato que incomoda al Gobierno es el que se asocia al IPC actualizado. Una versión periodística sostiene que algunas consultoras privadas expresan que con el índice nuevo, enero habría marcado 3,4% y que desde el poder se pidió no difundirlo.
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Los alimentos vuelven a presionar en enero, según mediciones privadas.
La implicancia inmediata es institucional y distributiva: si el Ejecutivo decide cuándo cambia el índice según convenga al clima político, el INDEC queda más expuesto y el dato pierde autoridad social, justo cuando ese número impacta en paritarias, jubilaciones, contratos y discusión tarifaria.
El escenario probable —si no se fija una hoja de ruta transparente—con la continuidad del IPC viejo y una pelea mensual creciente por la “verdad” del costo de vida, con consultoras privadas ocupando el lugar que debería ocupar el Estado con reglas claras.
La idea final es concreta: cuando el Gobierno quiere dibujar los números de la economía para sostener un relato, solo genera mas desconfianza en un modelo que cada día hace mas agua.
