El 23 de octubre la Justicia federal exhibió sus dos velocidades. El TOF 5 abrió el juicio Hotesur-Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner, a quienes otro tribunal ya había sobreseído en 2021. Horas después, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, cuya esposa fue nombrada jueza por Milei en julio, cerró la causa $LIBRA sin tomar una sola indagatoria. Detrás de ambas decisiones aparece la misma trama: la casta judicial que hoy conduce el Ministro de Justicia de Juan Bautista Mahiques puesta al servicio de los hermanos Milei.
Por Antonio Muñiz ·
El viernes 23 de octubre de 2026 merecería un capítulo propio en cualquier manual sobre la degradación institucional argentina. En el mismo edificio de Retiro, con pocas horas de diferencia, la Justicia federal produjo dos decisiones que, leídas en paralelo, explican mejor que cualquier tratado qué significa hoy la palabra independencia en Comodoro Py.
Poco después de las diez de la mañana, el Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, abrió el juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por la condena en Vialidad, y su hijo Máximo siguieron la audiencia por videoconferencia mientras la secretaría leía el requerimiento de elevación a juicio. Al caer la tarde, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, Marcelo Martínez de Giorgi firmaba el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve imputados en la causa por la criptomoneda $LIBRA. Ordenó archivar el expediente cuando quede firme y dejó constancia de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de los sobreseídos.
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A la expresidenta, un tercer juicio oral por hechos de los que un tribunal ya la había desvinculado. A los hermanos Milei, un cierre exprés sin indagatorias. No se trata de un papelón aislado. Es un método.
El sobreseimiento que no alcanzó
Conviene recordar de dónde viene Hotesur-Los Sauces. En noviembre de 2021, el mismo TOF 5, entonces con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg y la disidencia de Palliotti, sobreseyó a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y al resto de los acusados por inexistencia de delito, sin llegar al debate. El argumento central era técnico: el lavado de activos exige un delito precedente, y ese delito, las irregularidades en la obra pública adjudicada a Lázaro Báez, se estaba juzgando todavía en Vialidad. El fiscal Diego Velasco apeló. En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación revocó los sobreseimientos, salvo el de Florencia, ordenó el juicio y apartó a los jueces que habían firmado aquella resolución. Luego la Corte Suprema habilitó el debate.
Raúl Kollmann lo sintetizó en Página/12 con una idea que comparto: la maquinaria política, judicial y mediática consiguió reponer un juicio que ya estaba cerrado, con una sentencia que difícilmente llegue antes de 2028. Hay un detalle que no es menor. El requerimiento que se leyó el viernes fue elaborado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Ignacio es hermano del actual ministro de Justicia de la Nación. Fue designado en 2016 para colaborar con Pollicita en Hotesur, trabajó también en la instrucción de Vialidad y hoy es camarista penal porteño y rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad, el cargo que dejó libre su hermano al sumarse al gabinete de Milei.
Los defensores del proceso dirán, con razón formal, que Vialidad ya tiene condena firme y que el juicio fue ordenado por Casación y por la Corte antes de la llegada de Mahiques al ministerio. Es cierto. Pero la discusión no pasa por si Cristina Kirchner debe o no ser juzgada. Pasa por la vara. En Hotesur, el tribunal reservó los sábados 24 y 31 de octubre y hasta la feria judicial de enero de 2027 para garantizar la continuidad del debate. En $LIBRA, en un año, ocho meses y nueve días, nadie fue llamado siquiera a indagatoria.
A la expresidenta, un juicio por hechos ya sobreseídos. Al Presidente, el archivo sin una sola indagatoria. La diferencia no está en la prueba: está en el apellido del poder.
$LIBRA: una causa sin acusadores
El 14 de febrero de 2025, a las 19.01, Milei promocionó el token desde su cuenta de X. El peritaje de la DATIP sobre el teléfono del trader Mauricio Novelli, amigo y proveedor del Presidente, reconstruyó una seguidilla de llamadas entre ambos en los minutos inmediatamente anteriores y posteriores a la publicación: 18.54, 18.58, 19.03. El primer día hábil siguiente al derrumbe del token, la madre y la hermana de Novelli vaciaron sus cajas de seguridad. En el mismo celular apareció una nota que, según publicó El Destape, aludía a un acuerdo de al menos cinco millones de dólares con Hayden Davis, el creador de $LIBRA, que incluía un pago vinculado al tuit presidencial y otro atado a una firma junto a Karina Milei.
Nada de eso alcanzó. El fiscal Eduardo Taiano dictaminó que no hubo engaño penalmente relevante porque se trataba de una memecoin, un activo volátil y especulativo, y porque nadie había garantizado rentabilidades. Martínez de Giorgi hizo suyo el dictamen en un fallo de sesenta páginas que llegó a hablar de «el error de los adquirentes». Los documentos del celular de Novelli fueron descartados por carecer de firma; la nota del acuerdo, porque no pudo probarse que hubiera sido transmitida. Las cajas vaciadas, porque estaban vacías al momento del allanamiento.
La parte más grotesca del razonamiento está en la prueba de descargo. Para descartar el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles, fiscal y juez se apoyaron en informes de la Oficina Anticorrupción, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mahiques, y de la Secretaría General de la Presidencia, el área que dirige Karina Milei, imputada en la misma causa. El Poder Ejecutivo certificó su propia inocencia y la Justicia tomó el certificado como prueba. Como señaló Irina Hauser en Página/12, el destino de los millones transferidos por Davis nunca se investigó.
Una cronología que habla sola
Si el fallo del viernes se lee aislado, puede discutirse como una interpretación jurídica más. El problema es la secuencia:
- Junio de 2026. El Senado aprueba el pliego de Ana María Cristina Juan, esposa de Martínez de Giorgi, como jueza federal de Hurlingham. El Ejecutivo demora la firma del decreto.
- 3 de julio. Martínez de Giorgi hace lugar a un planteo de Novelli y aparta a las querellas de los damnificados, representadas por Juan Grabois y Nicolás Oszust. Sostiene que no acreditaron un perjuicio directo. La causa queda en manos exclusivas de Taiano.
- 15 de julio. Doce días después, el Decreto 589/2026 nombra a Ana Juan en un juzgado que todavía ni siquiera funciona.
- Agosto-octubre. La Sala I de la Cámara Federal, con Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirma el apartamiento y niega a los damnificados el recurso ante Casación.
- 23 de octubre. Sin querellantes, con un fiscal que pidió el sobreseimiento, ya no queda en el expediente nadie que pueda apelar. Se dicta el sobreseimiento de todos.
Puede alegarse que Ana Juan tiene tres décadas de carrera en la Cámara Federal y que ya había sido propuesta para ese juzgado durante el macrismo. Puede alegarse que el apartamiento de las querellas no cerraba, por sí solo, la acción pública. Pero un juez cuya esposa espera la firma presidencial no se excusó de seguir investigando al Presidente. Esa omisión, por sí sola, debería haber encendido todas las alarmas del Consejo de la Magistratura. Una de las reacciones opositoras recogidas por La Nación lo resumió en una frase: «En Comodoro Py, la familia es lo primero».
La familia judicial llega al ministerio
Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia el 4 de marzo de 2026, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Su biografía es la de un operador de carrera: subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial de Germán Garavano entre 2015 y 2019, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el macrismo, ministro de Justicia bonaerense con María Eugenia Vidal y fiscal general de la Ciudad desde 2019. Su padre, Carlos «Coco» Mahiques, llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2017 por traslado, y el Gobierno pidió para él cinco años adicionales en el cargo más allá del límite de los 75. Su hermano Ignacio es el fiscal que firmó la acusación de Hotesur.
Desde su desembarco, según el propio ministerio, se remitieron al Senado 232 pliegos de jueces, fiscales y defensores y se concretaron 169 designaciones. Mahiques repite que el Gobierno no pregunta por ideas políticas y que no hay intención de proteger a nadie. En julio lo dijo sin rodeos: «No buscamos una justicia afín». Al mismo tiempo, anunció un proyecto para reducir de doce a ocho los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py y de trece a nueve los integrantes de Casación. Menos sillas, más fáciles de controlar.
Hay un antecedente que ilustra el tipo de incentivos en juego. En abril, apenas veinticuatro horas después de que el camarista laboral Víctor Pesino revocara una medida que frenaba la reforma laboral, el Gobierno lo postuló para seguir cinco años más en su cargo, pese a haber alcanzado la edad límite. El mensaje para el resto de la magistratura es transparente: quien falla a favor, permanece.
Un sistema donde el apellido del ministro aparece de los dos lados del mostrador no necesita órdenes explícitas. Le alcanza con lealtades, favores cruzados y silencio corporativo.
Una Cámara hecha a medida
La pieza decisiva del dispositivo es la Sala I de la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de todo lo que se instruye en Comodoro Py. El 27 de agosto, el Senado aprobó allí los pliegos de Pablo Yadarola, con 66 votos, incluidos los del peronismo, y de Pablo Bertuzzi, con 44. Ambos fueron propuestos por Mahiques.
Bertuzzi había llegado a ese tribunal en 2018 por un traslado que Mauricio Macri dispuso por decreto y que la Corte Suprema cuestionó en 2020; la operación se instrumentó cuando Mahiques representaba al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. En el concurso que ahora lo confirmó, según reconstruyó El Destape, saltó del puesto 21 al 6 del orden de mérito tras las entrevistas personales. Yadarola, por su parte, integró en octubre de 2022 el viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, financiado según los chats filtrados por ejecutivos del Grupo Clarín. En ese avión viajaban también Juan Bautista Mahiques, su padre Carlos, el juez Julián Ercolini, que instruyó Hotesur, el entonces ministro porteño Marcelo D’Alessandro y un ex agente de inteligencia. Las investigaciones sobre aquel viaje terminaron archivadas.
El círculo se cierra solo. La misma red de relaciones que impulsó la instrucción de Hotesur contra la familia Kirchner es la que hoy integra el tribunal que debe revisar, y por ahora blindar, la situación procesal de los hermanos Milei. Cuando una corporación funciona a partir de lazos de sangre, favores recíprocos, protección mutua y castigo ejemplar a los adversarios, su lógica deja de ser la de un poder del Estado y se parece demasiado a la de un clan. Llamar a eso manejo cuasi mafioso del Poder Judicial no es una exageración retórica. Es una descripción.
Lo que queda: Casación
La única puerta abierta está en la Cámara Federal de Casación Penal, donde los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma deben resolver la queja de los damnificados. Si les devuelven el rol de querellantes, podrán apelar el sobreseimiento. Si no, $LIBRA quedará como la causa que investigó al Presidente durante veinte meses sin tomarle declaración.
Milei, mientras tanto, celebró. En X se preguntó quién lo compensaría por más de un año y medio de lo que calificó como mentiras y calumnias, y atribuyó la investigación a una operación con fines golpistas. Esa misma noche, en la cena de la Fundación Faro, volvió a insultar a periodistas y a amenazar a los medios que siguieron el caso. Es la reacción de quien no siente que fue absuelto por la ley, sino protegido por el sistema.
La Argentina ya conoce el costo de una justicia que mide con dos varas. Lo pagó con causas armadas, con fallos de ocasión y con una credibilidad institucional que hoy roza el piso. Lo novedoso es la desfachatez: ya no hace falta disimular. El Gobierno que llegó prometiendo terminar con la casta encontró en Comodoro Py a la casta más antigua del Estado y la puso a trabajar para sí. El viernes 23 de octubre, la balanza dejó de fingir equilibrio.
