La Argentina tiene en sus aguas una de las bases posibles de un desarrollo con soberanía, trabajo y arraigo. El Mar Argentino, los ríos, los lagos y las lagunas forman parte de un patrimonio natural cuyo aprovechamiento exige responder una pregunta central: cómo transformar esa riqueza en bienestar para nuestra población y en oportunidades para las comunidades que viven de ella.

En esa perspectiva se inscribe la decisión anunciada este 9 de octubre por la Confederación General de la Producción de la República Argentina: la creación de su Comisión Nacional de Asuntos Pesqueros, que será presidida por Néstor Roche.

Según el comunicado de la entidad, el nuevo espacio buscará articular a trabajadores, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, armadores y economías regionales vinculadas con la actividad. Su objetivo será impulsar políticas públicas y privadas que relacionen la defensa de los recursos con la producción nacional, la soberanía alimentaria y el trabajo argentino.

Una riqueza que requiere un proyecto

La dimensión económica de la pesca argentina permite comprender la importancia de esta iniciativa. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante 2025 el sector exportó 549.416 toneladas de productos pesqueros por 2.010 millones de dólares. El langostino, el calamar y la merluza tuvieron un papel destacado en esas ventas.

La diversidad también importa. El Senasa señala que en nuestro mar existen más de cien especies de peces, moluscos y crustáceos con valor comercial. En las aguas continentales, identifica al sábalo como un recurso relevante para la pesca y al pacú para la acuicultura. Esta amplitud permite pensar una agenda que incluya tanto a las comunidades costeras como a las ribereñas.

Los datos del comercio exterior muestran una capacidad productiva significativa. Pero evaluar su aporte al desarrollo argentino exige considerar también cuánto trabajo genera, dónde se procesa lo capturado, cómo se distribuyen sus beneficios y qué posibilidades tiene la población de acceder a esos alimentos.

Una política pesquera nacional debe reunir esas dimensiones. Las exportaciones pueden aportar divisas y mercados; el procesamiento en origen, la participación de las pymes y cooperativas y el fortalecimiento del mercado interno pueden ampliar los beneficios sociales y territoriales de la actividad.

Agregar valor, sostener comunidades

Uno de los objetivos expresos de la nueva comisión es promover el agregado de valor en origen y en puertos argentinos. Esa definición tiene consecuencias concretas: procesar, conservar, elaborar y comercializar desde nuestras comunidades puede multiplicar los vínculos entre la pesca y el resto de la economía local.

Alrededor de esa actividad pueden desarrollarse capacidades técnicas, servicios, infraestructura y formación profesional. Para que ese potencial se convierta en trabajo estable hacen falta inversión, financiamiento y políticas que permitan participar también a quienes tienen menor escala.

El comunicado incorpora precisamente la democratización del acceso a la ciencia, la tecnología y la rentabilidad a escala humana. La propuesta merece atención: el conocimiento y las herramientas productivas deben estar al alcance de cooperativas, pymes y trabajadores, y contribuir a que sus actividades sean económicamente viables.

El arraigo necesita esa base material. Una comunidad puede sostenerse y proyectarse cuando quienes la integran encuentran trabajo, servicios y posibilidades de construir allí su futuro.

Alimentos para nuestra población

La CGP plantea, además, facilitar el acceso de toda la población a alimentos frescos, sabrosos y nutritivos provenientes de nuestras aguas.

El objetivo lleva la discusión pesquera hasta la mesa familiar. Para hacerlo efectivo será necesario abordar los precios, la distribución, la cadena de frío y los canales de comercialización que conectan a productores y consumidores.

La soberanía alimentaria se fortalece cuando la capacidad de producir se traduce en acceso real a los alimentos. En este caso, una agenda federal podría acercar la riqueza del mar y de las aguas interiores a regiones y hogares que hoy encuentran dificultades para incorporarla a su alimentación cotidiana.

Cuidar los recursos para sostener el futuro

Todo proyecto de desarrollo pesquero debe apoyarse en la conservación de los ecosistemas. La riqueza de nuestras aguas requiere investigación, seguimiento y decisiones que contemplen la situación de cada recurso.

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero —INIDEP— tiene entre sus funciones asesorar sobre el uso racional de los recursos y la preservación del ecosistema marino para las generaciones futuras. Ese conocimiento constituye una base indispensable para una política productiva duradera.

Desde una perspectiva nacional, la defensa del patrimonio acuático reúne el cuidado ambiental, la capacidad pública de investigar y controlar y la posibilidad de que su aprovechamiento contribuya al bienestar colectivo.

La creación de la Comisión Nacional de Asuntos Pesqueros abre un espacio para reunir esos desafíos. Su alcance se irá definiendo a través de las propuestas que formule, los actores que convoque y las acciones que logre impulsar.

La iniciativa merece ser seguida porque pone sobre la mesa una cuestión estratégica: cómo convertir la riqueza de nuestras aguas en producción con valor agregado, alimentos accesibles y trabajo que sostenga la vida de las comunidades argentinas.