El Estado no solo corrige fallas del mercado, también puede crear capacidades, asumir riesgos y abrir nuevos caminos para la innovación.
Durante décadas se instaló una idea que parecía indiscutible: la innovación nace principalmente de la iniciativa privada y el Estado interviene después, cuando aparecen fallas que el mercado no puede resolver. Mariana Mazzucato cuestiona esa interpretación.
En El Estado emprendedor, la economista ítalo-estadounidense reconstruye buena parte de la historia de las grandes innovaciones contemporáneas para mostrar que detrás de numerosos avances tecnológicos hubo inversiones públicas, investigación financiada por el Estado y políticas destinadas a asumir riesgos que, en sus primeras etapas, el capital privado no estaba dispuesto a afrontar.
Mariana Mazzucato
La cuestión no consiste en negar el papel de las empresas. Por el contrario, empresas, universidades, centros de investigación y organismos públicos forman parte de un mismo proceso. El punto central de Mazzucato es otro: la innovación no aparece espontáneamente por efecto de la competencia y los precios. Requiere conocimiento acumulado, infraestructura, financiamiento, formación de investigadores, instituciones y, muchas veces, una decisión pública de largo plazo.
El Estado que asume riesgos
Uno de los aportes más provocadores de Mazzucato es cambiar la mirada sobre el riesgo.
En la visión convencional, el Estado debería intervenir cuando el mercado no funciona correctamente. En la perspectiva que desarrolla la autora, el Estado puede desempeñar una función anterior: participar en la definición de objetivos, financiar investigación, sostener capacidades científicas y tecnológicas y asumir riesgos que permitan que posteriormente aparezcan nuevas actividades económicas.
Esto modifica también la discusión sobre el gasto público.
No todo desembolso estatal produce desarrollo. Pero tampoco toda inversión pública debe ser evaluada exclusivamente por su rentabilidad inmediata. La investigación básica, la formación de científicos, una infraestructura tecnológica o un programa de innovación pueden producir resultados económicos muchos años después de realizada la inversión inicial.
La pregunta relevante pasa entonces de cuánto gasta el Estado a qué capacidades construye con esos recursos y qué transformación económica y social pretende generar.
De la investigación al mercado
El proceso innovador tampoco termina en el laboratorio.
Una investigación científica puede convertirse en una tecnología, una tecnología en un producto y ese producto en una nueva actividad industrial. Entre cada una de esas etapas existen riesgos, necesidades de financiamiento, capacidades empresariales y decisiones de política pública.
Por eso Mazzucato habla de un Estado emprendedor. No porque el Estado deba reemplazar a las empresas, sino porque puede actuar como un actor estratégico dentro de un ecosistema de innovación.
La experiencia internacional muestra, además, que muchas tecnologías consideradas hoy pilares de la economía digital surgieron de programas de investigación pública o recibieron en sus primeras etapas un fuerte respaldo estatal.
El caso de Internet es ilustrativo. También lo son distintas tecnologías vinculadas con la industria aeroespacial, la informática, los sistemas de posicionamiento y otras áreas estratégicas. La empresa privada convirtió posteriormente muchas de esas capacidades en productos y servicios masivos. Pero esa etapa empresarial no elimina la historia previa de investigación y financiamiento público.
El problema de separar Estado y mercado
La discusión planteada por Mazzucato también obliga a revisar una división demasiado sencilla entre Estado y mercado.
El desarrollo económico moderno se construyó, en buena medida, mediante relaciones entre ambos. Las economías que lograron desarrollar industrias estratégicas combinaron empresas, universidades, bancos, organismos científicos y tecnológicos y políticas públicas de largo plazo.
La cuestión no es, por lo tanto, elegir entre Estado o mercado como si fueran alternativas excluyentes.
La cuestión es cómo se organiza esa relación y hacia dónde se orientan las capacidades disponibles.
Un Estado que solamente subsidia el consumo o compensa las consecuencias sociales de una economía estancada tiene una función diferente de aquel que participa en la construcción de nuevas capacidades productivas.
La diferencia es sustancial.
Innovación y desarrollo
La tesis de Mazzucato adquiere particular relevancia para países que buscan superar estructuras productivas basadas fundamentalmente en la exportación de recursos naturales y bienes primarios.
La innovación no puede reducirse a comprar tecnología desarrollada en otros países. Supone también generar conocimiento propio, formar recursos humanos, desarrollar proveedores, financiar proyectos, vincular universidades con empresas y construir instituciones capaces de sostener ese proceso durante décadas.
Por eso la política científica y tecnológica no debería considerarse una política sectorial aislada. Forma parte de una estrategia económica.
Lo mismo ocurre con la educación, la infraestructura, los organismos tecnológicos y los sistemas de financiamiento productivo.
Una discusión que excede a Mazzucato
El valor de El Estado emprendedor no reside en ofrecer una receta única. Su aporte está en poner en discusión una premisa que durante mucho tiempo dominó el debate económico: que el Estado debe limitarse a corregir los desequilibrios producidos por el mercado y dejar que la iniciativa privada determine por sí sola el rumbo de la innovación.
Mazzucato propone mirar el problema desde otro lugar.
¿Quién financia el conocimiento? ¿Quién asume los riesgos iniciales? ¿Quién forma a los investigadores? ¿Quién construye las instituciones? ¿Quién sostiene los proyectos cuyo resultado puede tardar décadas?
Las respuestas muestran que detrás de muchas innovaciones privadas existe una infraestructura pública de conocimiento y capacidades acumuladas.
La discusión, entonces, no debería reducirse al tamaño del Estado. El debate más importante es qué Estado necesita una sociedad para construir capacidades, generar innovación y ampliar su frontera productiva.
Ese interrogante resulta especialmente relevante para países como la Argentina, donde existe una extensa red de universidades, organismos científicos y tecnológicos, empresas industriales, PyMEs y capacidades profesionales que constituyen una base potencial para una estrategia de desarrollo.
La cuestión decisiva es si esas capacidades serán consideradas un costo que debe reducirse o un activo estratégico que debe desarrollarse.
REDACCION DPyE
