Cuando todavía no se había disipado el humo de los bombardeos, de los fusilamientos, de la quema de libros, películas y documentales; y el polvo de las demoliciones; y aún se sentía el ruido de la destrucción de vajillas, camas y material hospitalario; y se reducían a cenizas indumentarias, sábanas y almohadas; y cuando se desataba una caza de peronistas, que cometían civiles y militares de la oscura dictadura liberal británica del 55, los científicos de los golpistas admitían lo realizado por Juan D. Perón en el área de la ciencia y la tecnología. Se cumplen 70 años de ese aval.
“Luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno peronista en septiembre de 1955 –escribe el historiador de la UBA Hernán Comastri–, las autoridades militares convocaron a las más reconocidas figuras del ámbito científico para que evaluaran cuáles de las instituciones, medidas y proyectos impulsados por el régimen depuesto debían ser conservados en el profundo proceso de reorganización del aparato estatal que ya se estaba llevando adelante. El objetivo final de la consulta era discutir la posibilidad y la conveniencia de crear una institución capaz de coordinar y financiar la investigación científica a nivel nacional. Dos años más tarde esta institución tomaría la forma del actual Conicet”.[1]
Comastri precisa que “las personalidades convocadas por los militares [del golpe de 1955], en pleno proceso de desperonización de la vida política y social argentina, estaban libres de cualquier sospecha de simpatías por el peronismo, y muchos de ellos incluso habían militado abiertamente contra el mismo, como en el caso (ejemplar) de Bernardo Houssay. Ya concluida la disputa política con el Estado peronista, sin embargo, las conclusiones a las que arribaron en su informe destacan una labor intensa y muy diversificada en el período 1950 y 1955”:
Destaca el documento de los científicos de la dictadura:
“Queda del lustro transcurrido un conjunto de realizaciones positivas y de experiencias adquiridas que no debe ser subestimado. En el mismo han de incluirse la realización de dos censos nacionales científico-técnicos (1951 y 1954), los primeros efectuados en el país; la organización y funcionamiento del Registro Científico Nacional; elaboración de una guía provisional de unidades funcionales científico-técnicas y edición de “guías de investigación en proceso de desarrollo”; compilación de una valiosa documentación internacional de carácter científico técnico, especialmente relativa a organización y fomento de las investigaciones; formación del personal técnico especializado en problemas de organización y fomento de la investigación; constitución de varios grupos de expertos para el análisis de problemas nacionales en el campo de las ciencias médicas (sobre la base de la experiencia obtenida se ha redactado un reglamento para el funcionamiento de dichos grupos); elaboración de sendos planes nacionales sobre profilaxis de las caries dentales, brucelosis y agua potable; varias encuestas para apreciar la organización y funcionamiento de los centros que se ocupan de la poliomielitis, gripe, etc.; sanción de una ley sobre luchas contra hidatidosis, en la provincia de La Pampa, por iniciativa de esta Dirección; organización de la campaña científica a la Antártida, en 1952-53, por encargo del Instituto Antártico Argentino; realización de estudios, trabajos preparatorios y diversas gestiones para la creación del Centro Nacional de Documentación; estudio de los consejos nacionales de investigación en el extranjero dado a conocer en un volumen publicado en 1954; publicación de la revista “ACTA” (Actualidad Científica Técnica Argentina), de trabajos especiales (por ejemplo, sobre productividad industrial) y de cuadernos de traducciones de material especializado; iniciación del asesoramiento técnico en el contralor del instrumental para la industria y organismos oficiales, y fijación de normas provisionales para los termómetros clínicos de fabricación nacional; realización de estudios-base para la creación del Instituto Nacional de Instrumental Científico. Además, la dirección auspició la creación del Instituto Tecnológico del Centro (Instecor), que funciona en la ciudad de Córdoba, en cuya organización intervino activamente; promovió y obtuvo la industrialización nacional de los productos termales de Copahue; se hicieron diversos estudios e informes de apoyo relativos al mejoramiento de procesos industriales y utilización de riquezas nacionales (por ejemplo, sobre la tomatina y los minerales de baja ley); se auspició la realización del relevamiento aerofoto métrico del territorio argentino (pre-carta), con cuya finalidad se constituyó una comisión de la que formaban parte miembros de la Dirección, etc., etc.”.[2]
PULQUI II, EL PIONERO
El 8 de febrero de 1951 realizó su primera presentación pública en vuelo el I. Ae. 33 – Pulqui II, primer avión a reacción en Suramérica y el noveno a nivel mundial.
Comastri destaca –sobre el balance de los libertadores: “La cita permite observar la diversidad de ámbitos y temas en los que el peronismo ensayó una intervención de carácter científico y/o tecnológico, reconocida y legitimada luego de 1955 por la propia comunidad científica, en los documentos internos de su colaboración con el Estado, pero no en el discurso público que impuso la imagen de ruptura radical, relegando al olvido las líneas de continuidad de prácticas e instituciones que ahí se aconseja no subestimar. También resulta útil analizar cómo esa comunidad científica estuvo representada en esta instancia, es decir, quiénes componían la nómina de personas consultadas (…). Me he tomado la libertad de citar ese fragmento en extenso debido a la riqueza de la fuente, a las personalidades que participaron en la redacción de la misma y a la rigurosidad del relevamiento efectuado”.[3]
Son 44 las firmas que apoyan el documento. Las mismas se encuentran ordenadas alfabéticamente. La nómina es encabezada por el historiador de las ciencias, y entonces decano-interventor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ingeniero José Babini, quien era además miembro de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) y de la Unión Matemática Argentina (UMA).
Le siguen el ingeniero Teófilo Barañao, profesor de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA y reconocido autor de varios libros sobre maquinaria agrícola; el doctor Eduardo Braun Menéndez, miembro de la Academia Nacional de Medicina y titular de la Sociedad Científica Argentina; el decano-interventor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Agustín Candioti; el titular de la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos, ingeniero Miguel Caplan; el director del Instituto Privado de Investigaciones Argentinas, doctor Juan D’Alessio; y el doctor Venancio Deulofeu, presidente de la AAPC.[4]
Avalaron el documento también Carlos Dieulefait, miembro del Instituto Internacional de Estadística, de la Sociedad Internacional de Biometría, del Instituto Interamericano de Estadística y de la Sociedad Científica Argentina; el ingeniero Adolfo Dorfmann, experto en Industria y Energía de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU; el ingeniero Atilio Feuillade, decano-interventor de la Facultad de Agronomía de la UNLP y director de Agricultura del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense; el ingeniero José Gandolfo, jefe del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UNLP; el doctor Rolando García, director del Servicio Meteorológico Nacional; el sociólogo Gino Germani; y el Premio Nobel de Medicina, Bernardo Houssay.
Integra la lista el asesor técnico de ATANOR, sociedad anónima mixta que operaba varios complejos industriales en el país, el doctor Rafael Labriola; el ex jefe del Laboratorio de Electroquímica y Electrometalúrgica del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos, doctor Casimiro Lana Sarratte; el jefe del Instituto de Investigaciones Biológicas Campomar y futuro Premio Nobel en Química, doctor Luis Federico Leloir; el decano-interventor de la Facultad de Veterinaria de la UNLP, doctor Guillermo Lucas; el decano-interventor de la Facultad de Agronomía de la UBA, ingeniero Lucas Marengo; el titular de ATANOR, doctor Julio Orozco Díaz; y el consultor jefe de Industrias Químicas de la CEPAL, doctor Ladislao Reti.
También el secretario técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO, ingeniero Julio César Rivera; el matemático Manuel Sadosky, el doctor en química Oscar Varsavsky, el conflictivo físico mendocino Enrique Gaviola y el capitán de navío Oscar Quihillart, titular de la CNEA desde 1955.
“La relativa incapacidad del gobierno peronista para crear puentes con la comunidad científica, sus instituciones representativas y sus redes académicas –señala Comastri– fue uno de los principales obstáculos a la hora de elaborar una política de CyT coherente, autónoma y exitosa en sus propios términos. Las instituciones presentes en la lista citada no surgieron como consecuencia del golpe de Estado de septiembre de 1955: muchas de ellas fueron creadas durante el período del gobierno peronista y otras tantas tenían ya una historia propia antes de que Perón fuese electo (…). Por ahora sólo me resta remarcar el reconocimiento que este amplio espectro de científicos (y en muchos casos, a la vez, funcionarios o interventores nombrados por el gobierno de la Revolución Libertadora) realizaba en 1956 sobre la política del peronismo hacia el sector”.[5]
Comastri advierte que “la CNEA no es mencionada en el informe, pero que se consolidó institucional y profesionalmente con la construcción y puesta en marcha del reactor de investigación RA-1, en 1958. No es mencionada, posiblemente por no haber alcanzado un acuerdo entre los distintos firmantes sobre la conveniencia de sostener la institución o dejarla sin efecto y distribuir sus instalaciones y personal entre las distintas universidades nacionales, escuelas industriales y otros organismos del Estado. Esta última era la posición de Enrique Gaviola”.[6]
