Mientras el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal, la economía real muestra señales de agotamiento. La caída del consumo y la persistencia de la recesión en la mayoría de las actividades vuelven a poner en debate la sustentabilidad del modelo económico.
Los últimos indicadores económicos confirman una tendencia que ya comienza a sentirse con fuerza en la producción, el comercio y el empleo. La desaceleración inflacionaria, uno de los principales logros que exhibe el gobierno de Javier Milei, no logra traducirse en una recuperación de la actividad. Por el contrario, el consumo continúa retrocediendo y alrededor del 70% de los sectores económicos permanecen en recesión, evidenciando que la estabilidad macroeconómica aún no encuentra un correlato en la economía cotidiana.
El fenómeno no resulta inesperado. El programa económico oficial se apoyó desde el inicio en un fuerte ajuste fiscal, una severa contracción monetaria y una caída del gasto público como herramientas para reducir la inflación. Sin embargo, ese mismo proceso implicó una fuerte retracción de la demanda interna. Familias con menor poder adquisitivo, empresas que venden menos y comercios con menor circulación de clientes conforman hoy el rostro visible de esa estrategia.
La industria manufacturera, la construcción, el comercio minorista y buena parte de las pequeñas y medianas empresas continúan operando muy por debajo de sus niveles históricos. Muchos establecimientos sostienen su actividad gracias a la reducción de márgenes de rentabilidad, mientras otros optan por suspensiones, reducción de jornadas o directamente el cierre de sus operaciones.
El consumo privado sigue siendo el principal termómetro de esta situación. Cuando los salarios pierden capacidad de compra y el crédito continúa restringido, las familias priorizan alimentos, servicios básicos y gastos esenciales, postergando la adquisición de bienes durables, indumentaria, electrodomésticos o mejoras para el hogar. Esa conducta termina afectando a toda la cadena productiva.
Desde el Gobierno sostienen que este proceso constituye el costo inevitable de estabilizar una economía que durante años convivió con alta inflación, déficit fiscal y emisión monetaria. La apuesta oficial consiste en que, una vez consolidada la estabilidad, lleguen inversiones privadas capaces de impulsar una nueva etapa de crecimiento.
No obstante, numerosos economistas advierten que la recuperación difícilmente pueda consolidarse mientras el mercado interno continúe debilitado. La inversión productiva suele responder no sólo a la estabilidad macroeconómica sino también a expectativas de ventas futuras. Si las empresas perciben que la demanda permanece deprimida, las decisiones de ampliar capacidad instalada o incorporar personal tienden a postergarse.
El desafío comienza entonces a desplazarse desde la inflación hacia el crecimiento. Haber logrado desacelerar los precios representa un avance importante, pero no suficiente para garantizar una recuperación sostenible. Una economía necesita simultáneamente estabilidad, inversión, crédito, empleo y consumo.
La experiencia argentina muestra que los procesos de estabilización resultan frágiles cuando no logran recomponer el tejido productivo. Sin crecimiento de la industria, del comercio y del mercado interno, el ajuste puede transformarse en un equilibrio de baja actividad, donde las cuentas públicas mejoran mientras la economía real permanece estancada.
Los próximos meses serán decisivos para determinar si el actual programa económico logra abandonar la lógica exclusivamente financiera e ingresar en una etapa de recuperación productiva. De lo contrario, el riesgo es consolidar una economía con inflación más baja, pero también con menor producción, menor consumo y un nivel de actividad incapaz de generar empleo e impulsar el desarrollo.
AM
