El economista desmenuza para DATA los números que el discurso oficial prefiere no explicar: una deuda que ya supera los 485.000 millones de dólares, un esquema de bonos que capitaliza intereses impagables y un horizonte de estrés cambiario que, advierte, terminará cobrándose en petróleo, litio, cobre y uranio.
El número no cierra ni con el mejor de los superávits comerciales de la historia argentina reciente. Horacio Rovelli lo repite con la cadencia de quien ya hizo esta cuenta demasiadas veces: la Administración Nacional debe hoy 474.000 millones de dólares, el Banco Central suma otros 11.300 millones entre repos y Boprial, y el total —485.000 millones— crece todos los meses, aunque el Gobierno jure que el ajuste fiscal resuelve el problema.
Para el economista, especializado en finanzas públicas y ex integrante del directorio del Banco Central, la aritmética es la prueba más contundente contra el relato oficial: si los intereses de la deuda rondan el 8% anual en dólares y el país sólo logra comprar 20.000 millones de dólares por su superávit comercial, la cuenta da que apenas se cubre la mitad de lo que se debe pagar. El resto se capitaliza, se pospone, la deuda crece.
En esta entrevista con DATA, Rovelli reconstruye pieza por pieza el andamiaje de deuda montado desde diciembre de 2023: los BONCAP y las LECAP que no existían antes de la actual gestión, el rol del atraso cambiario como mecanismo de pago, y el punto en el que —sostiene— el sistema financiero dejará de convalidar el esquema. Ese momento, anticipa, coincide con un año electoral.
Arranquemos por lo básico. El gobierno como objetivo irrenunciable un resultado financiero equilibrado o superavitario. ¿Qué implica eso en la práctica?
— La actual administración readaptó para 2024 y 2025 la Ley de Presupuesto 27.701, que en rigor era la ley de presupuesto de 2023, con la premisa de priorizar el pago de los servicios de la deuda. Esa lógica se consolidó en el artículo primero de la ley 27.798, el presupuesto de este año: establece que el resultado financiero debe cerrar equilibrado o superavitario. Eso obliga a que todo el gasto primario —función pública, educación, salud, obras públicas, seguridad, defensa— se ajuste a ese objetivo. Son políticas de austeridad fiscal extrema que no comprenden el efecto multiplicador del gasto público y que, al mismo tiempo, profundizan la agresividad de un sistema tributario que termina bajando la recaudación impositiva.
¿Y por qué, si el objetivo declarado es el equilibrio fiscal, la deuda sigue creciendo?
— Porque en lugar de fortalecer la recaudación cobrándoles a los sectores de mayor riqueza y renta, el Gobierno elige financiar al Estado con más endeudamiento. Es una estrategia que dice perseguir la baja de la inflación, pero que en los hechos está transformando de manera nociva la estructura económica y social del país. Y al capitalizar mes a mes los intereses que no puede pagar, generan una deuda pública cada vez mayor.
Pongamos números. ¿De cuánto estamos hablando hoy?
— La Secretaría de Finanzas de la Nación informa que la deuda pública bruta de la Administración Nacional al 30 de junio de 2026 es de 474.000 millones de dólares. La mitad está nominada en pesos y la mitad en dólares. A eso hay que sumarle la deuda que está a nombre del Banco Central: los repos, por unos 6.000 millones de dólares —garantizados en parte con el oro que se sacó de las arcas del Banco Central y se depositó en el Banco de Inglaterra, y que vencen a principios de 2028— y unos 5.300 millones de dólares en Boprial, un título heredado de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, que no le entregaron los dólares a los importadores y les dieron en cambio ese instrumento, que recién en 2027 se convertirá en dólares. Sumado todo, la deuda de la Administración Nacional y del Banco Central llega a 485.000 millones de dólares.
¿A qué tasa se paga esa deuda?
— La tasa que cobra el FMI es del 7,7% anual en dólares. Los repos, que son un monto menor, tienen una tasa preferencial del 6,3% anual porque están garantizados con oro por el doble o el triple de su valor: si el país paga en fecha, sus tenedores —un consorcio de bancos encabezado por JP Morgan— no necesitan ejecutar la garantía. Pero en conjunto, la tasa de interés que paga la Argentina no baja del 8% anual en dólares. Aplicado sobre 485.000 millones de dólares, eso significa intereses por casi 40.000 millones de dólares al año.
¿Y con qué se pagan esos 40.000 millones?
— No se pagan en su totalidad, ni cerca. La principal fuente de dólares es el superávit comercial, que para este año se proyecta en 20.000 millones de dólares: exportaciones por una cifra récord cercana a los 100.000 millones, impulsadas por los altos precios del petróleo y los alimentos que dejan la guerra de Ucrania y el conflicto en el Golfo Pérsico, e importaciones por unos 80.000 millones. Esos dólares los tiene que comprar el Tesoro, porque le pertenecen a los exportadores, y también a YPF —donde el Estado tiene el 51% pero que opera como una sociedad anónima más— por el brutal ajuste fiscal que atraviesa la petrolera. El tipo de cambio atrasado, en torno a los 1.500 pesos, funciona ahí como una pieza clave: le permite al Estado, que recauda en pesos, comprarles esos dólares baratos a los exportadores. Con esos 20.000 millones se paga apenas la mitad de los intereses que la deuda devenga. Esa es la razón por la que la deuda crece sin límite.
¿Cómo se cubre la otra mitad de los intereses?
— Se capitaliza. Cuando se fue Alberto Fernández, la deuda era de 370.000 millones de dólares; hoy hablamos de 485.000 millones. Lo que más creció son los títulos que inventó Luis Caputo: las LECAP, letras capitalizables de 30 a 90 días, y los BONCAP, bonos capitalizables. Ninguno de los dos existía hasta 2023; se crearon desde enero de 2024. Entre ambos suman, a junio de 2026, 84.370 millones de dólares: 30.467 millones en letras y 53.903 millones en bonos. Ese monto es, en rigor, la capitalización de los intereses que no se pudieron pagar. Y va a seguir creciendo, porque no hay forma de pagarlo de otra manera. Para fin de año la deuda de la Administración Nacional va a rondar los 490.000 millones de dólares, y sumando repos y Boprial se va a superar ampliamente el medio billón de dólares.
¿Quién financia hoy ese esquema de LECAP y BONCAP?
— Básicamente los grandes bancos locales, tanto privados como el Banco Nación, y el mercado de valores, donde cotizan esos bonos y esas letras. Son ellos los que están financiando al Estado. Y va a llegar un momento, por la magnitud de la deuda, en que van a financiar menos o van a dejar de financiar. Ahí es donde se produce la verdadera situación de pago, porque el Estado no puede afrontar los intereses. Lo que va a hacer Caputo es lo que hace permanentemente: negociar, dar vuelta los títulos, renovar. Pero eso tiene un límite.
Ese límite, ¿cuándo se alcanza?
— El año que viene es un año eleccionario. Va a haber estrés financiero, un aumento en la demanda de dólares, porque el mercado no confía en que el esquema cierre y tampoco confía en la reelección de Milei, ni siquiera la propia derecha constitucional que hoy lo acompaña. Ahí se produce el quiebre. Y ese quiebre es el que les va a permitir a los que vienen a saquear exigir nuestras empresas públicas y nuestro patrimonio natural: petróleo, gas, litio, cobre, uranio, tierras raras.
Es una lectura dura sobre el proyecto político que representa Milei.
— Milei no solamente ganó una elección para ser presidente: construyó un gobierno reaccionario y retrógrado a favor de los sectores más ricos, que no les cobra impuestos, que les bajó los derechos de exportación, que redujo bienes personales, que eliminó el impuesto PAIS a la compra de dólares. Todo eso mientras la deuda no deja de crecer y no se pueden pagar los intereses. Vamos hacia un quiebre que ya tiene fecha probable, y ese quiebre se va a cobrar con nuestros recursos naturales.
Es una ínfima minoría la que se beneficia de este esquema. La mayoría vota sin ver estos números, y esa es la tragedia: no piensan por sí mismos, y por eso todos terminamos pagando las consecuencias de esta estafa.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
