A cincuenta años del secuestro y fusilamiento de los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, y del asesinato del laico Wenceslao Pedernera, la historia riojana sigue devolviendo la misma pregunta, qué clase de Iglesia resultaba intolerable para el terrorismo de Estado.
Terminaban de cenar en la casa de las monjas cuando golpearon la puerta. Eran hombres
uniformados, se identificaron como Policía Federal y pidieron a los dos curas que los
acompañaran a declarar a la capital provincial. Era la noche del 18 de julio de 1976, en Chamical, La Rioja. Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias no volvieron a esa casa.
Los llevaron a la base aérea de Chamical. Ahí los torturaron durante horas. Después los fusilaron y les vendaron los ojos, en un descampado al sur de la ciudad. Al día siguiente, unos obreros ferroviarios que volvían de su turno encontraron los dos cuerpos acribillados junto a las vías.
Murias tenía, además, signos de tortura que no dejaban margen para la versión oficial de un
enfrentamiento.
Murias había nacido en Córdoba en 1945, pasó por el Liceo Militar y empezó ingeniería antes de descubrir la vocación franciscana. Se ordenó sacerdote en 1972 y en 1975 pidió, él mismo, que lo destinaran a La Rioja. Terminó de vicario en Chamical. Poco antes de morir le escribió a sucomunidad una frase que hoy se lee como un diagnóstico exacto de la época: “Acá al obispo lo persiguen, a los curas los cuestionan, en cualquier momento nos van a matar”.
Longueville, en cambio, venía de otra tradición: nació en 1931 en una familia campesina francesa, se ordenó en 1957 y en 1969 partió como misionero a comunidades indígenas de México, donde aprendió castellano. En 1971 se incorporó a la diócesis de La Rioja como párroco. Dostrayectorias distintas —el joven riojano formado en el fervor conciliar y el misionero francés curtido en el trabajo con comunidades indígenas— confluyeron en la misma parroquia, El Salvador, y en el mismo desenlace.
Ambos formaban parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, la corriente que en la Argentina de los setenta tradujo la opción por los pobres del Concilio Vaticano II y de Medellín en organización campesina, cooperativas y catequesis social. En La Rioja, esa traducción tenía nombre y apellido: Enrique Angelelli, el obispo que había reorientado la diócesis entera hacia los sectores rurales más postergados y que, por eso mismo, se había convertido en blanco de la derecha eclesiástica local y de los servicios de inteligencia militares antes incluso del golpe del 24 de marzo de 1976.
La lógica represiva no distinguía entre sotana y overol. Una semana después de Chamical, en la noche del 24 de julio, un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la casa de Wenceslao Pedernera, en Sañogasta, y lo acribillaron delante de su esposa y sus tres hijas. Pedernera no tenía formación teológica ni estudios completos: había trabajado en una calera y después en las bodegas Gargantini, en Mendoza, antes de volcarse a la catequesis rural junto a Angelelli. Su asesinato deja en evidencia que el objetivo no era un clero disidente sino una red pastoral completa, laicos incluidos.
Angelelli no tardó en seguir el mismo destino. Viajó a Chamical para el sepelio de Murias y
Longueville y se quedó varios días acompañando a la comunidad. Días más tarde, al regresar a la capital riojana con uno de sus vicarios, murió cerca de Punta de los Llanos en lo que lasautoridades militares presentaron como un accidente de tránsito: el obispo apareció junto a su auto volcado, con un golpe fatal en la cabeza. La Justicia tardó décadas en desarmar esa versión.
Recién en 2014 un tribunal federal determinó que se trató de un homicidio y condenó a dos
militares retirados. Dos cartas de Angelelli guardadas en los archivos vaticanos, que el papa
Francisco puso a disposición de la causa, resultaron centrales para esa condena.
El Vaticano reconoció en 2018 que las cuatro muertes constituyeron martirio “en odio a la fe” y, el 27 de abril de 2019, los beatificó en una ceremonia multitudinaria en la ciudad de La Rioja. Desde entonces el 17 de julio quedó fijado como su fecha litúrgica. El predio donde fusilaron a Murias y Longueville se llama, desde hace años, Los Mártires, y un oratorio sostiene ahí la memoria del episodio.
Medio siglo después, el caso Chamical sigue funcionando como un espejo incómodo. Interpela tanto a los sectores eclesiásticos que reivindican aquella Iglesia comprometida con los pobres como a los relatos que todavía buscan reducir el terrorismo de Estado a una guerra entre dos demonios. No hubo enfrentamiento en la casa de las monjas de Chamical. Hubo una orden, una base de la fuerza aérea y una decisión política de exterminar cualquier forma de organización popular.
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