Desde diciembre de 2023, dos decretos desmontaron al INYM y trasladaron renta desde los colonos misioneros hacia una industria concentrada, con Corrientes como modelo de referencia.
Por Antonio Muñiz
Los datos de la Federación de Cooperativas Agrarias de Misiones son elocuentes. Las salidas de molino cayeron 0,93% interanual en el primer cuatrimestre de 2026 —104,4 millones de kilos— y el consumo interno proyectado sigue muy por debajo de los pisos históricos de 265 a 280 millones de kilos anuales. El crecimiento exportador del 6,05% que el Gobierno exhibe como éxito cubre apenas una fracción del negocio: los 14,8 millones de kilos despachados al exterior representan menos del 15% de lo que se vende puertas adentro. No es un desequilibrio casual: es la consecuencia de una política diseñada para transferir ingresos desde el eslabón productivo hacia el industrial-exportador, y desde el modelo cooperativo misionero hacia una estructura de mayor escala que tiene en Corrientes su espejo histórico.
| La crisis en números (1er cuatrimestre 2026 · INYM / FEDECOOP) | |
| Salidas de molino totales | 104.422.828 kg |
| Variación interanual | -0,93% |
| Volumen exportado | 14.820.056 kg |
| Consumo interno proyectado (anual) | 265-280 M kg |
| Caída real del precio al productor desde dic. 2023 | -44,3% |
La genealogía normativa
El desmantelamiento del INYM fue en dos tiempos. El DNU 70/2023, firmado por Milei a días de asumir, eliminó la facultad del organismo para fijar los precios de la hoja verde y la yerba canchada, dejando que los industriales fijaran libremente el valor de compra. El impacto fue inmediato: el precio al productor cayó de 370 pesos el kilo en diciembre de 2023 a 180 pesos en septiembre de 2024. Dos años después, el Decreto 812/2025 —firmado junto a Manuel Adorni y Luis Caputo— completó la demolición: reescribió el decreto reglamentario 1240/02 y prohibió al INYM «dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda».
El propio Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, cuantificó el resultado: desde diciembre de 2023 el precio real de la yerba cayó 44,3%. Para el funcionario no es un costo sino el mecanismo mismo de la política, y la reivindica como modelo a profundizar en otras economías regionales.
La pinza importadora
La desregulación de precios se combinó con una apertura comercial que le puso un techo adicional a la materia prima nacional. Las grandes industrias usan la yerba canchada paraguaya y brasileña para negociar a la baja lo que pagan en el mercado interno: mientras el kilo importado rondaba los 1.250 pesos, el nacional se ubicaba en 1.800. El Gobierno además facilitó esa importación con acceso preferencial a divisas, 30 días de plazo para liquidar y exención del doble anticipo de IVA y de Ganancias que sí pagan los productores locales. El balance oficial lo confirma sin matices: producción en alza de 29% y exportaciones creciendo casi 17% entre 2023 y 2024, mientras el precio local se hundía 44% en términos reales. Más volumen, menos renta para quien produce.
¿Quién gana? La arquitectura de la concentración
La cadena yerbatera ya exhibía una concentración significativa antes de la desregulación: de más de 200 marcas y 140 molinos, apenas diez concentran el 80% del mercado, entre ellas Taragüí (Las Marías), Rosamonte (Hreñuk), Amanda (La Cachuera) y Nobleza Gaucha (Molinos Río de la Plata), junto a cooperativas como Playadito, Aguantadora y Andresito.
Esa concentración tiene una geografía política: Las Marías, de la familia Navajas Artaza —con antecedentes en gobiernos de facto— y Molinos Río de la Plata, de los Pérez Companc, dominan una industria asentada en Corrientes, provincia históricamente gobernada por sectores oligárquicos donde poder económico y político se entrelazan. El pequeño productor y el entramado cooperativo —Andresito, Piporé, Montecarlo— se desarrollaron, en cambio, en Misiones.
La diferencia entre ambos esquemas es de distribución territorial del ingreso: el modelo correntino beneficia a una o dos empresas grandes sin derrame económico, mientras que el misionero —más de 9.000 productores y casi 100 pymes industriales— sostiene el arraigo rural en toda la provincia. Los volúmenes lo confirman: en 2024 Misiones procesó 120,9 millones de kilos para el mercado interno frente a los 100,9 millones de Corrientes, con una base productiva mucho más diversa.
| Dos modelos productivos frente a frente | |
| Productores (Misiones) | +9.000 |
| Pymes industriales (Misiones) | ≈100 |
| Volumen procesado Misiones (2024) | 120,9 M kg |
| Volumen envasado Corrientes (2024) | 100,9 M kg |
| Marcas que concentran el mercado nacional | 10 → 80% |
El antecedente que anticipa el rumbo
Que la industria correntina aspira desde hace años a un modelo de gran escala no es una hipótesis: en 2021 el INYM restringió nuevas plantaciones para proteger el equilibrio entre oferta y demanda, frustrando proyectos de entre 500 y 1.000 hectáreas que ya estaban en carpeta. La industria y el Gobierno de Corrientes votaron en contra y llevaron el conflicto a la Justicia; el entonces gobernador Valdés nombró como su representante en el organismo a un ex gerente de Las Marías. El Decreto 812/2025 remueve exactamente ese obstáculo: con un INYM inhabilitado para «generar barreras de entrada», la cupificación de plantaciones queda jurídicamente inviable y el camino hacia el agronegocio de gran escala —con inversores institucionales sustituyendo al colono— queda despejado.
La resistencia misionera
El sector cooperativo no se quedó pasivo: además del reclamo político, un juez llegó a suspender cautelarmente los artículos del DNU 70/2023 que desregulaban la comercialización, a pedido del director del INYM y referente de la Unión de Agricultores de Misiones, Marcelo Hacklander. Esas cautelares no torcieron el rumbo de fondo, y el Decreto 812/2025 llegó dieciocho meses después a profundizar lo que la Justicia había frenado. En el plano gremial, el Movimiento Agrario Misionero optó por el asociativismo defensivo, nucleando decenas de marcas agroecológicas de pymes y cooperativas para disputar góndola frente a la concentración —una respuesta de mercado ante la ausencia de política pública.
La lectura de economía política
El caso yerbatero confirma un patrón de la matriz de políticas de Milei hacia las economías regionales: la desregulación no es neutral respecto de la estructura de propiedad, es un instrumento para modificarla. Al retirar al Estado de su función de arbitraje —la que el INYM cumplió durante veintidós años, imperfecta pero real—, el mercado no vuelve a una «libre competencia» abstracta, sino a la asimetría de poder preexistente, donde el industrial concentrado fija el precio y el colono lo recibe. La apertura importadora completa la pinza, bajo la retórica de «modernizar» el sector: el resultado es funcional a consolidar el agronegocio de gran escala, con menos actores y mayor concentración de tierra y capital, en detrimento del entramado cooperativo que hizo de Misiones —no de Corrientes— el verdadero motor de arraigo territorial de la cadena yerbatera.
La crisis «terminal» que describen hoy los dirigentes misioneros no es una falla de mercado. Es el resultado esperado de un diseño de política que decidió, con nombre y apellido en sus decretos, a quién transferirle la renta de la infusión más consumida del país.
Fuentes: Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federación de Cooperativas Agrarias de Misiones, Movimiento Agrario Misionero, Agencia ANSOL, La Nación, El Cronista, Infobae, Bloomberg Línea, Canal 12 Misiones, Página/12, La Política Online, DataClave, Agro Bonaerense.
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