La característica definitoria del neoliberalismo siempre fue el aislamiento del capital del control democrático. La ruptura del trumpismo con el libre comercio ha cambiado la retórica. Pero el orden económico subyacente permanece intacto.
Por Matías Vernengo *
El neoliberalismo suele pasar desapercibido. Sus defensores rara vez se identifican como neoliberales. Philip Mirowski lo describió como el movimiento que no se atrevía a pronunciar su propio nombre. Sus partidarios suelen sugerir que nunca existió, salvo como un término despectivo inventado por la izquierda. Branko Milanovic ha ido más allá recientemente, afirmando que el neoliberalismo ha muerto . La era de la globalización, basada en el cosmopolitismo y la competencia internacional, ha dado paso a un mundo más proteccionista y nacionalista. Pero el error reside en identificar el neoliberalismo con la globalización o el libre comercio. Estos fueron instrumentos políticos, no su rasgo definitorio. Su característica definitoria siempre ha sido la subordinación de la política democrática a la racionalidad del mercado y el aislamiento institucional del capital frente a las demandas populares. Visto así, el auge del populismo de derecha no marca el fin del neoliberalismo, sino una de sus últimas transformaciones.
Milanovic tiene razón al afirmar que el antiguo discurso del libre comercio y la integración cosmopolita ya no describe el comportamiento de las grandes potencias. Estados Unidos y Europa utilizan ahora aranceles, subsidios, sanciones, políticas industriales y controles geopolíticos con una franqueza que habría parecido inusual hace unas décadas. La reacción política contra la desindustrialización, la desigualdad y la crisis financiera es real. Pero de ello no se deduce que el neoliberalismo haya llegado a su fin. Hay que ser cautelosos respecto a la trascendencia del cambio: lo cierto es que Occidente, y especialmente Estados Unidos, nunca abandonó la política industrial. En la práctica, la intervención estatal en sectores estratégicos ha sido una constante, aunque a menudo se niegue en el discurso público.
Es fundamental distinguir el neoliberalismo de los lemas con los que a menudo se ha presentado. El neoliberalismo no fue un redescubrimiento de la antigua doctrina del laissez-faire del liberalismo clásico. Tampoco es simplemente un movimiento político. Su fundamento analítico reside en la economía neoclásica moderna, sobre todo en la afirmación de que los mercados son los mecanismos superiores para coordinar la vida social y que el fracaso del gobierno es, en general, más peligroso que el fracaso del mercado.
Esa distinción explica tanto qué es el neoliberalismo como por qué ha perdurado tanto. Puede sobrevivir al abandono de ciertas políticas, incluso del libre comercio, siempre y cuando los mercados sigan siendo la norma con la que se juzga la acción política y el capital permanezca al margen de las exigencias democráticas.
Los neoliberales recurren a todo tipo de subterfugios para disimular la naturaleza de sus ideas. Prefieren autodenominarse liberales clásicos, defensores de la libertad económica o, simplemente, realistas que comprenden el funcionamiento de los mercados. Tanto Milton Friedman como Friedrich Hayek —los máximos exponentes intelectuales del neoliberalismo— acabaron rechazando el término. Invocaron la autoridad de Adam Smith, el padre fundador de la economía, pero ese vínculo con el liberalismo clásico primitivo siempre fue tenue. En particular, el uso que la Escuela de Chicago hizo del legado de Smith —el mito del hombre hecho a sí mismo, las virtudes del emprendedor y los peligros del poder burocrático— impulsó el auge del conservadurismo estadounidense, otra etiqueta que a menudo se rechazaba, incluso cuando Friedman era un asesor clave de Barry Goldwater.
La narrativa neoliberal es simple: la sociedad prospera cuando los individuos son libres de comprar, vender, invertir y competir, sin la intervención del gobierno. Esta narrativa ha sido una de las más exitosas del último medio siglo. Ha logrado que la privatización suene a liberación, la desregulación a modernización y los ataques a los sindicatos a defensa de los consumidores comunes. Ha permitido que enormes transferencias de poder e ingresos hacia arriba parezcan el resultado neutral de fuerzas de mercado impersonales.
A Adam Smith se le suele considerar el santo patrón del neoliberalismo. La imagen habitual es la de Smith como el apóstol de la mano invisible. Pero las preocupaciones de Smith eran diferentes, arraigadas en su propia experiencia histórica. Smith escribió contra un mundo de privilegios aristocráticos, monopolios coloniales, restricciones mercantilistas y vestigios feudales que impedían el ascenso de la burguesía. Su economía política se centraba en la producción, la acumulación y la distribución de la renta entre las clases sociales. Los salarios, los beneficios y las rentas no eran simplemente recompensas repartidas por un mercado perfectamente eficiente. Estaban condicionados por las relaciones sociales, las instituciones y los conflictos.
Smith defendió la sociedad comercial porque creía que la división del trabajo podía aumentar la productividad y debilitar los antiguos sistemas de privilegios. Sin embargo, no ofreció una teoría que demostrara que los mercados siempre producen el mejor resultado social posible. Tampoco consideraba al Estado inherentemente ilegítimo. Le asignó responsabilidades en materia de infraestructura, educación, justicia y defensa. El liberalismo de la época de Smith fue, al menos en parte, un ataque a un orden establecido dominado por terratenientes, monopolistas y el poder hereditario.
El neoliberalismo es algo distinto. No se trata principalmente de una revuelta contra los privilegios. Más a menudo, es una defensa de nuevos privilegios vinculados a la propiedad, las finanzas, el poder corporativo y la libertad del capital para actuar al margen del control democrático.
La diferencia se hace más evidente al analizar los fundamentos económicos. La economía política clásica, desde Smith hasta David Ricardo y Karl Marx, se centraba en la producción y la distribución. Se preguntaba cómo se reproducen las economías, cómo se reparten los beneficios y los salarios, y cómo la acumulación modifica la estructura social. Consideraba el capitalismo como un sistema marcado por el conflicto de clases, incluso cuando sus autores discrepaban profundamente sobre si dicho conflicto era manejable o deseable. La economía neoclásica cambió el enfoque del debate. En lugar de partir de las clases, la producción y la distribución, partió de los individuos, sus preferencias y su capacidad de elección en un mundo de escasez. Los precios se convirtieron en señales que coordinan las decisiones descentralizadas. En su mundo idealizado, los mercados asignan los recursos de manera eficiente porque cada persona responde a los incentivos, y los precios transmiten la información necesaria para orientar la producción y el consumo.
Ese marco no implicaba automáticamente políticas neoliberales. Gran parte de la economía neoclásica del siglo XX aportó argumentos a favor de la intervención pública. Los economistas del bienestar aceptaban el marco marginalista, pero enfatizaban que los mercados podían fallar. Los monopolios podían distorsionar los precios, la contaminación podía generar costos para otros, los bienes públicos podían ser insuficientes y la inversión privada podía resultar insuficiente para cubrir las necesidades de la sociedad. Desde esa perspectiva, los impuestos, los subsidios, la regulación, la inversión pública y la seguridad social podían mejorar los resultados del mercado. El Estado no se oponía necesariamente al mercado; podía corregir sus fallas.
El paso decisivo del neoliberalismo fue invertir la premisa. La cuestión ya no era si los mercados fallaban —por supuesto que sí—, sino si los gobiernos podían hacerlo mejor. La Escuela de Chicago, y en particular la obra de Ronald Coase y George Stigler, fue fundamental para ese cambio. Argumentaron que las instituciones políticas están cooptadas por intereses particulares, que los burócratas persiguen su propio poder, que la regulación se ve distorsionada por las empresas que supuestamente debe controlar, y que las demandas democráticas conducen al gasto derrochador, la inflación y el desorden político.
Esto también marcó un cambio en la Escuela de Chicago sobre derecho antimonopolio, asociada al trabajo de Aaron Director, cuñado de Friedman, Stigler y sus discípulos Robert Bork y Richard Posner, quienes redefinieron el problema del monopolio, alejándolo del poder político y la estructura del mercado, y dirigiéndolo hacia un criterio más estricto centrado en el bienestar del consumidor. Ya no se presumía que las grandes empresas eran peligrosas debido a la concentración o el poder. Para la escuela de Chicago, muchas prácticas supuestamente monopolísticas eran en realidad competitivas , reflejando una solución eficiente a las condiciones del mercado. A menudo se consideraba que las corporaciones eran eficientes a menos que se pudieran demostrar efectos claros en los precios, lo que finalmente tuvo importantes implicaciones para la política antimonopolio.
Las implicaciones intelectuales eran claras. Incluso un mercado imperfecto suele ser preferible a un gobierno que intenta corregirlo. La regulación la llevan mejor las corporaciones, y su comportamiento debe juzgarse según si los precios perjudican al consumidor. Este es el núcleo intelectual del neoliberalismo. Su premisa central no es simplemente que la empresa privada sea buena o que toda intervención gubernamental sea mala, sino que el sistema de precios es el mejor mecanismo disponible para organizar la sociedad, mientras que la acción colectiva a través de instituciones democráticas es inherentemente sospechosa. El sistema de precios es el rey.
Las ideas de James M. Buchanan, otra figura de la Escuela de Chicago, son fundamentales en este sentido. A diferencia de Friedman o Hayek, quienes enfatizaban la superioridad de los mercados y a menudo buscaban persuadir a la opinión pública, Buchanan se centró en el diseño institucional. Su objetivo era crear estructuras constitucionales que protegieran al capitalismo de las presiones democráticas, independientemente de los resultados electorales. Nancy MacLean argumentó que la influencia de Buchanan en el movimiento neoliberal más amplio, la llamada escuela de la elección pública, consistió en diseñar mecanismos que redujeran el alcance de la elección democrática y limitaran el control sobre el capital, básicamente mediante bancos centrales independientes, reglas fiscales y protecciones judiciales de la propiedad. El objetivo era reducir el alcance de las instituciones democráticas que pudieran limitar la autonomía del capital. Sin embargo, la idea implícita seguía siendo que los mercados son el mejor mecanismo para la coordinación armoniosa de las interacciones de intercambio individuales. Por eso debían estar protegidos del dominio de la mayoría.
Los economistas austriacos, la Escuela de Chicago, los teóricos de la elección pública y los expertos en derecho y economía desarrollaron esta afirmación de diversas maneras. Algunos preferían los modelos formales; otros desconfiaban de la economía matemática. Algunos abogaban por un Estado mínimo; otros, por un Estado lo suficientemente fuerte como para imponer disciplina competitiva. Pero todos compartían una creencia fundamental: los mercados son la forma privilegiada de coordinación social, mientras que la política tiende a corromper, distorsionar y destruir.
Hayek es particularmente importante en este contexto. Su argumento principal contra la intervención estatal era que ningún planificador gubernamental podía controlar el conocimiento disperso que poseen millones de individuos. Los precios, afirmaba, comunican información que ninguna autoridad central podría recopilar ni procesar. Por lo tanto, el mercado no solo era eficiente, sino que constituía una forma de inteligencia social.
Esta era una idea poderosa porque otorgaba a los mercados una autoridad casi moral. Interferir con los precios no era simplemente alterar la distribución del ingreso, sino perturbar un vasto y espontáneo sistema de conocimiento y coordinación. La democracia podía plantear demandas, los trabajadores podían organizarse y los votantes podían buscar la redistribución, pero todas estas reivindicaciones podían ser desestimadas como intrusiones peligrosas en un proceso supuestamente más sabio que cualquier decisión política colectiva.
Por lo tanto, el Estado neoliberal nunca tuvo la intención de ser débil. Este es uno de los disfraces más persistentes de esta ideología. El neoliberalismo no exige la desaparición del Estado, sino que lo reorganice para proteger los mercados y el capital de la presión democrática. Necesita tribunales para hacer cumplir los contratos, bancos centrales para disciplinar a los trabajadores y controlar la inflación, policía para proteger la propiedad, acuerdos comerciales para limitar la política nacional e instituciones internacionales para garantizar el cumplimiento de las deudas.
Puede que se oponga al gasto en asistencia social, pero no se opone al poder público cuando este se utiliza para rescatar bancos, garantizar activos financieros, reprimir sindicatos, privatizar servicios públicos o abrir nuevos espacios para la acumulación de capital. Quinn Slobodian denomina a esto el encapsulamiento de los mercados. El objetivo no es liberar a los mercados de toda institución, sino construir instituciones que los sitúen fuera del alcance de la soberanía popular.
Por eso el neoliberalismo ha sido compatible con las políticas autoritarias. Sus primeros experimentos a gran escala no se dieron en las democracias pacíficas habitualmente asociadas con el libre mercado. Chile, tras el golpe de Estado de 1973, y Argentina, tras el de 1976, se convirtieron en laboratorios de privatización, desregulación, políticas antiobreras y ortodoxia monetaria. La crisis de la deuda de la década de 1980 contribuyó a generalizar estas políticas en América Latina y, finalmente, en gran parte del mundo en desarrollo.
El Consenso de Washington presentó esta transformación como una necesidad técnica. Se les dijo a los países que necesitaban disciplina fiscal, liberalización del comercio, privatización, desregulación y bancos centrales independientes porque no había alternativa. El ajuste estructural se vendió como una medida correctiva, no como una redistribución del poder.
Esa es otra razón por la que el neoliberalismo ha tenido éxito político. Convierte las decisiones políticas en cuestiones técnicas. La cuestión no es si los trabajadores deberían tener mayor poder de negociación, sino cómo permitir que los mercados laborales se ajusten de manera eficiente. Esto implica eliminar el poder de los sindicatos y promover una mayor flexibilidad. La cuestión no es si los gobiernos deberían destinar crédito a la vivienda, la infraestructura o la industria, sino si los gobiernos tienen más criterio que los banqueros. La cuestión nunca es si los servicios públicos son derechos universales, sino cuáles son bienes públicos que no pueden ser proporcionados eficientemente por los mercados. La cuestión no es si se debe gravar la riqueza, sino si esto amenazaría a los empresarios y distorsionaría los incentivos a la inversión. El efecto es hacer desaparecer el conflicto de clases. Ya no hay trabajadores y propietarios con intereses contrapuestos en los ingresos y el poder. Solo hay individuos que toman decisiones, empresarios que responden a los incentivos, consumidores que maximizan su bienestar y gobiernos que interfieren en el proceso de autoorganización que ordenaría las cosas.
En esta visión del mundo, el ciudadano ideal no es un trabajador con intereses colectivos, sino un emprendedor, o más precisamente, un emprendedor potencial. El desempleado no es alguien a quien la economía ha fallado, sino alguien que debe volverse más adaptable. El hogar endeudado no está atrapado en un sistema de poder desigual, sino que debe aprender responsabilidad financiera. El trabajador que exige salarios más altos se convierte en una amenaza para la competitividad. El sindicato se convierte en un interés particular. El estado de bienestar se convierte en dependencia. El mito del emprendedor apela a frustraciones genuinas. Les dice a las personas que no son impotentes, incluso cuando las instituciones que podrían otorgarles poder colectivo se desmantelan. Promete libertad, pero reduce su significado a la libertad de competir.
Por eso, el populismo de derecha contemporáneo no debe confundirse con una ruptura total con el neoliberalismo. Los aranceles, las sanciones y los ataques de Donald Trump a la globalización suelen presentarse como un rechazo al antiguo consenso del libre mercado. Sin embargo, la economía moral subyacente sigue siendo profundamente neoliberal. El empresario continúa siendo el héroe. El gobierno es legítimo cuando protege a las empresas nacionales, castiga a los competidores extranjeros o elimina los obstáculos a la acumulación privada. Los aranceles se venden menos como un desafío a los mercados que como una forma de restaurar un orden de mercado supuestamente justo frente a extranjeros deshonestos, burócratas y élites globales.
Lo mismo se aplica, en términos más generales, a la nueva política industrial, que, cabe añadir, nunca se abandonó por completo en Estados Unidos ni en Europa Occidental. Los Estados pueden subvencionar a empresas líderes nacionales, dirigir la inversión o proteger sectores específicos. Sin embargo, aún pueden considerar la rentabilidad, la competitividad, el valor para el accionista y los beneficios privados como los criterios últimos de éxito. El proteccionismo no es, por sí solo, una alternativa al neoliberalismo. Tampoco lo es un Estado más grande. Los Estados siempre han intervenido en los mercados. La cuestión es si la intervención modifica la jerarquía social del poder o simplemente utiliza recursos públicos para garantizar un capitalismo más competitivo.
Dos recientes decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la independencia de los organismos reguladores simbolizan la persistencia del neoliberalismo. Una protege de despidos a los funcionarios designados de la Reserva Federal, mientras que la otra permite una intervención similar en la Comisión Federal de Comercio (FTC). La premisa implícita es que la Reserva Federal ocupa una posición institucional única, cuya independencia de la política democrática es deseable y necesaria. La Corte amplió simultáneamente el control presidencial sobre organismos como la FTC, al tiempo que preservaba el estatus especial de la Reserva Federal en virtud de la Ley de la Reserva Federal.
Trump ha cuestionado aspectos del aparato administrativo de la posguerra, pero ni el tribunal ni gran parte de la clase política han puesto en tela de juicio el estatus constitucional e ideológico privilegiado de la Reserva Federal. El fallo del Tribunal no solo protege a la Fed, sino que reafirma la distinción neoliberal entre la intervención democrática aceptable (sobre los organismos reguladores) y la inaceptable (sobre la política monetaria). Esto demuestra claramente que, a pesar del auge del populismo de derecha, el orden constitucional neoliberal ha demostrado una notable resistencia. El tribunal protege a la Fed porque la disciplina monetaria sigue siendo fundamental para el orden institucional neoliberal, pero somete a la FTC (Comisión Federal de Comercio) de forma más directa al control presidencial, debilitando así al organismo más asociado con la supervisión del poder corporativo. La asimetría es reveladora: la banca central está aislada de la democracia, pero la aplicación de las leyes antimonopolio se ve debilitada. Esto no representa el fin del neoliberalismo, sino una de sus mutaciones. El sistema funcionó para proteger a las instituciones que regulan el trabajo, al tiempo que reducía la autonomía de las instituciones que podrían regular el capital.
El populismo de derecha, surgido como consecuencia del éxito del neoliberalismo y de la incapacidad de los gobiernos de centroizquierda para romper decisivamente con él y abordar las fallas de mercado que provocó, no ha abandonado la lógica subyacente de los mercados libres. El proyecto fundamental era la protección del capital, el debilitamiento del trabajo y el aislamiento de los mercados frente al control democrático. El neoliberalismo no terminará simplemente porque los gobiernos impongan aranceles o porque los políticos nacionalistas denuncien la globalización. Solo terminará cuando los Estados dejen de considerar la racionalidad del mercado como la lógica principal de la gobernanza. Solo terminará cuando el mito empresarial deje de ser el modo dominante de dirigirse a la población y gobernarla. Esto requeriría que las organizaciones pro-trabajadores, los partidos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil adquieran el poder estructural para competir con el capital. Solo entonces podremos empezar a construir una sociedad en la que el empleo, la vivienda, la salud, la supervivencia ecológica y la igualdad democrática no estén subordinados a la lógica de los mercados libres.
* Matías Vernengo es profesor de economía en la Universidad de Bucknell y exdirector de investigación del Banco Central de Argentina. Es coeditor de la Revista de Economía Keynesiana y coeditor jefe de The New Palgrave Dictionary of Economics.
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