Un nuevo dato sacude la causa contra el jefe de Gabinete, la Justicia detectó transferencias millonarias hacia la consultora de su esposa desde empresas con contratos del Estado. El hallazgo se suma a una investigación que desde marzo indaga enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y lavado de activos. El vocero de la motosierra, contra las cuerdas.
Cada vez que el Gobierno cree que el escándalo amaina, vuelve a crecer. El último dato que ingresó al expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py vuelve a poner a Manuel Adorni en el peor de los lugares: el de un funcionario que predica la motosierra para el conjunto y no logra explicar el origen del dinero que circuló por su propia familia. La novedad no reemplaza a la causa: la profundiza.
El nuevo dato: el dinero que llegó a la consultora de Angeletti
La pieza más reciente de la investigación apunta a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete y titular de la consultora de coaching organizacional +Be. La Justicia detectó que tres empresas proveedoras del Estado le giraron pagos millonarios a esa firma.
La principal es Grupo Foggia, una productora vinculada a la licitación —abierta por el propio Adorni— para concesionar por veinticinco años el predio de Tecnópolis: las transferencias rondarían los 55 millones de pesos.
A ellas se suman montos menores de Grupo Datco y de la naviera National Shipping, esta última contratista de YPF, empresa a cuyo directorio Adorni fue designado en enero de 2026.
El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita buscan establecer si esos pagos encubrieron negociaciones incompatibles con la función pública. La hipótesis es de manual: si una empresa que compite por un contrato estatal financia, en paralelo, a la consultora de la esposa del funcionario que decide ese contrato, la autoría mediata de un eventual delito recaería sobre el propio Adorni. No es un dato aislado: es la pieza que conecta el patrimonio familiar con el ejercicio del cargo.
Una causa que crece desde marzo. Tres figuras penales en danza
La investigación no empezó la semana pasada. Desde marzo, la Justicia federal indaga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de una evolución patrimonial que no cierra con sus ingresos. En abril, el juez Lijo —a pedido de Pollicita— ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, de su esposa y de la sociedad AS Innovación Profesional, de propiedad de la pareja, para rastrear cuentas, tarjetas, cajas de seguridad y billeteras virtuales. Sobre la mesa hay tres tipos penales de distinta gravedad: enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y lavado de activos.
El contraste que alimenta la causa es aritmético. Adorni cobra un sueldo que ronda los 3,5 millones de pesos —por el congelamiento que el propio Javier Milei dispuso para los altos cargos—, pero su patrimonio neto declarado saltó de 61 millones de pesos, en su primera presentación, a 627,2 millones en la última. Solo durante el año pasado, el matrimonio sumó gastos por más de 85 millones de pesos. La pregunta que la inocencia fiscal no borra es la que ordena todo el expediente: ¿de dónde salió ese dinero, si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado?
El expediente, operación por operación
| Operación | Lo que investiga la Justicia |
| Transferencias a +Be | Grupo Foggia, Datco y National Shipping pagaron a la consultora de Angeletti; el caso Foggia ronda $55 millones. |
| Depto. Caballito | Comprado en 2025: US$ 30.000 en efectivo y una hipoteca sin interés de US$ 200.000 de dos jubiladas. |
| Casa en Indio Cuá | US$ 120.000 (US$ 20.000 en efectivo + hipoteca de US$ 100.000); las vendedoras declaran que aún se les deben US$ 70.000. |
| Refacciones | El contratista Matías Tabar declaró haber cobrado US$ 245.000 en efectivo y sin factura. |
| Viajes | Nueva York en avión presidencial y Punta del Este en vuelo privado; la PIA investiga posibles dádivas. |
| US$ 500.000 cripto | Reconocidos recién en junio; sin prueba de titularidad de la billetera ni del origen de los fondos. |
La defensa que no convence: del “no tengo nada que esconder” al blanqueo fiscal.
La secuencia de explicaciones es, en sí misma, parte del problema. En marzo, Adorni fue terminante: “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”. Tres meses después se desdijo: reconoció “ahorros en negro” y unos US$ 500.000 en Bitcoin que nunca había declarado, atribuidos a operaciones entre 2013 y 2018. Especialistas advirtieron que la billetera señalada no prueba su titularidad —debería exhibir la clave privada, algo que no hizo— y que las rectificaciones de 2023 y 2024 incorporaron y luego hicieron desaparecer criptoactivos sin explicación.
El gesto más elocuente llegó a fin de mayo: Angeletti se inscribió en el régimen de inocencia fiscal sancionado por el propio Gobierno, que permite declarar activos no exteriorizados sin sanción penal. El problema es que ese perdón opera solo en el plano tributario: no alcanza al lavado de activos ni a las causas por enriquecimiento ilícito de funcionarios. Un vocero que hizo de la transparencia su bandera intentó refugiarse en la legalidad impositiva, pero no puede esconderse detrás de ella.
El blindaje de los hermanos Milei. sostienen a su funcionario más expuesto.
Lejos de tomar distancia, la cúpula libertaria cerró filas. Karina Milei, su principal sostén, fijó la línea desde el primer escándalo —“Mi apoyo total e incondicional. Conozco tu integridad. Eso me alcanza”— y la ratificó tras la declaración jurada: “Mi apoyo, intacto”. Javier Milei acompañó con un abrazo prolongado ante las cámaras en el acto por Malvinas, reuniones de respaldo en Olivos en plena versión de renuncia y la presencia del Gabinete en pleno en su descargo. Luis Caputo completó el coro: dijo que el Presidente considera a Adorni “una persona honesta”. El blindaje, sin embargo, ya muestra grietas: el PRO y la UCR reclamaron explicaciones inmediatas y pidieron defender “el cambio y no a Adorni”.
Estado de situación: del bloqueo en Diputados a la censura en el Senado
En el plano político, la protección rindió un primer fruto: en Diputados, el oficialismo abortó los intentos de interpelación con la llamada guerra de sesiones, combinando maniobras reglamentarias de Martín Menem en el recinto y la gestión de Diego Santilli sobre los gobernadores para garantizar el quórum. Pero la disputa migró al Senado, donde el escenario es más hostil: la oposición cuenta votos para una moción de censura, herramienta sin antecedentes desde que el cargo fue creado en 1994, y Adorni debe presentar su informe de gestión.
Recluido con su familia y casi sin actividad pública, el funcionario prepara su defensa y descuenta que la interpelación no prosperará. En paralelo, según trascendió, en las alturas del Gobierno se evalúa una salida diplomática —un consulado— que lo aleje de la escena sin pasar por el Senado. El debate ya no es si Adorni responde las preguntas pendientes, sino cómo evitar que tenga que hacerlo.
Lectura política.
El caso desnuda el corazón del relato libertario. La motosierra que recorta jubilaciones, universidades y salarios se detiene, curiosamente, en la puerta del patrimonio de quien encarnó esa épica. Transferencias de empresas que litigan por contratos públicos hacia la consultora familiar, propiedades compradas con hipotecas informales, refacciones pagadas en efectivo sin factura, medio millón de dólares ocultos al fisco: el inventario del ajuste para abajo y de la opacidad para arriba. La Justicia dirá si hubo delito. La política ya dijo lo suyo al elegir proteger al funcionario antes que exigirle respuestas. Y el relato de la transparencia y la austeridad, sometido a la prueba de los hechos, suena cada vez más flojo.
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