La relación entre el gobierno bonaerense y Mercado Libre sumó un nuevo capítulo de tensión política, económica y regulatoria. La administración de Axel Kicillof abrió una actuación de oficio contra la principal plataforma de comercio electrónico y servicios financieros del país por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. Si la empresa no modifica los puntos cuestionados, podría enfrentar una multa de hasta 1.815 millones de pesos.
La decisión fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Augusto Costa, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores. La investigación se concentró en los términos y condiciones que regulan el funcionamiento del denominado “ecosistema MELI”, incluyendo las operaciones de Mercado Pago y los servicios de préstamos personales y financiamiento para compras.
Según informó oficialmente la Provincia, el análisis detectó más de diez cláusulas que podrían vulnerar la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. El eje de la acusación es que varias de esas disposiciones generan un desequilibrio entre la empresa y los usuarios, otorgando ventajas excesivas a la plataforma en detrimento de quienes utilizan sus servicios.
La investigación bonaerense se apoya en las facultades previstas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y se desarrolla en un contexto de creciente debate sobre regulación de plataformas digitales y servicios financieros integrados.
Entre los aspectos observados aparecen mecanismos que permitirían modificaciones contractuales aceptadas de manera tácita, criterios poco precisos para la aplicación de tarifas, limitaciones de responsabilidad ante fallas técnicas, exenciones anticipadas frente a eventuales daños y la transferencia al usuario de responsabilidades derivadas de operaciones no autorizadas. También se cuestionan cláusulas vinculadas a débitos sobre cuentas de terceros y la fijación de jurisdicciones que podrían dificultar el acceso de los consumidores a instancias de reclamo.
La ofensiva regulatoria llega acompañada por un dato que preocupa a las autoridades bonaerenses: Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos recibidos por Defensa del Consumidor en la provincia. De acuerdo con cifras oficiales, durante los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 2.396 denuncias contra la compañía. Los reclamos abarcan desde problemas con devoluciones y operaciones desconocidas hasta dificultades vinculadas a estafas, bloqueos de cuentas y conflictos derivados del uso de las plataformas digitales.
Costa defendió la medida argumentando que el crecimiento de las plataformas digitales exige una mayor protección para los usuarios. “Las relaciones son desiguales y la parte más fuerte siempre tiene las de ganar”, sostuvo el ministro bonaerense al explicar la decisión oficial. También remarcó que la posición dominante que la empresa ocupa en distintos segmentos del mercado vuelve más relevante el control estatal sobre las condiciones de contratación.
La discusión excede el plano estrictamente jurídico. Mercado Libre se convirtió en uno de los actores económicos más influyentes de la Argentina, con una presencia creciente en comercio electrónico, logística, servicios financieros y crédito al consumo. Ese avance también multiplicó las controversias regulatorias. En los últimos años, distintos sectores del sistema financiero denunciaron prácticas presuntamente anticompetitivas vinculadas al funcionamiento de Mercado Pago y a la integración de servicios dentro de la plataforma.
Al mismo tiempo, en redes sociales y foros de usuarios se acumulan testimonios sobre dificultades para recuperar fondos ante operaciones fraudulentas, problemas con devoluciones y reclamos por fallas en los mecanismos de atención. Si bien estas experiencias no constituyen pruebas judiciales, reflejan un nivel de conflictividad creciente que aparece en línea con el volumen de denuncias registrado por los organismos de defensa del consumidor.
El enfrentamiento también tiene una dimensión política evidente. Marcos Galperin mantiene una relación de cercanía con el presidente Javier Milei y se ha convertido en uno de los empresarios más identificados con el rumbo económico del gobierno libertario. Del otro lado, Kicillof busca consolidar una agenda de regulación estatal sobre mercados considerados estratégicos y reforzar el papel de los organismos de control frente a grandes corporaciones.
No es la primera vez que ambos espacios chocan públicamente. En 2024 ya habían protagonizado un fuerte cruce a raíz de acusaciones sobre supuestos impuestos provinciales a las billeteras virtuales. Paralelamente, continúa abierta la disputa judicial por la construcción del nuevo centro logístico de Mercado Libre en La Matanza, una obra de aproximadamente 75 millones de dólares que fue objeto de controversias entre la empresa, el municipio y el Mercado Central.
Ahora la pulseada se traslada al terreno de los derechos de los consumidores. Mercado Libre dispone de cinco días hábiles para presentar un descargo formal o proponer modificaciones a las cláusulas observadas. La respuesta que adopte la compañía definirá si el conflicto deriva en una de las sanciones económicas más importantes aplicadas por la Provincia contra una empresa tecnológica o si abre una instancia de negociación para adecuar las condiciones contractuales.
Detrás de la disputa aparece una discusión más amplia que atraviesa a las economías digitales de todo el mundo: hasta dónde puede llegar el poder de las grandes plataformas sobre millones de usuarios y cuál debe ser el papel del Estado para equilibrar una relación que, por definición, suele estar marcada por fuertes asimetrías.
