El Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, organizado por el Ministerio de Trabajo provincial junto al Consejo Federal de Inversiones, convocó en Mar del Plata a sindicatos, empresarios, cooperativas y funcionarios de todo el país. El gobernador Axel Kicillof cerrará la jornada del viernes con un mensaje que ya excede lo laboral: es una propuesta de gobierno para 2027.
La escena tiene algo de deliberado. Mientras el gobierno nacional avanza en una reforma laboral que, según sus críticos, desmantela derechos conquistados en décadas, la provincia de Buenos Aires eligió Mar del Plata para reunir esta semana a las tres centrales obreras, a cámaras empresariales, a cooperativas y a funcionarios de trabajo de distintas provincias en torno a una pregunta que Walter Correa no duda en formular en voz alta: cómo salir de esto.
El Primer Congreso Bonaerense del Trabajo arrancó este jueves 28 de mayo a las 9.30 en el Hotel 13 de Julio y se extiende hasta el viernes, cuando el gobernador Axel Kicillof encabezará el acto de cierre previsto para las 16. La organización corre por cuenta del Ministerio de Trabajo bonaerense y del Consejo Federal de Inversiones —una figura institucional que subray el carácter federal que Correa quiere imprimir al encuentro— y el cronograma contempla más de veinte comisiones temáticas que funcionan en simultáneo.
El ministro lleva semanas construyendo el marco conceptual del congreso con declaraciones que no dejan margen para la ambigüedad. «La situación del empleo en la Provincia de Buenos Aires es mucho más preocupante que el contexto nacional. Estamos en un proceso de industricidio que se agudiza día a día», dijo hace unos días en radio Futurock. Antes, en distintas entrevistas, había ido más lejos: «Esto es mucho más feroz y veloz que en los ’90». La comparación no es accidental. Correa argumenta que la convertibilidad menemista al menos permitía al trabajador llegar a fin de mes; hoy, dice, ni eso.
Ese diagnóstico es el punto de partida del congreso, pero no su horizonte. La apuesta de la conducción provincial es producir un documento de conclusiones —con relatores en cada comisión— que pueda circular como herramienta política más allá de los límites del territorio bonaerense. «Queremos que sirva como una herramienta federal», explicó Correa, con la aclaración de que no pretende exportarlo «como una poción mágica» sino como una construcción colectiva que incluye voces de distintas provincias.
La agenda temática del encuentro refleja esa ambición. La primera jornada incluyó un panel inaugural sobre el diálogo social como herramienta estratégica, mesas sobre federalismo industrial, matriz productiva, soberanía en vías navegables, trabajo rural e innovación tecnológica, y la sesión inaugural del Consejo Bonaerense del Trabajo —un organismo integrado por representantes de los 135 municipios, cámaras empresarias y centrales obreras. El viernes continúa con debates sobre violencia laboral, formación e inclusión sociolaboral y, sobre el mediodía, la plenaria de la COPRETI, la comisión provincial para la erradicación del trabajo infantil.
Uno de los focos más observados es el proyecto de regulación del trabajo en plataformas digitales. Kicillof lo anunció en la apertura de sesiones legislativas y todavía no ingresó formalmente a la Legislatura bonaerense, pero el congreso funciona como espacio de prelanzamiento político. La posición del gobierno provincial es nítida: el modelo nacional, que excluye a repartidores y conductores de aplicaciones de la legislación laboral ordinaria, deja a cientos de miles de trabajadores sin cobertura. Buenos Aires quiere ser, según Correa, «la primera provincia en avanzar en un proyecto concreto» que reconozca la relación laboral entre las plataformas y quienes trabajan para ellas.
La crítica a la reforma laboral del gobierno nacional atraviesa todo el congreso como un hilo conductor. Correa ha descripto la iniciativa oficial como un retroceso de ochenta años —»cuando el mundo decide reducir horas, el gobierno de extrema derecha de Milei nos quiere llevar a un preperonismo»— y cuestionó que los convenios colectivos se presenten como piezas museísticas cuando en realidad fueron actualizando condiciones de trabajo, incorporación tecnológica y modalidades digitales a lo largo de décadas. También señaló que Buenos Aires participó de la Organización Internacional del Trabajo ante la ausencia del Estado nacional, y que lo que se discute globalmente apunta a reducir la jornada laboral, no a extenderla.
En la gobernación no ocultan que el congreso tiene una lectura política doble. Por un lado, consolida el respaldo sindical a Kicillof en un momento en que la tensión con el gobierno de Javier Milei se mantiene elevada y la disputa por el liderazgo opositor hacia 2027 empieza a ordenarse. Por el otro, el encuentro funciona como una vitrina programática: la provincia muestra que tiene capacidad de convocar a actores tan heterogéneos como la CGT, las dos CTA, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, ADIMRA, FEBA y representantes de la economía social, y que puede sentarlos a discutir un mismo documento.
Correa fue explícito sobre el horizonte electoral: «También tenemos que trabajar en construir una propuesta para que en 2027 gobierne un movimiento que tome a la salud como derecho y empiece a revertir este caos», dijo en declaraciones recientes. El congreso, en ese marco, no es solo un balance de daños. Es el intento de una provincia que se sabe en disputa permanente con el gobierno central de demostrar que tiene agenda propia —y que esa agenda puede volverse propuesta nacional.
Kicillof llega al cierre de las jornadas con ese peso encima. El gobernador, que viene de impulsar el Movimiento Derecho al Futuro y de lanzar nuevos frentes de ese espacio en las últimas semanas, tiene en Mar del Plata una oportunidad para articular la dimensión sindical de su construcción política con un mensaje más amplio. Lo que diga el viernes al mediodía en el Hotel 13 de Julio no será solo un discurso de clausura.
