Médicos, enfermeros y organizaciones sociales colmaron la Avenida de Mayo este miércoles bajo una consigna sin vuelta atrás: «La salud no puede esperar». El ajuste de Milei ya tiene muertos.
Desde las 13 del mediodía, el cruce de 9 de Julio y Moreno fue tomado por batas blancas, guardapolvos y carteles escritos a mano. La marcha partió del Ministerio de Salud de la Nación y avanzó por la Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. En simultáneo, se movilizaron Rosario, Córdoba, Santa Fe, Gualeguaychú y Jujuy. No fue un acto político de un partido. Fue el sistema de salud pública marchando sobre sus propias piernas.
El Foro por el Derecho a la Salud, que convocó la movilización junto a ATE, la CTA Autónoma y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lleva meses documentando lo que los números del Estado confirman: desde que Javier Milei asumió, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. El Presupuesto 2026 incorporó un tijeretazo adicional de 63.000 millones de pesos. Y los hospitales públicos operan con una ocupación del 90%.
La tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en veinte años. La mortalidad materna creció un 37% y alcanzó su nivel más alto desde 2010, fuera de la pandemia.
El Plan Remediar, que distribuía 79 medicamentos esenciales en centros de salud de todo el país, quedó reducido a tres productos. Más de 20 millones de personas perdieron ese acceso. Más de 742.000 abandonaron sus prepagas —expulsadas por aumentos de hasta 417%— y engrosaron las filas del sistema público, que las recibe sin recibir más recursos a cambio. El PAMI acumula deudas por encima de los 500.000 millones de pesos con prestadores, y jubilados que esperan turno no saben cuándo van a conseguirlo.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, lo dijo sin rodeos: «Es evidente que estas medidas las están tomando quienes no necesitan ni van a necesitar nunca del hospital público. Son las franjas sociales más vulnerables las que están siendo afectadas porque son ellas las verdaderas usuarias del sistema público de salud.» También reprochó la salida argentina de la Organización Mundial de la Salud, que el gobierno adoptó como parte de su política de alineamiento ideológico con sectores negacionistas internacionales.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aportó datos propios: la Provincia registra un 35% más de internaciones en hospitales públicos que el año anterior y las camas de terapia intensiva del Conurbano están al tope. Más de la mitad de quienes se internan tienen obra social pero no encuentran atención en el sector privado, que se fue vaciando junto con los bolsillos de la clase media. «La situación es muy grave y crítica», dijo Kreplak, sin eufemismos.
El gobierno nacional respondió con su propia narrativa. El ministerio de Mario Lugones sostuvo que el financiamiento de los programas «está garantizado» y que las compras son más eficientes que antes. Lanzó además una ofensiva contra la Provincia de Buenos Aires: señaló que acumula una deuda de más de 630.000 millones de pesos con los hospitales SAMIC y que 814 niños esperan prótesis del gobierno de Kicillof para poder operarse en el Garrahan. La disputa entre jurisdicciones es real, pero los manifestantes la ven como una cortina: el desfinanciamiento estructural tiene una solo responsable el gobierno nacional.
El calendario de vacunación desfinanciado ya produjo un brote de sarampión y aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis. El presupuesto nacional para salud mental fue de 48 millones de pesos anuales —una cifra que no alcanza para equipar un consultorio, mucho menos para sostener una política pública. El Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto de Medicina Tropical fueron desmantelados. El Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente fue eliminado.
La marcha del 20 de mayo no fue una protesta opositora. Fue el sistema de salud pública describiendo su propio estado de situación. Médicos que atienden más pacientes con menos insumos. Enfermeros con salarios que no alcanzan. Jubilados que no consiguen remedios. Bebés que mueren a una tasa que no crecía desde hace veinte años. El gobierno puede llamarlo eficiencia. El resto del país lo llama ajuste.
DATA POLITICA Y ECONOMICA
