Un Tesla Cybertruck en el garage del Congreso sacó a la luz la denuncia penal que investiga al diputado libertario jujeño por supuesto direccionamiento de fondos del PAMI hacia las clínicas de su familia.
DATA Política y Económica ·
La imagen circuló durante días: una Tesla Cybertruck importada desde Miami, valuada entre 250.000 y 355.000 dólares, estacionada sin patente en el garage del Congreso. Era de Manuel Quintar, diputado nacional por La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud. Su reacción fue postearlo en X: «A mi nombre, con la mía». Javier Milei lo respaldó: «Si se la ganó honestamente, que la disfrute». Esa simple pregunta —¿y cómo la ganó?— puso en circulación una denuncia penal que llevaba meses dormida en la Justicia Federal de Jujuy.
EL ESQUEMA DENUNCIADO
En octubre de 2025, el abogado Facundo Pérez Ernst se presentó ante la fiscalía federal a cargo de Federico Aníbal Zurueta con una denuncia por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y fraude a la administración pública. Los imputados son Quintar, su esposa Natalia Carolina Castillo Aurane, su prima Analía Quintar, el esposo de esta Roque Cecilio Pereyra —delegado de Migraciones—, el médico Pablo Perovic y el titular del PAMI Jujuy, Evaristo Bautista.
La hipótesis es la siguiente: al asumir el gobierno de Milei, Quintar habría conseguido la designación de Bautista al frente del PAMI provincial. El problema es que Bautista fue durante años contador y gerente de la Clínica Los Lapachos, el establecimiento más importante de la familia Quintar —que en los noventa se llamaba directamente Sanatorio Quintar. Con Bautista «del lado del Estado», según la denuncia, las clínicas del grupo habrían obtenido habilitaciones como prestadoras del organismo de jubilados con una velocidad y una falta de controles que resultan difíciles de explicar.
«La verificación administrativa de PAMI muestra un control irregular, omitiendo la filiación familiar y la vinculación funcional entre todos los intervinientes.» — Texto de la denuncia
La Clínica San Francisco SRL, propiedad de la esposa del legislador, fue habilitada como prestadora y comenzó a recibir transferencias mensuales que la denuncia estima en 26 a 28 millones de pesos. La Cooperativa de Profesionales de la Salud, reactivada en 2024 con la prima Analía Quintar como apoderada, fue habilitada el 30 de enero de 2025 tras un control que el abogado describe como «express e inusual»: la auditora del PAMI no hizo constar que Raquel Quintar —quien figuraba como administradora— pertenecía a la familia del diputado.
ANDIS Y LOS JUBILADOS COMO REHENES
La trama se extiende más allá del PAMI. A comienzos de 2025, beneficiarios de pensiones por discapacidad en Jujuy recibieron telegramas firmados por Diego Spagnuolo —entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hoy procesado por fraude al Estado y asociación ilícita— citándolos a revalidar sus prestaciones exclusivamente en la Clínica Los Lapachos. Quienes no concurrieran al establecimiento de la familia Quintar arriesgaban la continuidad de su pensión.
Empresarios del sector médico privado en la provincia señalan además que, mientras sus establecimientos enfrentaban topes estrictos para facturar estudios al PAMI, las prestaciones excedentes terminaban siendo redirigidas hacia Los Lapachos.
«DEJARON TODOS LOS DEDOS MARCADOS»
Pérez Ernst sostiene que para probar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública no hace falta demostrar enriquecimiento ilícito: alcanza con acreditar que el diputado —en ejercicio de un cargo público— tiene un negocio activo con el PAMI. «Ya estaría comprobado que existe ese negocio y que él es beneficiario final como accionista», afirmó. La denuncia está respaldada con documentación del Boletín Oficial de Jujuy y con las firmas de los propios imputados en las actas de habilitación. «Dejaron todos los dedos marcados», dice el abogado.
«El presidente de la Nación dice ‘si se la ganó honestamente, que la disfrute’. Entonces muchos se preguntaron si efectivamente se la ganó de forma honesta. Ahí es donde aparece mi denuncia.» — Facundo Pérez Ernst
La causa está en etapa de investigación previa a la formalización. Ya se ordenaron medidas de índole económica y patrimonial, incluido el levantamiento del secreto bancario y fiscal del legislador. Quintar niega todas las acusaciones y las atribuye a «operaciones de los radicales jujeños en connivencia con el kirchnerismo». Lo que la justicia federal deberá determinar es si detrás del cartel móvil hay también una caja sostenida con fondos de jubilados y personas con discapacidad.
