La advertencia fue realizada por la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE), durante una reunión mantenida con autoridades del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC). Allí, dirigentes cooperativos expusieron el delicado cuadro financiero que afecta a entidades que, en muchos pueblos, no solo prestan el servicio eléctrico sino que además sostienen funciones sociales, comunitarias y productivas fundamentales.
El presidente de FICE, Roberto Otero, sostuvo que buena parte del problema se originó con el congelamiento tarifario dispuesto a fines de 2019. Según explicó, durante años las cooperativas debieron enfrentar aumentos permanentes en costos operativos, salarios e insumos sin contar con actualizaciones tarifarias equivalentes.
“El ingreso dejó de alcanzar para cubrir los costos”, resumió el dirigente, quien explicó que muchas entidades debieron optar entre incumplir obligaciones laborales y tributarias o dejar de pagar la energía adquirida a CAMMESA.
El resultado fue una acumulación de pasivos que hoy condiciona seriamente la capacidad operativa del sistema cooperativo eléctrico bonaerense.
La situación no es nueva. Ya en 2023, federaciones cooperativas advertían que las distribuidoras eléctricas del interior se encontraban en una “situación límite”, producto de la inflación, el retraso tarifario y el incremento sostenido de los costos de prestación del servicio.
Sin embargo, durante el último año el escenario se agravó. El aumento del precio mayorista de la energía, sumado a la presión financiera derivada de las deudas acumuladas, profundizó el deterioro económico de las cooperativas. Algunas entidades incluso alertan sobre el riesgo concreto de desaparición.
En enero de este año, dirigentes de cooperativas nucleadas en APEBA señalaron que el nuevo esquema de refinanciación impulsado para regularizar deudas con CAMMESA podría convertirse en una carga imposible de afrontar.
Según datos difundidos entonces, la deuda total de distribuidoras y cooperativas eléctricas con CAMMESA superaba los 2,35 billones de pesos, en gran parte como consecuencia de la devaluación de diciembre de 2023 y de la demora en adecuar tarifas.
El problema no se limita a lo financiero. La falta de recursos impacta directamente en las inversiones en redes, mantenimiento y modernización del sistema eléctrico. Las cooperativas denuncian que durante años debieron postergar obras esenciales, lo que comienza a reflejarse en una caída de la calidad del servicio, especialmente en zonas rurales.
En el interior bonaerense, donde muchas cooperativas operan en áreas extensas y de baja densidad poblacional, el sostenimiento de la infraestructura requiere inversiones constantes. Sin ellas, aumentan los riesgos de fallas, interrupciones y deterioro del sistema.
Además, el conflicto reabre una discusión de fondo sobre el modelo energético argentino y el papel de las cooperativas como actores estratégicos del desarrollo territorial. A diferencia de las grandes empresas privadas, las cooperativas funcionan bajo esquemas de gestión comunitaria y reinversión local, convirtiéndose en motores económicos y sociales en numerosas localidades.
Durante el encuentro con autoridades provinciales también surgió otra preocupación: la falta de distribución de fondos provenientes del impuesto al capital cooperativo establecido por la Ley 23.427. Desde FICE sostienen que existirían recursos millonarios destinados a promoción cooperativa que no habrían sido ejecutados ni transferidos a las provincias.
A esto se suma la incertidumbre por el vencimiento previsto para 2027 del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, herramienta considerada clave para el sostenimiento del sector.
Mientras tanto, las cooperativas reclaman una salida estructural que combine recomposición tarifaria, financiamiento accesible y programas de inversión para evitar el colapso de un sistema que abastece a cientos de pueblos bonaerenses.
El trasfondo de la crisis expone además una tensión más amplia: cómo garantizar servicios públicos esenciales en un contexto de ajuste económico, caída del poder adquisitivo y creciente fragilidad financiera de las economías regionales.
En numerosas localidades del interior, el deterioro de las cooperativas eléctricas no representa únicamente un problema energético. También implica una amenaza para el entramado social y productivo construido durante décadas alrededor del cooperativismo como herramienta de integración comunitaria y desarrollo local.
