Una huelga general con quince días de duración, más de setenta bloqueos de carreteras, cuatro muertos confirmados, centenares de detenidos y una marcha multitudinaria que descendió desde El Alto hasta La Paz ponen a prueba la supervivencia del gobierno derechista que asumió en noviembre. Detrás del estallido: un paquete de privatizaciones, una inflación del 14% y la mano del FMI.
La Plaza Murillo amaneció blindada. Tres mil quinientos efectivos policiales y militares rodearon el Palacio de Gobierno el lunes 18 de mayo mientras miles de campesinos aimaras, mineros cooperativistas, maestros y trabajadores urbanos convergían sobre el centro de La Paz en lo que los propios organizadores denominaron la «Marcha por la Vida para Salvar Bolivia». La imagen resumía quince días de una huelga general que tiene a Bolivia paralizada y al presidente Rodrigo Paz Pereira al borde del precipicio político apenas seis meses después de haber asumido el cargo.
Las columnas de manifestantes llegaron desde el altiplano tras recorrer decenas de kilómetros. La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Campesinos de La Paz «Tupac Katari» —los históricos Ponchos Rojos— encabezaron la movilización, acompañados por docentes, transportistas y sectores indígenas de veintinueve provincias. El país registraba ese día más de setenta puntos de bloqueo, cincuenta de ellos en el departamento de La Paz.
Detonante estructural
Las movilizaciones no surgieron del vacío. Comenzaron el 1 de mayo con reclamos sectoriales y fueron escalando hasta convertirse en una huelga general por tiempo indeterminado que agrupa a sindicatos, campesinos, indígenas, maestros y transportistas. El detonante fue un paquete de diez leyes impulsado por el Ejecutivo que prevé la privatización de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y servicios básicos, además de reformas constitucionales que eliminarían el Estado plurinacional reconocido en 2009. El gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de financiamiento que incluiría el fin de los subsidios a combustibles, la devaluación cambiaria y la privatización de las empresas públicas —exactamente lo que Paz había prometido en campaña que no haría.
El fondo estructural es una economía en crisis. Bolivia enfrenta su peor momento en cuatro décadas: inflación interanual del 14% a abril, grave escasez de divisas, caída del consumo y una proyección del FMI que anticipa una contracción del 3,3% del PIB en 2026. La eliminación de los subsidios a los combustibles, una de las primeras medidas de Paz, encareció el costo de vida de los sectores más vulnerables y generó el primer gran malestar social. A eso se sumó la Ley 1720, que reclasifica la pequeña propiedad agrícola como mediana, exponiéndola a tributación y a la función económico-social —lo que equivale, para los pueblos del altiplano, a retrotraer décadas de conquistas territoriales.
Represión y criminalización
La respuesta del gobierno fue la fuerza. Un operativo con 3.500 agentes desplegados para levantar los cortes de ruta dejó, según distintas fuentes, al menos 47 detenidos y 5 heridos en una primera jornada, cifras que se fueron agravando en los días siguientes. Organizaciones campesinas denunciaron dos muertes en los municipios de Ingavi y El Alto; el cómputo oficial, que el gobierno niega, ascendió a cuatro fallecidos al 18 de mayo. Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para disolver las columnas que avanzaban hacia la plaza Murillo.
La represión fue acompañada por una ofensiva judicial. La fiscalía emitió el mismo 18 de mayo una orden de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB y uno de los rostros más visibles de la huelga, en el decimoquinto día de movilizaciones ininterrumpidas. «El poder responde con militarización y represión en lugar de escuchar al pueblo», respondió la central obrera desde sus redes. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó previamente la posibilidad de renuncia como «una ofensa al voto popular» y prometió que quienes «intenten destrozar la democracia se irán a la cárcel».
El presidente Paz recurrió además a la narrativa del complot. Describió la rebelión popular como una «conspiración» alentada por el sector del ex mandatario Evo Morales y vinculada al narcotráfico y la minería ilegal. Su portavoz insistió en que el operativo represivo fue un «operativo humanitario». Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban otra cosa: gases, corridas y heridos en las calles de El Alto.
El país sitiado
El cerco al corazón del país fue eficaz. Cinco mil camiones de alto tonelaje quedaron varados en rutas entre La Paz, Cochabamba y Oruro, con combustible, animales vivos y soja destinada a exportación. La Cámara Departamental de Transporte estimó pérdidas diarias superiores a los 720.000 dólares; el sector turístico contabilizó 150 millones de bolivianos dejados de percibir desde el inicio de las medidas. En hospitales de La Paz y El Alto comenzó a faltar oxígeno medicinal. El gobierno respondió con un puente aéreo de carne y pollo desde Santa Cruz y, para abastecer de gases lacrimógenos a sus fuerzas de seguridad, fletó un avión Hércules —el mismo tipo de aeronave que la Argentina de Milei ofreció para transportar alimentos al gobierno asediado.
El factor internacional
La dimensión continental de la crisis se hizo visible rápidamente. Ocho gobiernos de América Latina —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— suscribieron una declaración conjunta de respaldo a Rodrigo Paz, llamando a preservar «el orden democrático». Washington fue más explícito: la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado acusó a sectores afines a Evo Morales de ejecutar «acciones destinadas a desestabilizar» al gobierno boliviano y describió la situación como una «crisis humanitaria» causada por los bloqueos.
Sin embargo, el respaldo regional al gobierno de Paz encontró un ruido incómodo. Audios filtrados en el marco del llamado «HondurasGate» sugirieron que el presidente argentino Javier Milei habría prometido fondos para desestabilizar gobiernos de izquierda en América Latina. El hecho colocó bajo la lupa la «solidaridad democrática» de Buenos Aires, que firmó la declaración conjunta el mismo día en que esos audios se difundían. El presidente colombiano Gustavo Petro tomó la posición opuesta: calificó el conflicto como una «insurrección popular» y ofreció su mediación.
La figura de Evo y la crisis propia del evismo
La situación de Evo Morales añade una capa de complejidad al análisis. El ex presidente gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y permanece refugiado en el Chapare, zona cocalera del Trópico de Cochabamba, desde donde alienta las movilizaciones y denuncia persecución política. Sobre él pesa una orden de captura asociada a un proceso por trata agravada de personas, vinculado a una relación con una menor de edad durante su gestión. Morales rechaza los cargos y los encuadra como parte de una «guerra jurídica» destinada a eliminarlo de la escena electoral.
Analistas políticos bolivianos como Rafael Archondo y Ricardo Calla Ortega advierten, sin embargo, que reducir el conflicto a una operación del evismo sería un error de lectura. La COB presentó un pliego con 211 demandas en marzo —desde un aumento salarial del 20% hasta el rechazo a las diez leyes de «reactivación económica»— antes de que las movilizaciones adquirieran un carácter político unificado. Los bloqueos en el altiplano involucran estructuras sindicales que actúan con autonomía del ex presidente, aunque sus bases comparten la misma raíz: el rechazo al ajuste estructural que el gobierno intenta implementar bajo la tutela del FMI.
Un ciclo que se repite
Bolivia tiene una larga memoria de rebeliones populares que tumbaron gobiernos. La Guerra del Agua de 2000, la Guerra del Gas de 2003 y las jornadas que en 2005 llevaron a la renuncia de Carlos Mesa son jalones de una tradición de movilización que combina organización sindical, identidad indígena y rechazo al saqueo de los recursos naturales. El ciclo progresista que Evo Morales encabezó entre 2006 y 2019 se sostuvo sobre esa base histórica y la expandió mediante redistribución de la renta de los hidrocarburos. El gobierno de Paz llegó al poder prometiendo corrección económica sin ajuste social; seis meses después, la ecuación no cierra.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reclamó que cualquier intervención estatal respete los principios de legalidad y proporcionalidad, y renovó el llamado al diálogo. El gobierno abrió mesas de negociación, pero varios sectores las rechazaron. En un gesto de concesión, Paz abrogó la Ley 1720 el 13 de mayo; sin embargo, las demandas de renuncia ya habían superado a las sectoriales. El conflicto tiene su propia inercia.
Al cierre de esta edición, la Plaza Murillo seguía blindada, la huelga general continuaba activa y la «Marcha por la Vida» aguardaba a metros del Palacio de Gobierno. Rodrigo Paz no había dado señales de renuncia. Bolivia, una vez más, define su destino en las calles.
