La cuarta Marcha Federal Universitaria congregó hasta un millón y medio de personas en todo el país. Un día antes, el Gobierno firmó un recorte de 2,5 billones de pesos. Las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% desde 2023. Los salarios docentes tocan su piso más bajo en 23 años. Y el sistema científico pierde investigadores a un ritmo que, advierten los especialistas, dejará huecos durante décadas.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
El lunes 11 de mayo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, con la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo. El documento formalizó un recorte de 2,5 billones de pesos —equivalentes a cerca de 1.760 millones de dólares y al 1,6% del Presupuesto 2026— destinado a sostener las metas de superávit comprometidas con el Fondo Monetario Internacional. Entre los rubros alcanzados: salud, niñez, obra pública, fuerzas de seguridad, infraestructura universitaria y el complejo de ciencia y técnica.
El timing no fue casual. Al día siguiente, por cuarta vez desde la asunción de Javier Milei, las calles del país volvieron a llenarse en defensa de la universidad pública.
Un millón y medio en la calle
El martes 12 de mayo, estudiantes, docentes, personal no docente y rectores marcharon bajo la consigna «Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional». En Buenos Aires, las columnas confluyeron desde distintos puntos —la UBA desde la Plaza Houssay, como siempre— hasta colmar la Plaza de Mayo. La UBA estimó 600.000 personas solo en la capital. Los organizadores contabilizaron un millón y medio en todo el país.
«Milei, cumplí la ley», decían los carteles. La consigna resume el eje del conflicto: el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo la vetó, el Congreso la insistió, y dos instancias judiciales ordenaron su aplicación inmediata. El Gobierno se niega a ejecutarla.
- «Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí.»Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, en declaraciones a Radio Mitre
Desde la Casa Rosada calificaron la movilización como «completamente política» y sostuvieron que el incumplimiento de la ley responde a la necesidad de «sostener el equilibrio fiscal». La comunidad académica respondió con datos.
Salarios por debajo de la indigencia
La paradoja más cruda está en los números salariales. En mayo de 2026, un profesor titular universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad cobra $593.355 brutos. La canasta básica alimentaria —la línea de indigencia— fue en marzo de $658.011. Un cargo docente de referencia no alcanza para no ser pobre. Para no ser indigente.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cruzó los salarios básicos de marzo de 2026 con las canastas de pobreza e indigencia y verificó que la gran mayoría de los cargos docentes universitarios queda por debajo de la línea de pobreza. Algunos, en el tramo inferior.
«Nadie reclama holgura en un contexto donde muchos sectores de la economía la están pasando muy mal, pero sí un salario digno para quienes forman a las futuras generaciones de profesionales», dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). «Hoy perciben un salario de miseria».
La ley que establece una recomposición del 44% y la actualización por inflación —aprobada por el Congreso, insistida luego del veto presidencial— es el instrumento que el Ejecutivo se niega a aplicar. El secretario de Educación, Alejandro Álvarez, la declaró «abstracta» y «derogada implícitamente» por el Presupuesto 2026. Los fallos judiciales le ordenan lo contrario.
«Las universidades muchas veces tuvimos dificultades, pero nunca estuvimos tan mal como ahora», sintetizó Bartolacci. «El escenario es extremadamente delicado.»
El vaciamiento de la ciencia: una deuda que se paga por décadas
Detrás del reclamo salarial hay una dimensión estructural que las marchas visibilizan pero que pocas veces se mide con precisión: la destrucción del sistema de producción de conocimiento científico.
El Grupo EPC, que dirige el investigador del CONICET-UBA Nicolás Lavagnino, registró a diciembre de 2025 una pérdida de 5.701 empleos en el sistema científico nacional —CONICET, CNEA, INTI, INTA, Servicio Meteorológico, Secretaría de Ciencia y Técnica y Nucleoeléctrica Argentina, entre otros—. La inversión pública en ciencia y tecnología se proyecta en 2026 en el 0,140% del PBI: el mínimo histórico desde que existen registros, en 1972.
En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo que posicionó a la Argentina en la vanguardia de la ciencia nuclear, más de 300 especialistas se fueron desde 2023. Ingenieros con formación de elite cobran $1,5 millones mensuales y emigran. La Decisión Administrativa 20/2026 incluyó además un recorte específico de casi $20.000 millones sobre la CNEA, con afectación directa a programas de medicina de alta complejidad y desarrollo nuclear.
La diputada nacional Adriana Serquis lo dijo sin rodeos ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja: «Estamos exportando personal formado. Hay una disminución del personal porque se van por los bajos salarios. Estamos exportando ingenieros, doctores, del INTI, del INTA, de la CNEA. Esta devastación va a tener consecuencias graves en los años venideros. Cada vez que pasa esto, veinte años después se mantienen huecos que se producen».
La advertencia tiene sustento histórico. La Argentina ya vivió episodios similares: la Noche de los Bastones Largos en 1966, el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, el desfinanciamiento menemista en los noventa. Cada uno de esos ciclos dejó vacíos en la planta científica que tardaron décadas en recuperarse. El programa Raíces, creado en 2003, tardó una década en repatriar investigadores con eficacia real.
«El sistema científico jamás pasó por semejante situación; ni los militares lo desfinanciaron tanto, ni fueron tan violentos como el actual gobierno», dijo a Letra P el vicedirector de un centro de investigación del CONICET-UNLP, cuyo plantel de becarios doctorales y posdoctorales pasó de entre 15 y 18 a solo cinco.
El mercado proveerá, dice Milei
Nada de esto sorprende a quienes siguieron la campaña de 2023. Milei fue explícito: el CONICET debía cerrarse o privatizarse; las universidades nacionales eran «nidos de corrupción de la casta»; la investigación científica quedaba en manos del sector privado, que —en su esquema— no desperdicia recursos en agujeros negros ni en otras «fantasías».
Ya como presidente, la primera señal llegó en el verano de 2024: un recorte brutal de las becas doctorales y posdoctorales del CONICET. Luego congeló el presupuesto universitario. Luego vetó la primera ley de financiamiento que aprobó el Congreso. Luego fue por la segunda.
La nueva Agencia Nacional de Ciencia e Innovación —que reemplazó al Ministerio de Ciencia y Técnica— habilitó este año su primer concurso de proyectos: 10 millones de dólares, exclusivamente para salud, agroindustria, energía y minería, y solo en asociación con empresas privadas. La anterior titular de la agencia, Alicia Caballero, renunció a los seis meses porque el ministro Caputo no le liberó los fondos internacionales del Banco Mundial, el BID y el BCIE.
La inversión en ciencia privada en Argentina ronda el 0,5% del PBI. Los países de la OCDE superan el 2%. Brasil supera el 1,2%. El mercado, por ahora, no está proveyendo.
La política universitaria y el mapa electoral
La marcha del 12 de mayo encontró al Gobierno en un momento políticamente sensible. El caso Adorni, la parálisis en distintas áreas de gestión y la profundización del ajuste tensionaron las semanas previas. La Plaza de Mayo repleta funcionó, según fuentes del sector universitario citadas por El Diario AR, como un recordatorio de que la calle puede condicionar la agenda oficial.
En el arco opositor, el peronismo encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Frente de Izquierda, la UCR, la CGT y la CTA acompañaron la movilización. Los carriles del conflicto universitario confluyen con los del malestar social más amplio, aunque los datos de aprobación presidencial muestran que el gobierno retiene una base electoral robusta.
El antecedente de la primera marcha histórica, en abril de 2024, es ilustrativo: aquella movilización masiva fue seguida de una liberación parcial de fondos para gastos corrientes, operación que el sector calificó de «bicoca» frente a la deuda acumulada. No desactivó el conflicto de fondo, apenas lo administró.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, lo formuló ante la agencia EFE con claridad: «La universidad pública es la principal herramienta de movilidad social que tiene nuestro país. Este Gobierno está vaciando la educación pública de calidad».
La motosierra, en cualquier caso, no detiene su filo. Y la cuenta pendiente con el sistema universitario y científico no se liquida con marchas, aunque estas sigan siendo el termómetro más preciso de una temperatura social que, por ahora, no baja.
