El jefe de Gabinete acumuló en dos años propiedades, refacciones y viajes por más de 800.000 dólares mientras cobraba un sueldo de 3,5 millones de pesos. La declaración del arquitecto que construyó su casa en el country Indio Cua desbarató la estrategia oficial para dar vuelta la página.
El lunes 4 de mayo, el arquitecto Matías Tabar se presentó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y declaró que Manuel Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por refaccionar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, Tabar dirigió obras que incluyeron pisos, paredes, instalación de una pileta con revestimiento, una cascada en el jardín, un quincho y cerramientos nuevos. Entregó documentación y cedió su teléfono celular para que sea peritado: había borrado mensajes con el funcionario, que los peritos intentarán recuperar.
La declaración fue un golpe directo para el gobierno. Pocas horas antes, Adorni había asegurado en conferencia de prensa que no pensaba renunciar e intentaba recalibrar su agenda. El testimonio del arquitecto lo devolvió, en minutos, al centro del escándalo.
Su respuesta llegó desde Casa Rosada: dijo que el monto declarado es «exagerado», que los costos le parecen inflados y que Tabar nunca le entregó factura. «Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero», transmitió a sus interlocutores. Y anticipó que podría denunciar penalmente al arquitecto. Es la misma lógica que el gobierno intentó desde el comienzo: convertir al testigo en el acusado. Hasta ahora, esa estrategia no le dio resultado.
Las sumas que no cierran.
Adorni asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 con un sueldo de alrededor de 3,2 millones de pesos mensuales. Su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción correspondiente al ciclo 2024 consignaba 42.500 dólares en efectivo y 6.220 en una cuenta en el exterior. Total declarado: 48.720 dólares.
Lo que la Justicia le anota en gastos durante ese período y el siguiente supera con creces esa cifra. La casa de Indio Cua se escrituró en noviembre de 2024 a nombre de su esposa Bettina Angeletti: 120.000 dólares, de los cuales 100.000 los financió con un préstamo de dos mujeres policías, al 11% anual, con el departamento de Parque Chacabuco como garantía. Más 5.000 dólares de ingreso al country y 13.000 de alquiler dentro del barrio privado mientras duraban las obras, según declaró el propio Tabar. Las refacciones: 245.000 dólares, en efectivo.
En noviembre de 2025 compró el departamento de Miró al 550, Caballito: 230.000 dólares, con 200.000 financiados a un año sin intereses por dos jubiladas cuyo intermediario era Pablo Feijoo, amigo de Adorni. Adelanto: 30.000 dólares en efectivo. Reformas: 65.000. Comisiones e impuestos vinculados a ambas operaciones: cerca de 30.000.
En viajes: casi 9.000 dólares en un vuelo privado a Punta del Este —origen de la primera causa judicial—; 5.150 por el pasaje de Angeletti desde Nueva York en el avión presidencial; 9,1 millones de pesos en el hotel Llao Llao de Bariloche; y unos 14.000 dólares por un viaje a Aruba en diciembre de 2024 con pasajes en primera clase pagados en efectivo. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino correcto.
El total de gastos y compromisos documentados supera los 800.000 dólares. Los 48.720 que declaró al cierre de 2024 no alcanzan ni para el primero de esos ítems.
La causa
El expediente tramita ante el juez federal Ariel Lijo. La denuncia original fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, quien señaló un crecimiento patrimonial del 500% en un solo período fiscal, con omisión de activos. El fiscal Pollicita requirió doce medidas de prueba y obtuvo el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal del matrimonio. Encargó además a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones —organismo de la Procuración General— un análisis pormenorizado de todos los movimientos del caso. La pregunta que ese informe debe responder es si el nivel de vida de Adorni es compatible con sus ingresos declarados. Por ahora, los números no cuadran.
La casa de Indio Cua no figuraba en la última declaración jurada pública. Adorni la incluyó en el apéndice reservado recién cuando la investigación estaba en marcha.
El discurso y la conducta
Adorni fue, durante meses, la cara pública de un gobierno que convirtió la austeridad en bandera. Fue él quien transmitió a la prensa las instrucciones de Milei para que los funcionarios fueran «razonables con las vacaciones». Lo dijo días antes de volar a Aruba en primera clase, con los pasajes pagados en efectivo. Esa contradicción entre el discurso y la conducta es lo que convirtió el caso en un problema político de primera línea, más allá de su dimensión judicial.
Dentro del propio oficialismo, el impacto fue visible. «Lo va a tener que explicar», dijo una fuente que hasta ese día lo respaldaba. Otros eligieron el silencio.
La estrategia de cerrar el capítulo chocó el lunes con la declaración de un arquitecto que recordó, ante un fiscal federal, cuánto cobró y de qué forma le pagaron, 245.000 dólares. En efectivo. Sin factura.
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