El gobierno envió al Congreso un proyecto que, bajo el argumento del fraude en las pensiones, elimina el Nomenclador nacional, obliga a más de un millón de beneficiarios a reempadronarse y desmantela los pisos mínimos de prestaciones. El sector convocó a un paro y una marcha este miércoles al Ministerio de Salud.
Mientras el gobierno de Javier Milei acumula incumplimientos sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad —aprobada por el Congreso, vetada, rechazado el veto y aun así ignorada por el Ejecutivo—, el oficialismo lanzó esta semana una nueva ofensiva legislativa que el sector define como la mayor arremetida contra el sistema desde que La Libertad Avanza llegó al poder. El proyecto, firmado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni e ingresado al Senado el sábado 19 de abril, se llama “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. El nombre es, para las organizaciones, un diagnóstico en sí mismo: acusa antes de demostrar.
La respuesta fue inmediata. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese total de actividades y a una movilización para este miércoles 22 de abril a las 11 frente al Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. La protesta se produce en un contexto ya deteriorado: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas con prestadores, tratamientos interrumpidos y una causa judicial en curso que investiga presuntas coimas dentro de la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con menciones explícitas a Karina Milei.
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‘Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad.’ — Alex Goldman, CAIDIS |
El Nomenclador, en el centro de la disputa
El punto que más alarma al colectivo no es el reempadronamiento —aunque también— sino la eliminación del Nomenclador nacional. Esta herramienta establece los valores de referencia mínimos para las prestaciones que brindan instituciones y asociaciones en todo el país: terapias, traslados, centros de día, educación terapéutica, acompañantes. Su desaparición equivale, para los especialistas del sector, a desmantelar el único mecanismo que garantiza equidad territorial en el acceso.
‘Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador. Es lo que establece el valor de las prestaciones. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social’, advirtió Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), en diálogo con Urbana Play. La consecuencia, según el dirigente, es previsible: ‘ciudadanos de primera y de segunda en un colectivo ya de por sí vulnerado’.
No es la primera vez que el oficialismo intenta este movimiento. En mayo de 2024 ya circuló un borrador de decreto con idéntico objetivo. La movilización de ese momento frenó el avance. Ahora, la misma política regresa envuelta en forma de proyecto de ley —con mayor peso institucional y más difícil de bloquear por decreto judicial.
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‘El Nomenclador de alguna manera emparda la desigualdad, compensa. Desregularlo es un término edulcorado para vender ajuste.’ — Julia Domínguez, psicopedagoga |
¿Qué propone la iniciativa?
El texto ingresado al Senado modifica tres normas clave: la Ley 13.478 de pensiones no contributivas, la Ley 24.901 del Sistema de Prestaciones Básicas, y la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad —derogando específicamente sus artículos 5, 8, 9, 14 y 20—. En términos concretos, el proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, con suspensión automática y eventual baja del beneficio para quienes no completen el trámite en los plazos fijados. Cabe recordar que ya hubo un primer reempadronamiento forzoso durante la gestión de la ANDIS, bajo la misma justificación.
Además, el proyecto fija el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio —equivalente a $275.221 mensuales—, un valor que, según cálculos del sector, se ubica por debajo de la línea de pobreza y cercano a la indigencia individual. Elimina la compatibilidad entre pensión y empleo formal —una herramienta que muchos especialistas consideran clave para la autonomía de las personas con discapacidad— y autoriza convenios entre Nación, provincias y CABA para la distribución de fondos, en reemplazo del Nomenclador uniforme.
El argumento oficial es la ‘explosión’ del padrón de beneficiarios: el proyecto señala que las pensiones por invalidez pasaron de 76.000 en 2003 a 1.200.000 en 2023, lo que genera, según el texto, ‘una inevitable sospecha’. La frase ilustra la lógica del proyecto: ante el crecimiento del sistema, la respuesta no es investigar casos concretos sino convertir a todo el colectivo en sospechoso. Desde el sector rechazan esa lectura y señalan que la ampliación respondió a décadas de exclusión histórica y a la mayor cobertura territorial del CUD (Certificado Único de Discapacidad).
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LOS NÚMEROS DEL CONFLICTO |
| 1.200.000 beneficiarios de pensiones por invalidez deben reempadronarse |
| $275.221 mensuales fijados por el proyecto (70% del haber mínimo jubilatorio) |
| Línea de pobreza individual estimada: $464.228 (mayo 2026) |
| Artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad: derogados |
| 3,40%: actualización de aranceles dispuesta por el Gobierno para abril 2026 |
| Inflación acumulada 2024-2025: muy por encima de las actualizaciones al sector
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Una ley ignorada, un veto rechazado y ahora un proyecto nuevo
La secuencia institucional es significativa. La Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 fue aprobada por el Congreso en julio de 2025. Milei la vetó en agosto. El Congreso rechazó ese veto en septiembre, restituyendo la norma. El Ejecutivo la reglamentó parcialmente —y solo después de que la Justicia lo intimara a hacerlo—, pero nunca la aplicó en su integridad. Ahora, en lugar de cumplirla, el gobierno envía un proyecto para reemplazarla.
‘Esta iniciativa modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema’, señaló el Foro Permanente Discapacidad en un comunicado. La oposición coincide en el diagnóstico. ‘En realidad van por un nuevo ajuste: recortar derechos y sacarle a quienes más necesitan para sostener su modelo’, escribió la diputada peronista Victoria Tolosa Paz en redes sociales.
La estrategia de ingresar el proyecto por el Senado —donde La Libertad Avanza se siente más cómoda que en Diputados— también es leída como un cálculo político deliberado. El conflicto promete extenderse en las próximas semanas, con un Congreso que deberá definir si convalida o rechaza una iniciativa que, en los hechos, revertiría lo que ya decidió dos veces en menos de un año.
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‘Los riesgos que enfrentamos no son abstractos. Implican la interrupción de tratamientos, la pérdida de ingresos esenciales y la dependencia de circuitos burocráticos que deshumanizan.’ — Guadalupe Bargiela, FAICA |
El escándalo ANDIS: la corrupción que el Gobierno no menciona
El proyecto oficial habla de fraude, pero elude mencionar el caso de corrupción más documentado del sector bajo esta gestión. En agosto de 2025, el entonces director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue desplazado tras la filtración de audios en los que se describía un esquema de retornos en la compra de medicamentos, con menciones explícitas a Karina Milei y a Eduardo ‘Lule’ Menem. El organismo fue disuelto poco después.
El fiscal Franco Picardi, en un dictamen de 276 páginas, sostuvo que en la ANDIS funcionó ‘una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad’. Según los audios atribuidos a Spagnuolo, el 3% de las operaciones con droguerías iba destinado a Karina Milei. La causa tramita ante el juez federal Sebastián Casanello. El proyecto enviado al Congreso no hace mención alguna a estos hechos.
Una marcha que ya sabe lo que viene
La movilización de este miércoles suma otra dimensión a una crisis que el colectivo arrastra desde hace más de dos años. Además del proyecto de ley, el sector convive con pagos irregulares a instituciones, atraso arancelario crónico, escasez de profesionales que abandonan las prestaciones ante la caída del poder adquisitivo de los aranceles y familias que deben anticipar de su bolsillo costos que el sistema debería cubrir.
‘Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos’, expresó el Foro Permanente. Jonathan Yeferley, conocido en el sector como ‘Jony de la Silla’, lo dijo con mayor contundencia: ‘Las personas con discapacidad, sin nuestros apoyos, la verdad es que no podemos vivir. Queremos que el Gobierno cumpla la ley y pague a todos los trabajadores que brindan servicios’. La frase resume, sin adornos, lo que se reclama frente al Ministerio de Salud: no más derechos reconocidos sobre el papel que nadie cumple en la práctica.
Gabriela Bruno, de Vida con Equidad y Dignidad, fue más directa aún al caracterizar el proyecto: ‘Nos ubican en un lugar de sospecha permanente, como si acceder a una pensión fuera en sí mismo un delito’. La pregunta que deja el texto oficial sin respuesta es la misma que el sector viene haciendo desde que asumió Milei: si hay fraude, ¿por qué la respuesta es castigar a todo el colectivo en lugar de investigar y sancionar los casos concretos?
