El gobernador bonaerense se reunió con la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina en un momento de creciente distancia entre el Episcopado y la Casa Rosada. La situación social, la inclusión de jóvenes y el legado de Francisco reaparecen como ejes de una disputa política que excede lo religioso.
Axel Kicillof volvió a mover una pieza política de alto voltaje simbólico. En medio de la tensión entre Javier Milei y la Iglesia católica, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se reunió con las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y puso sobre la mesa una agenda que combina preocupación social, inclusión juvenil y defensa de una presencia activa del Estado frente al deterioro económico.
El encuentro se realizó el martes 10 de marzo en la sede del Episcopado, en la ciudad de Buenos Aires. Según informó la propia Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, presidente del organismo, y el secretario general Raúl Pizarro recibieron a Kicillof, que asistió acompañado por el director provincial de Culto, Juan Torreiro. La CEA señaló que la reunión transcurrió “en un clima de diálogo respetuoso” y sirvió para intercambiar reflexiones sobre “diversas realidades sociales” y sobre los desafíos de la actual coyuntura económico-social.
Después del encuentro, Kicillof explicitó el sentido político de la visita. Sostuvo que conversó con Colombo y Pizarro sobre “la situación social del país” y sobre el trabajo solidario que la Iglesia despliega en la provincia. También remarcó una coincidencia de fondo: la preocupación por los discursos que promueven el individualismo y la necesidad de profundizar políticas de inclusión para jóvenes y adolescentes, en línea con el legado de justicia social del papa Francisco.
La escena no pasó inadvertida porque ocurre en un contexto de relación fría entre el Gobierno nacional y la cúpula episcopal. Ese mismo martes por la mañana, los obispos también habían recibido al subsecretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, que se acercó a saludar a los participantes de la 202ª reunión de la Comisión Permanente. El gesto fue leído como un intento de distensión institucional, aunque sin señales concretas de un relanzamiento del vínculo político entre la Casa Rosada y el Episcopado.
La distancia no es sólo protocolar. En los últimos meses, distintos referentes eclesiásticos endurecieron sus advertencias sobre el impacto social del ajuste y reclamaron que el Estado no se retire de los barrios populares. A fines de febrero, desde el universo eclesial volvieron a cuestionar la paralización de obras en villas y asentamientos y remarcaron que la pobreza no puede reducirse a una sola variable de ingresos, porque también involucra acceso a servicios básicos, salud y condiciones de vida dignas.
Ese trasfondo ayuda a entender por qué la reunión con Kicillof adquiere densidad política. El gobernador viene construyendo un discurso abiertamente crítico del modelo de Milei, centrado en los efectos de la recesión, la caída del consumo y el deterioro del tejido social. El Episcopado, por su parte, evita asumir un alineamiento partidario, pero hace tiempo viene marcando reparos sobre el clima social, la exclusión y el avance de miradas punitivas como respuesta casi excluyente a los problemas de seguridad y marginalidad.
Uno de los puntos sensibles de esa discusión es la baja de la edad de imputabilidad. La propia Conferencia Episcopal informó que, en el marco de su actividad del 10 de marzo, también recibió a legisladores interesados en conocer su posición sobre proyectos vinculados a ese tema. Además, la Pastoral Social del Episcopado ya había fijado postura con el documento “Más oportunidades que penas”, donde plantea que reducir la edad penal no resuelve la raíz social del delito y reclama un abordaje integral con educación, acompañamiento comunitario y políticas públicas sostenidas.
En ese punto, la sintonía con la agenda de Kicillof es evidente. El mandatario bonaerense busca instalar que el problema de la inseguridad juvenil no puede pensarse por fuera de la desigualdad, la ruptura de trayectorias educativas y el vaciamiento de dispositivos de contención. La Iglesia, sin asumir una posición partidaria, viene señalando algo parecido: que sin comunidad, sin escuela, sin trabajo y sin Estado, el castigo llega siempre demasiado tarde.
También sobrevuela la figura de Francisco, que sigue funcionando como puente simbólico entre el gobernador y parte del mundo eclesial. La CEA confirmó que el próximo 21 de abril, a las 17, se celebrará en la Basílica de Luján una misa por el primer aniversario del fallecimiento del pontífice, presidida por Colombo y con presencia de obispos de todo el país. No es un dato menor: el legado del Papa argentino vuelve a ser invocado en un momento en que se discuten el sentido de la justicia social, el lugar del Estado y la respuesta frente a la fragmentación.
En paralelo, el Gobierno nacional intenta recomponer otro frente: el vínculo con el Vaticano. La Cancillería informó el 11 de febrero que Pablo Quirno entregó al papa León XIV una carta de invitación firmada por Milei para que visite la Argentina. Es un movimiento diplomático relevante, pero no alcanza por sí solo para cerrar la brecha abierta con buena parte de la jerarquía católica local, que observa con inquietud el impacto social del rumbo económico.
Por eso, la reunión de Kicillof con la conducción episcopal no puede leerse como una simple foto institucional. Es, sobre todo, una señal política. Mientras Milei profundiza un discurso de confrontación con sectores que cuestionan el costo social de su programa, el gobernador bonaerense busca mostrarse cerca de actores con fuerte inserción territorial y legitimidad en los sectores populares. En esa disputa, la Iglesia vuelve a aparecer como un interlocutor clave para hablar de pobreza, juventud, comunidad y futuro.
Para Kicillof, además, el movimiento encaja con otra necesidad: ampliar su base política y proyectarse como uno de los articuladores de una oposición que intenta reorganizarse frente al oficialismo libertario. La reunión con el Episcopado le permitió reforzar un mensaje: en una Argentina atravesada por el ajuste, la fragmentación y el malestar, la cuestión social sigue siendo el verdadero campo de batalla.
