La marcha central fue del Congreso a Plaza de Mayo y se replicó en varias provincias. Con la participación de organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas, la jornada combinó denuncia por el deterioro económico, rechazo a la reforma laboral y reclamos por el vaciamiento de políticas de género.
Las movilizaciones por el 8M volvieron a mostrar este 9 de marzo que el movimiento feminista conserva capacidad de organización, calle y agenda propia aun en un contexto político adverso. La convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires partió desde el Congreso hacia Plaza de Mayo y estuvo acompañada por protestas, actos y paros en distintos puntos del país. La jornada fue impulsada por Ni Una Menos y reunió a organizaciones feministas, movimientos sociales, partidos políticos y centrales sindicales como la CGT y las dos CTA.
La decisión de trasladar la marcha principal al lunes 9, un día después de la fecha formal del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, respondió a una lógica política y gremial: reforzar el impacto del paro en los lugares de trabajo, estudio y producción. Esa definición buscó darle a la protesta un perfil más ligado a la conflictividad social y laboral del presente, en un escenario marcado por la caída de ingresos, el avance de la reforma laboral y el ajuste sobre áreas sensibles del Estado.
La calle expresó esa combinación de demandas. Hubo consignas contra la violencia machista, contra la desigualdad salarial, contra la precarización laboral y también contra el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a mujeres y diversidades. No fue una movilización testimonial: fue una marcha atravesada por el deterioro material de la vida cotidiana y por la percepción, cada vez más extendida, de que el ajuste tiene un impacto especialmente severo sobre las mujeres trabajadoras.
Los datos que acompañan esos reclamos son contundentes. Según el relevamiento citado durante la jornada, en la Argentina se registra un femicidio cada 39 horas en lo que va del año. En paralelo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU expresó en febrero su preocupación por la reducción presupuestaria y operativa de mecanismos clave de protección, entre ellos el Programa Acompañar y la Línea 144, y reclamó al Estado argentino restituir financiamiento, personal y capacidad de respuesta.
En el plano económico, la desigualdad también sigue siendo estructural. Un informe difundido en el marco del 8M indicó que las mujeres concentran el 64,2% del universo de menores ingresos y que la desocupación femenina llegó al 7,4%, por encima de la masculina. El mismo relevamiento advirtió además que las mujeres destinan en promedio tres horas más por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, una carga que condiciona su inserción laboral, sus ingresos y sus posibilidades de autonomía.
A eso se suma otra dimensión menos visible pero decisiva: el incumplimiento de la cuota alimentaria. UNICEF informó que el 56% de las madres no recibe ese aporte cuando el padre no convive en el hogar, y que la cifra asciende al 68% si se incluye a quienes lo perciben de forma irregular. En términos concretos, eso implica que una parte sustancial del sostenimiento económico de niñas, niños y adolescentes recae casi en exclusividad sobre mujeres, agravando la feminización de la pobreza.
El contexto político potenció el tono opositor de la jornada. En distintos documentos, actos y columnas de la marcha aparecieron críticas directas al gobierno de Javier Milei por el ajuste, por la orientación regresiva de sus políticas y por el vaciamiento de programas vinculados a la igualdad de género. En las semanas previas, además, organismos internacionales y organizaciones sociales ya habían advertido sobre el retroceso institucional en esta materia. La propia CEDAW señaló su preocupación por los recortes en prevención de la violencia, acceso a la justicia y servicios especializados.
También hubo un dato político que no pasó inadvertido: a diferencia de otras protestas masivas recientes, el Gobierno evitó una confrontación pública con la movilización y desplegó un operativo de seguridad más acotado, sin aplicación visible del protocolo antipiquetes. Esa decisión reveló, al menos por un día, un cambio táctico frente a una protesta con alta legitimidad social y fuerte capacidad de interpelación pública.
En medio de la jornada, un grupo de manifestantes se acercó además al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en Constitución, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Desde el balcón, saludó a quienes se habían congregado allí antes de que la movilización siguiera su curso hacia el centro porteño. El episodio añadió una postal política a una marcha que ya de por sí estuvo atravesada por el clima general de polarización y por el reordenamiento de las oposiciones sociales al oficialismo.
El 8M de 2026 dejó así una señal doble. Por un lado, confirmó que el feminismo sigue siendo una de las expresiones más activas del conflicto social argentino. Por otro, mostró que sus demandas ya no se limitan a la agenda histórica de violencia y derechos, sino que se articulan cada vez más con los efectos concretos del ajuste, la crisis de ingresos y la ofensiva sobre el mundo del trabajo. En esa intersección entre género, economía y política se jugó el sentido más profundo de la jornada: no sólo una conmemoración, sino un posicionamiento fuerte frente a las políticas retrogradas del gobierno de Javier Milei.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
