La Corte Suprema dejó sin efecto el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño y ordenó que la Cámara de Casación dicte un nuevo fallo. La investigación apunta a la compra, en 2011, de un departamento en Brickell por más de US$ 402.000, canalizada a través de una sociedad creada en Florida semanas antes de la operación.
La Corte Suprema de Justicia reactivó una causa sensible para el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, al revocar el cierre del expediente por presunto lavado de activos vinculado a la compra de un inmueble en Miami. Con una mayoría integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces, el máximo tribunal consideró que la resolución previa no respondió de modo suficiente a los planteos del Ministerio Público Fiscal y devolvió el caso a la Cámara Federal de Casación Penal para que dicte un nuevo pronunciamiento.
El punto central del fallo no es una condena —ni un dictamen sobre culpabilidad— sino una crítica a la forma en que se cerró la investigación: la Corte entendió que hubo argumentos relevantes “soslayados” y que, en ese marco, corresponde revisar la fundamentación del sobreseimiento.
La operación bajo la lupa: un departamento, una LLC y dos préstamos
Según el expediente, la compra del departamento se hizo en 2011 por US$ 402.963,62 en el edificio Icon (Brickell Avenue) y se instrumentó a través de ICON UNIT 1704 LLC, una sociedad constituida en Florida un mes antes de la adquisición.
El origen de los fondos declarados se apoyó en dos préstamos: uno otorgado por el BAC Florida Bank por US$ 219.000, y otro por US$ 184.000 proveniente de una sociedad uruguaya, Fawsley S.A..
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Qué resolvió la Corte: anuló el cierre del expediente y ordenó a Casación dictar un nuevo fallo.
En instancias anteriores, la jueza Sandra Arroyo Salgado (San Isidro) había sobreseído a Macri al considerar acreditada la existencia de esos préstamos y su documentación, criterio que luego fue ratificado por tribunales superiores.
¿Qué observó la fiscalía y por qué la Corte ordena revisar el fallo?
El impulso para llegar a la Corte lo encabezó el fiscal ante Casación, Mario Villar, quien cuestionó que el caso no se hubiera investigado “en profundidad” y puso el foco, particularmente, en el préstamo de la firma uruguaya: sostuvo que podía tratarse de una maniobra simulada y que no estaba suficientemente acreditada su cancelación, además de mencionar una cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.
La Corte recogió ese planteo en un punto clave: aun cuando el tribunal no suele revisar hechos y pruebas en recursos extraordinarios, sí puede intervenir cuando advierte arbitrariedad o falta de fundamentación suficiente en una sentencia. Con ese criterio, anuló el rechazo previo y ordenó que Casación dicte un fallo nuevo, esta vez contestando de manera explícita los argumentos del fiscal.
El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia: consideró que el recurso fiscal no tenía fundamentación autónoma suficiente y remarcó que tres instancias habían evaluado la prueba, incluyendo documentación y pericias, además de señalar que los fondos habrían sido declarados ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal (Ley 27.260).
¿Qué puede pasar ahora?
Con el sobreseimiento “caído” por el momento, el expediente vuelve a la Cámara de Casación, que deberá emitir un nuevo pronunciamiento. En términos prácticos, la decisión abre una ventana para que se revisen los puntos cuestionados por la fiscalía y, eventualmente, se habiliten medidas de prueba adicionales si el tribunal lo considera pertinente.
Desde el entorno de Macri, según reconstrucciones periodísticas, sostienen que la documentación ya incorporada descarta delito y que, aun con mayor profundización, el resultado será el mismo.
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Qué se investiga: presunto lavado vinculado a la compra de un inmueble en Miami (2011).
Otras denuncias y cuestionamientos que rodean a la gestión porteña
La reactivación de la causa judicial convive con un clima político en el que diversas denuncias y observaciones apuntan a contrataciones y controles en el Gobierno de la Ciudad. Varias de ellas están en etapa de denuncia pública o debate institucional y no implican, por sí mismas, sentencia o responsabilidad penal.
Uno de los episodios que derivó en una presentación penal fue la Maratón Buenos Aires: el deportista Martín Sharple denunció al jefe de Gobierno por supuestos delitos contra la administración pública y cuestionó que el GCBA aportara infraestructura y recursos para el evento sin licitación u otros mecanismos de contratación competitiva.
En la misma línea de discusión sobre adjudicaciones, una investigación periodística señaló contratos millonarios cerrados por el GCBA con una empresa vinculada a antecedentes de contratación en Vicente López, con el Boletín Oficial como fuente para rastrear montos y adjudicaciones.
A esas denuncias se suman informes y debates en torno a auditorías y procedimientos de control. En marzo de 2024, por ejemplo, el sitio Parlamentario reflejó un informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) que advertía falencias de control en tareas de mantenimiento de edificios de la Policía de la Ciudad, incluyendo problemas de respaldo documental y acceso a sistemas de registro.
En paralelo, la gestión también atravesó polémicas por licitaciones de alto impacto, como el proceso del acarreo, sobre el que hubo reportes periodísticos vinculados a pre adjudicaciones fallidas y el posterior giro del gobierno porteño en medio del conflicto.
Una causa que vuelve y un problema político que no se archiva
La decisión de la Corte no define el fondo del asunto, pero sí cambia el tablero: en un contexto donde la transparencia en las contrataciones y el control del gasto público son temas sensibles en la Ciudad, el regreso del expediente a Casación reintroduce a Jorge Macri en una discusión judicial que su defensa daba por cerrada.
El dato político es ineludible: cuando un sobreseimiento se cae por falta de respuesta a los cuestionamientos fiscales, el costo no es sólo jurídico. Es, también, reputacional. Y en un gobierno que suele construir discurso sobre orden y gestión, la sombra de corrupción —vuelve a abrir una pregunta incómoda: ¿Quién controla, cómo se controla y qué pasa cuando la justicia llega tarde?
