A horas de una sesión clave en el Senado, activistas de Greenpeace montaron una intervención en las escalinatas del Palacio Legislativo para rechazar los cambios que impulsa el Gobierno sobre la Ley 26.639. La Policía Federal desalojó la protesta y hubo al menos 12 detenidos; además, camarógrafos y cronistas denunciaron agresiones durante la cobertura.
La antesala del debate por la reforma de la Ley de Glaciares terminó este jueves 26 de febrero de 2026 en un clima de fuerte tensión frente al Congreso. Un grupo de activistas de Greenpeace desplegó una protesta simbólica: se sentaron sobre inodoros rotulados “Ley de Glaciares” y mostraron una bandera dirigida a los senadores con una consigna explícita: “Senadores, no se caguen en el agua”. Minutos después, la Policía Federal intervino, los desalojó y se registraron detenciones y denuncias de violencia contra trabajadores de prensa.
Según distintos reportes, fueron 12 los activistas detenidos tras saltar las rejas perimetrales e instalarse en las escalinatas. En paralelo, organizaciones y medios consignaron que al menos dos trabajadores de prensa resultaron heridos en el operativo, en un episodio que volvió a encender alarmas sobre la libertad de cobertura de protestas en la vía pública.
Greenpeace, por su parte, difundió imágenes y mensajes en redes en los que sostiene que la acción fue pacífica y que buscó advertir sobre el impacto de la reforma en la protección del agua.
¿Qué se vota hoy y por qué el “ambiente periglaciar” está en el centro del conflicto?
El trasfondo es legislativo y de alto voltaje. El Senado sesiona este jueves para tratar, entre otros temas, la modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010, que fija presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos.
La norma vigente restringe actividades que puedan afectar glaciares y ambiente periglacial, incluyendo exploración y explotación minera e hidrocarburífera, construcción de infraestructura e instalación de industrias en las zonas alcanzadas por la ley.
El proyecto del oficialismo apunta, precisamente, a redefinir el alcance de esa protección. En las coberturas previas al debate, se detalló que la iniciativa introduce criterios de “función hídrica relevante” y una diferenciación más fina sobre qué formaciones deben considerarse protegidas dentro del universo periglacial. Para los críticos, esa redefinición abriría la puerta a habilitaciones que hoy están vedadas; para el Gobierno y sectores promotores de inversiones, el objetivo es “ordenar” y acotar interpretaciones que, afirman, bloquean proyectos productivos.
En el plano institucional, el propio Senado registró durante el tratamiento en comisiones la participación de especialistas y organizaciones con posiciones encontradas. En diciembre, por ejemplo, se consignaron advertencias de referentes ambientales sobre el riesgo de “alterar el espíritu” de la norma y el debate sobre el esquema constitucional de presupuestos mínimos.
Detenciones y denuncias por violencia a periodistas
En la calle, la discusión se tradujo en imágenes duras. Medios nacionales y provinciales informaron sobre el desalojo y las detenciones, y también sobre episodios de agresión a cronistas y camarógrafos durante el operativo.
El episodio ocurre además en un contexto de creciente conflictividad alrededor de manifestaciones frente al Congreso, con antecedentes recientes de controversias por el accionar de fuerzas federales y por el tratamiento de la cobertura periodística en situaciones de represión.
La disputa de fondo: inversiones, provincias y reglas ambientales
Más allá del incidente puntual, el debate por la Ley de Glaciares quedó atado a una discusión mayor: cómo se compatibiliza la agenda de inversiones (en minería e hidrocarburos, especialmente) con el marco de protección ambiental en un país donde el agua dulce y las cuencas de montaña son un recurso estratégico.
En las últimas semanas, diferentes análisis periodísticos describieron la reforma como un punto de negociación fina con gobernadores y provincias con potencial minero, y como una pieza clave del esquema de “transformación productiva” que la Casa Rosada busca acelerar.
Del otro lado, organizaciones ambientales y parte de la comunidad científica vienen señalando que una flexibilización podría implicar un retroceso en estándares de protección y disparar conflictos judiciales. En esa línea, FARN volvió a posicionarse públicamente contra los cambios y llamó a los senadores a frenar la reforma.
Un dato no menor: la ley vigente se apoya en herramientas técnicas como el inventario y la producción de información científica, rol en el que participa el sistema científico (IANIGLA-CONICET). En comunicados institucionales recientes, el instituto recordó los objetivos de la Ley 26.639 y la centralidad de glaciares y ambiente periglacial como reservas hídricas estratégicas.
Lo que viene: una votación con costo político y social
La sesión de este jueves asoma como un test doble para el Gobierno: por un lado, la capacidad de ordenar votos en una Cámara donde las alianzas suelen ser inestables; por el otro, el costo político de avanzar con una reforma sensible mientras crecen las denuncias por represión y restricciones a la cobertura periodística.
En las próximas horas, el resultado de la votación y el modo en que el Ejecutivo procese el conflicto en la calle van a marcar el tono de una discusión que excede la letra fina de una ley. En el fondo, lo que se define es qué modelo de desarrollo se impulsa en la Argentina y con qué reglas: si las “divisas rápidas” de la minería y la energía se buscan a cualquier precio, o si el agua —en un país atravesado por cuencas de montaña y estrés hídrico creciente— sigue siendo el límite que ordena el mapa.
