El funcionario nacional fue abogado de Mateo Corvo Dolcet, principal acusado en una causa en la que se investigó el supuesto lavado de unos US$15 millones del colombiano Piedrahita. Ambos habrían sido presentados por la viuda de Escobar Gaviria.
El caso terminaría conectando al actual ministro de Justicia con la viuda del capo narco más emblemático de la historia de Latinoamérica, Pablo Escobar Gaviria, de acuerdo a los documentos y testimonios obtenidos por elDiarioAR. Este medio se comunicó con voceros del funcionario para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Tampoco en su estudio jurídico, ahora a cargo de sus hermanos.
Corvo Dolcet y Cúneo Libarona se conocieron trabajando en los tribunales de Talcahuano al 500. Ambos son hijos de reconocidos juristas. Corvo trabajaba en una de las dos secretarías del juzgado de Instrucción 18, a cargo del juez Remigio González Moreno. Cúneo era el secretario del juzgado de Instrucción 11, publicó Clarín.
Cúneo Libarona quedó señalado la semana última por la participación de su estudio jurídico en la defensa de acusados de narcotráfico, luego de que el periodista Carlos Pagni resaltara la conexión con el acusado de narcotráfico local Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. El funcionario dijo a la periodista Paz Rodríguez Niell (en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos) que en realidad su estudio jurídico defendió al hijo del capo narco, también acusado de tráfico ilegal de estupefacientes.
La investigación que une a Corvo Dolcet con los deudos de Pablo Escobar nació en septiembre de 2016, a partir de una comunicación cursada por el representante legal de la oficina local de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos. Entonces, el ministerio de Seguridad estaba a cargo de Patricia Bullrich, actual titular de la misma cartera.
La DEA alertó entonces sobre supuestas maniobras de lavado de activos provenientes de actividades de narcotráfico en Colombia. Se señalaba que el dinero ilegal provenía de carteles con influencias territoriales en las ciudades de Medellín, Cali y Sinaloa, de acuerdo al expediente judicial.
El dueño del dinero lavado supuestamente por Corvo Dolcet es un viejo acusado de narcotráfico en su país y Estados Unidos: el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos.
La información aportada por la DEA a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) originó una investigación preliminar y una causa judicial en los tribunales federales de Morón. El caso fue conocido como “la banda del Café de los Angelitos”.
La defensa actual de Corvo Dolcet, encabezada por el penalista José Manuel Ubeira, no sólo rechaza los cargos en su contra. Presentó además una denuncia contra las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri por espionaje ilegal. Sostiene que, bajo el mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el organismo espió sin autorización judicial al psiquiatra del abogado para obtener información sobre el acusado.
La viuda y el hijo
El vínculo con la familia de Pablo Escobar nació años antes. En el domicilio de Corvo Dolcet, las autoridades hallaron un documento fechado en 2011 en el que el acusado dejó asentado que María Isabel Santos y Sebastián Marroquín (esposa e hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria) eran quienes le habían presentado en 2008 a Piedrahita, servicio por el cual el imputado les abonó una suma de dinero: el 4,5% de la operación que el abogado realizaría con el colombiano. “A partir de esa presentación personal, Mateo Corvo Dolcet pasó a ser el representante de Piedrahita dentro del territorio argentino”, señalaron los fiscales en el expediente. En su primer procesamiento, la Justicia entendió que Corvo Dolcet era uno de los “testaferros” de Piedrahita.
El colombiano invirtió en importantes emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar: Country Urbano, Pilar Bicentenario (para el que obtuvo un préstamo de más de 60.000.000 del Banco Ciudad) e Ínsula Urbana, que involucraron unos US$15.000.000. El último consistía en 200.000 metros cuadrados de tierra en Pilar, frente a Panamericana, en los que Corvo Dolcet quería construir 357.000 metros cuadrados de usos mixtos (departamentos, comercios, universidades, etc.).
Los fondos del colombiano también se canalizaron a través de sociedades de servicios de bar/confitería y producción de espectáculos, que incluía la explotación del espacio gastronómico cultural “El Café de los Angelitos”, sobre avenida Rivadavia, en el barrio de Congreso, y el Hotel Faena, en Puerto Madero, donde montaban shows de tango. De ahí, el nombre otorgado por las autoridades a la supuesta banda integrada por los acusados.
Otro mecanismo, de acuerdo a la investigación de los fiscales, fue “lavar” el dinero de Piedrahita ingresando los fondos al país a través de plazos fijos, adquisición de moneda extranjera, compra de acciones de sociedades ya constituidas (y su posterior venta simulada), la estructuración de depósitos en efectivo y transferencias locales e internacionales.
Ganaderos colombianos
Cuando declaró en indagatoria, Corvo Dolcet dio otra versión. Dijo que conoció a Piedrahita en 2008, pero no mencionó a la viuda y el hijo de Escobar. El abogado declaró que lo conoció a principios de ese año en el Hotel Madero, cuando el colombiano vino con una delegación de ganaderos de su país a una exposición de inseminación artificial de ganado. Dijo que cuando consiguió el dato de que se encontraban en dicho hotel fue a buscarlos para lograr inversiones para su proyecto inmobiliario en Pilar.
Piedrahita le comentó que era dueño del principal frigorífico de Caucasia, en Colombia, y de campos ganaderos que proveían animales para la faena. También le dijo, según el abogado, que quería venir a vivir a la Argentina con su familia “por cuestiones de seguridad”, lo que hizo a mediados de 2008. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.
El principal emprendimiento de Corvo Delcet en Pilar tuvo ayuda del gobierno kirchnerista: en octubre de 2011 el abogado tomó una opción de compra y le propuso al Gobierno Nacional construir y donar la estación de tren Panamericana para así poder quedarse con el negocio inmobiliario que se generaría alrededor de la futura estación. En diciembre de 2012, obtuvo el sí del Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Corvo Dolcet ejerció la opción de compra del predio, por un valor de US$8.600.000 dólares a pagar. Pagó poco más de la mitad.
La viuda y el hijo de Escobar sí reconocieron haber presentado a Corvo Dolcet con Piedrahita pero sostuvieron que nunca fueron parte de una red de lavado del narco y que pensaron que Piedrahita era “un empresario ganadero, con buena reputación”, publicó Revista Gente.
Un acusado con suerte
En octubre de 2017, Corvo Dolcet quedó procesado junto a algunos de sus supuestos socios por lavado de activos del narcotráfico. En 2018, Cúneo Libarona logró que el acusado obtuviera la excarcelación con el pago de una fianza de apenas $10 millones, el uso de una tobillera electrónica y la entrega de su pasaporte.
El caso llegó al Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de San Martín, pero en diciembre de 2021 una de las defensas planteó que el juicio debía ser llevado adelante en Capital Federal, tratando de conducir el caso hacia los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
La Sala II de la Cámara de Casación Federal le dio la razón a la defensa y envió el expediente a los tribunales de Retiro. Allí cayó por sorteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2.
Un año más tarde, en diciembre de 2022, el TOF 2 porteño declaró la nulidad en el traslado de ciertas pruebas a las partes e interpretó que las defensas habían sido privadas de acceder a una declaración de Piedrahita Ceballos.
El caso volvió a foja cero. Quedó a cargo de la jueza María Servini, en Comodoro Py. El derrotero continuó. Actualmente, el expediente está en una nebulosa. El que sí avanzó es otro, iniciado por Corvo Dolcet contra las autoridades de la AFI de Macri.
Réplica
Corvo Dolcet decidió cambiar de defensa. En los tribunales sostienen que su abogado, Cúneo Libarona, estaba en una situación políticamente incómoda: buscaba mantener su buena relación con el macrismo, que tomó el caso como un expediente emblemático en la supuesta “lucha contra el narcotráfico” de la ministra Bullrich.
El abogado sostiene que es inocente y que el caso se habría “armado” porque su proyecto inmobiliario en Pilar “ponía en riesgo” el negocio de los peajes de la empresa Autopistas del Sol, todavía propiedad de la familia Macri en 2016.
Su proyecto incluía una estación ferroviaria en el kilómetro 46 de la Panamericana y un centro de transferencia para pasajeros con un edificio de 920 cocheras, explicó José Manuel Ubeira, su actual abogado, a elDiarioAR. Esto hubiese permitido que quienes viajan diariamente desde el norte del Gran Buenos Aires hacia la ciudad pudieran trasladarse en sus vehículos hasta el complejo, estacionarlos, tomar el tren rápido y ahorrarse la congestión de tránsito de las horas pico. Eso implica también, contó Ubeira, afectar el negocio de los peajes de la Panamericana, concesionados a Autopistas del Sol.
En abril de 2017 los Macri vendieron sus acciones en la concesionaria (el 17%). El septiembre, Corvo Dolcet quedó detenido. El proyecto quedó trunco.
El acusado, devenido acusador, también denunció a las autoridades de la AFI de Macri por supuestamente haber espiado ilegalmente a su terapeuta. En el expediente, además, la intervención de la AFI de 2020 informó a la Justicia que no había antecedentes ni informes sobre el origen de la causa en el organismo de inteligencia, publicó Tiempo Argentino.
Los fiscales del caso, sin embargo, sostienen que el expediente acumula “un vasto plexo probatorio que se nutre de múltiples evidencias informativas, documentales, testimoniales y materiales”. Intervinieron en la investigación o aportaron evidencias materiales o documentación la AFI, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), registros de la Dirección Nacional de Migraciones, informes de Unidad de Información Financiera (UIF), informes y registros de compañías prestatarias de servicios de telefonía, informes del Registro de la Propiedad Inmueble, de diversas entidades bancarias (como el HSBC y el Banco Itaú Argentina), comunicaciones de cooperación jurídica internacional provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, de una Corte del Estado de Florida, del mismo país (“United States District of Florida”) y de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Se realizaron peritajes producidos por la Gendarmería y la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación (DATIP).
En septiembre de 2019, una corte de Florida, Estados Unidos, condenó a 27 meses de cárcel a Piedrahita, acusado de sobornar a un funcionario federal de ese país para desestimar una causa de narcotráfico en su contra. El colombiano había admitido el delito, publicó Todo Noticias (TN).
Emilia Delfino
